El juzgado desestima la petición de Podemos de que la UCO investigue a la Fundación Guadalquivir

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la solicitud de Podemos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, en el marco del llamado caso de las mordidas, en el que la formación morada ejerce como acusación popular.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han precisado que el juzgado ha rechazado que se abran nuevas diligencias de investigación para que, con la implicación de la UCO y tal y como pretendía Podemos, se revise la contabilidad y todos los expedientes de ayudas y subvenciones públicas recibidas por dichas entidades.

Sin embargo, el juzgado, que ya dictó auto de procedimiento abreviado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones (de la Junta de Andalucía), de los que se acusa a los principales representantes de las entidades mencionadas, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho, y José Antonio González, ha descartado ampliar la investigación, acogiéndose así, según ha avanzado ABC Córdoba, a la solicitud de la Fiscalía, que considera que no es conveniente seguir con ella.

En concreto, Podemos, representada por el abogado Manuel Delgado, argumentó en su solicitud al juzgado, que ha investigado el presunto uso indebido de subvenciones públicas por dichos colectivos, que “conviene al interés de la investigación, por entender que se derivará más clara responsabilidad de los investigados”, que por parte de la UCO de la Guardia Civil “se realicen cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar” la “ausencia absoluta de contabilidad, parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos, como de gastos, desconocidos en el informe pericial”.

Podemos se refirió así a como el propio juzgado ordenó que se ampliase el informe pericial emitido el pasado febrero sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, y que detectó “falta de control” y “dejadez” en las cuentas de dichas entidades, entendiendo la acusación popular que la ampliación del informe emitida requería que se indagará aún en la contabilidad por la UCO de la Guardia Civil.

Ahora, al haber sido rechazada su solicitud de nuevas diligencias de investigación, Podemos deberá formular su escrito de acusación, que se sumará al de la Fiscalía y al de la acusación particular, que ejercen algunos ex trabajadores de las mencionadas entidades, que eran desempleados que fueron contratados con subvenciones finalistas de la Junta y que, supuestamente, fueron obligados a entregar parte de sus nóminas a dichos colectivos.

A la espera también de que formule su escrito la Junta de Andalucía, igualmente personada en este procedimiento, la Fiscalía ha pedido penas de nueve años y siete meses de prisión para cada uno de los tres procesados, por la presunta comisión de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones.

Por el primer delito pide para cada uno de los acusados tres años y siete meses de cárcel y multas de 5.400 euros, mientras que por cada delito de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas solicita penas de tres años de prisión y multas de 300.000 euros, con una sanción de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos.

La acusación particular, por su lado, considera que el delito de contra los derechos de los trabajadores debe tener una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los tres directivos de las entidades, mientras que por los segundos delitos solicita tres años y seis meses de prisión.

Igualmente, la acusación particular ha pedido, por el delito contra los derechos de los trabajadores, que se imponga a los procesados una multa de diez meses a razón de 30 euros al día, lo que suma 9.000 euros, y por cada uno de los delitos de fraude reclama una sanción del triple de la cantidad defraudada, que son miles de euros.

En este caso, la Junta de Andalucñia ya sancionó a la entidad con 46.000 euros, obligándola a devolver 300.000 euros y a estar cinco años sin recibir ayudas públicas, periodo que cumple en el año 2021. Ese régimen administrativo solo vincula a las solicitudes de la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que emitió la sanción.