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La Junta pide medidas contra los robos en el campo

Un guardia civil comprueba la aceituna robada en el maletero de un coche.

Manuel J. Albert

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La Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias han coincidido en la necesidad de elaborar un plan especial que contemple más personal y más medios contra los robos en el campo, y de endurecer la normativa contra las sustracciones de productos.

Así se ha puesto de relieve en la reunión que han mantenido el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, con el presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de Córdoba y de Andalucía de la UPA, Miguel Cobos; la secretaria general provincial de COAG, Carmen Quintero, y el gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Joaquín García. Este acuerdo se hará llegar al subdelegado del Gobierno.

Todos los presentes en la reunión han coincidido en valorar muy positivamente el trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y particularmente la Guardia Civil por estar presente en todos los territorios, si bien han señalado la necesidad de aumentar el número de efectivos y de medios con los que cuenta este Cuerpo.

Los representantes agrarios han agradecido a la Delegación de Agricultura su respaldo para realizar un análisis de la situación y para aumentar la seguridad en el campo.

El presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado “no solo el perjuicio, sino la desmoralización que los robos causan en los agricultores” y ha propuesto que la Guardia Civil pida a todo vehículo sospechoso la guía Conduce, que recoge el origen y destino de los productos.

El secretario de UPA, Miguel Cobos, ha señalado el esfuerzo que hacen los agricultores con guardería privada, y ha reclamado un plan especial de vigilancia y control contra los robos, “que, ha dicho, ponen en peligro a los agricultores”.

Por su parte, la secretaria de COAG, Carmen Quintero, ha reivindicado que el control y vigilancia se extienda a los centros de compra, para evitar que los productos robados puedan venderse.

Finalmente, el representante de las cooperativas, Joaquín García, ha criticado la escasa punidad de las medidas contra el robo de productos agrarios, y ha pedido una modificación del Código Penal para aumentar las sanciones.

Campaña de aceite

En la reunión también se ha analizado la marcha de la campaña olivarera. El delegado de Agricultura ha indicado que en este momento va con unas 3 ó 4 semanas de retraso. Se han recogido 608.000 toneladas de aceituna, que han producido 102.000 toneladas de aceite de oliva con un rendimiento del 17%. A fecha de finales de año habían salido 55.358 toneladas de aceite y permanecían en existencias otras 81.000 en la provincia.

Zurera afirma que las causas de los bajos rendimientos de este año están en las condiciones meteorológicas, porque las lluvias de primavera y otoño no fueron suficientes para paliar los efectos del invierno seco y de un verano muy caluroso y largo.

A pesar de ello, el delegado afirma que el precio del aceite de oliva no tiene por qué subir, y ha valorado el esfuerzo que el sector lleva realizando desde hace muchos años en la defensa del aceite de oliva, apostando por la calidad y la exportación.

Francisco Zurera ha finalizado su intervención defendiendo la necesidad de profesionalización de la agricultura y la ganadería, y ha puesto precisamente al sector del aceite de oliva como ejemplo de los buenos resultados de la profesionalización.

Respuesta del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha recordado por su parte que “las sustracciones en el campo descendieron durante el año 2016 un 13,6% respecto al ejercicio anterior”. Primo Jurado mantiene que “a día de hoy los robos en el campo cordobés se están erradicando en gran medida” y denuncia la actitud de la Junta de Andalucía “que solo busca alarmar a los agricultores y ganaderos buscando polémica donde no la hay”.

Según los datos del Ministerio del Interior, en la provincia de Córdoba se registraron un total de 686 sustracciones en el medio rural y agrícola a lo largo del pasado año, 108 menos que en 2015, “lo que apenas supone un 12% del total de infracciones penales registradas en Córdoba” insiste Primo Jurado. Por otro lado, la campaña de la aceituna arrojó una producción cercana a los 1.500 toneladas de aceituna de las que se sustrajeron un 0,6% y se pudo recuperar el 50%.

Primo Jurado insiste en que “con estos datos es innegable afirmar que el campo cordobés es seguro”, a lo que añade que “la mejora de la seguridad agrícola no consiste en que la Junta de Andalucía pida incremento de efectivos de la Guardia Civil buscando titulares en prensa, sino en que ponga en marcha de una vez un plan normativo para el transporte y la receptación de la aceituna como llevamos pidiéndole mucho tiempo”. Este plan ya existe en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha y Extremadura.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en que “el Gobierno de España se preocupa de una manera excepcional por la seguridad de nuestros agricultores” y añade que “prueba de ello, ha sido la creación de los Equipos Roca de la Guardia Civil, la puesta en marcha de efectivos aéreos que velan por la seguridad de las explotaciones y otras medidas encaminadas a agilizar el sistema de denuncias de las organizaciones agrarias”.

En esta línea además se han impulsado convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local colabore en la detección de venta de material robado y la creación de una comisión de trabajo mensual compuesta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones agrarias con el objetivo de analizar los resultados de estas medidas adoptadas.

Por último, el Gobierno se hizo eco de una vieja demanda de las organizaciones agrarias modificando el Código Penal para que los robos en el campo pudieran tener consideración de delitos, aunque su cuantía no supere los 400 euros.

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