La Junta niega que bloquee Rabanales 21 y dice que su informe no es vinculante

Entrada a Rabanales 21 | MADERO CUBERO

La Junta de Andalucía ha negado a través de un comunicado que esté “bloqueando” el desarrollo de un proyecto comercial en el parque tecnológico de Rabanales 21 y ha asegurado que el informe que firmó la Consejería de Ordenación del Territorio “es preceptivo y no vinculante”. “No obstante cuando se aprecia un incumplimiento de la legalidad vigente, como es un uso expresamente prohibido por el propio PGOUm es obligación de la Junta ponerlo en conocimiento de las instancias superiores para su consideración”, señala el gobierno andaluz.

La Junta ha querido salir al paso de esta manera a las declaraciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, que acusó al gobierno andaluz de poner en riesgo todo el parque y más de 300 puestos de trabajo. “La Administración autonómica verifica las condiciones de las modificación y advierte para que el órgano que resuelve lo haga sin que se produzcan vulneraciones de la legislación urbanística aplicable. Todo lo indicado en el informe es subsanable y en ello se está trabajando con la Gerencia de Urbanismo que es la competente para impulsar y aprobar, en su caso, el instrumento urbanístico”, concluye el gobierno andaluz.

“El Partido Popular y el señor Bellido con sus declaraciones, a todas luces partidistas, lo único que puede conseguir es paralizar el proyecto como tenemos algún ejemplo en la ciudad. Si hay algún responsable de la situación en la que se encuentra el proyecto es el mismo Partido Popular que aprobó inicialmente la modificación con desprecio absoluto a la normativa e aplicación que no es otra que el propio PGOU de la ciudad que debería conocer perfectamente”, señala en un duro comunicado la delegación provincial de Ordenación del Territorio.

“La Junta de Andalucía no puede ignorar las advertencias de cumplimiento de la legalidad por motivos de oportunidad”, agrega. “El principal problema indicado en el informe radica en que el uso va contra el PGOU, y por tanto no se debe aprobar. Este extremo debió ponerse de manifiesto bajo el gobierno del Partido Popular, que fue quien inicio el expediente”, insiste el gobierno andaluz.

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