La Junta pide un informe sobre la última ayuda a la Fundación Guadalquivir
“Una cosa es que la subvención esté concedida y otra que esté abonada”. La delegada provincial de Salud, María Ángeles Luna, ha informado que la Junta ha pedido un informe para ver si puede o no otorgar una subvención a la Fundación Guadalquivir. En concreto, el informe ha sido solicitado por el departamento autonómico de Políticas Sociales.
Justo cuatro días después de que el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, anunciase en el Parlamento de Andalucía que había sancionado a la Fundación Guadalquivirde Córdoba por el mal uso del dinero público, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la concesión de dos nuevas ayudas a esta entidad por un importe superior a los 27.000 euros. Es estas ayudas las que está investigando ahora la Junta y preguntando sobre si finalmente se han de pagar o no.
En concreto, la subvención pública se refiere a dos ayudas para el Apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria en Andalucía concedidas por la Delegación provincial de Salud. De hecho, en el BOJA aparece la firma, fechada el 21 de octubre (seis días después comparecía el consejero en el Parlamento), de la delegada provincial María de los Ángeles Luna. La ayuda corresponde a una orden de la Junta de mayo de este mismo año.
La Fundación Guadalquivir obtiene, según esta orden, dos subvenciones diferentes. Por un lado, percibe cerca de 20.000 euros para el proyecto denominado “abastecimiento de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social del distrito Sur” de Córdoba. Por otro lado, consigue otros 7.800 euros para una campaña de recogida de alimentos no perecederos a beneficio del Banco de Alimentos.
Hace dos semanas, el consejero de Empleo informó que la Junta había sancionado a la Fundación Guadalquivir con devolver más de 300.000 euros cobrados en subvenciones y a pagar una multa de más de 40.000 euros. Además, insistió en que la Fundación Guadalquivir -y otras dos organizaciones afines- no podría percibir dinero público durante los próximos cinco años. La sanción, eso sí, aún no es firme.
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