La Junta expropia en Córdoba otra casa pese al recurso del Gobierno

El alcalde de Castro, a la derecha.
La Consejería de Fomento inicia el expediente de un piso de 83 metros cuadrados en la calle Platero Pedro de Bares propiedad del Banco Popular

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado hoy la expropiación de un inmueble en Córdoba para evitar el desahucio de una familia, según informa el Gobierno andaluz a través de una nota de prensa. El interesado que ha solicitado acogerse a esta medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda es un matrimonio con un hijo de cuatro años. Los dos miembros de la pareja están desempleados y han agotado sus prestaciones. Teniendo en cuenta este expediente, la Consejería que dirige Elena Cortés ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como Decreto o como Ley) un total de 36 expropiaciones, dos de ellas ya culminadas en el Consejo de Gobierno. Las delegaciones territoriales ultiman más de un centenar de expedientes antes de su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La expropiación del uso de la vivienda, que ha sido publicada hoy en BOJA, evita el desalojo durante tres años. La vivienda, de 83,10 metros cuadrados, está en la calle Platero Pedro de Bares de Córdoba. La entidad financiera propietaria es el Banco Popular.

Este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso, en este caso Banca Cívica S.A, dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno. El proceso que se inicia ahora es plenamente garantista.

La expropiación iniciada hoy en Córdoba es la primera desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto. Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El TC tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma.

Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado que entiende del caso, el de 1ª instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. Idéntico procedimiento seguirá con los otros 33 expedientes publicados en BOJA que aún no ha culminado el Consejo de Gobierno.

Es una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como Decreto o como Ley, han sido desahuciadas.

En el momento en que el TC comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.

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