La Junta dice que a quien le toca ejecutar el plan Colecor es al Ayuntamiento

La consejera, esta mañana en La Carlota.
El Ayuntamiento insiste en que quiere consensuar con la Junta qué poner en el plan de la Carretera de Palma

“A quien le corresponde ejecutar la sentencia es al Ayuntamiento”. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha respondido así al Consistorio después del cruce de declaraciones sobre qué hacer con las naves de Colecor tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula dos puntos del plan especial de la Carretera de Palma del Río. El equipo de gobierno municipal, del PP, ha dejado la patata caliente en el tejado del gobierno andaluz. Esta misma mañana, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, ha insistido en que quiere consensuar con la Junta de Andalucía qué poner en el plan para que no se lo vuelvan a tumbar los tribunales.

La consejera, en una visita al municipio de La Carlota, ha asegurado, no obstante, que está abierta al consenso, pero dejando claro que es al Ayuntamiento al que le toca mover ficha. El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que sí, que la responsabilidad es suya, pero que quieren verse antes con la Junta para llegar a un acuerdo de qué poner y qué no poner. La consejera ha insistido en que está dispuesta a “escuchar” al Consistorio y ver sus propuestas, pero dejando claro que la competencia en urbanismo es de los ayuntamientos aunque la institución que vigila que las cosas se hagan bien es la Junta de Andalucía a través de la Consejería que dirige, Ordenación del Territorio.

La pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón a la Junta de Andalucía y tumbó el plan especial de la carretera de Palma del Río, que preveía la regularización del entorno de las naves de Colecor. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se declaran “nulos” dos artículos del plan especial de la carretera de Palma del Río, el 14 y el 20, “dada su inadecuación al orden jurídico”.

El alto tribunal andaluz ha anulado, de esta manera, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en el que votaron de forma unánime todas las formaciones el 11 de diciembre de 2012: PP, dos concejales de UCOR, IU y PSOE. En el proceso, impugnado por la Junta, se había personado para defender sus intereses el Ayuntamiento y Arenal 2000, propiedad del concejal Rafael Gómez Sandokán y la constructora que levantó de forma irregular 40.000 metros cuadrados de naves industriales en la antigua fábrica de Colecor.

El argumento esgrimido por el TSJA es el mismo que el defendido por la Junta de Andalucía y además se basa en la sentencia de 2008 del Tribunal Supremo que ya anuló el primer plan especial de la carretera de Palma del Río. En concreto, los artículos 14 y 20 del plan especial que se anulan se corresponden con los usos que se le pretendía dar a las naves en un futuro. En concreto, y los usos que según el TSJA van contra el ordenamiento jurídico, son los industriales y comerciales. El TSJA le da la razón a la Junta de Andalucía al argumentar que las naves se construyeron sobre una zona no urbanizable, que seguirá siéndolo y sobre la que no caben esos usos en unas dimensiones tan grandes como los de las naves de Colecor. Los usos permitidos para la zona son los rurales, insiste el TSJA.

EL AYUNTAMIENTO REITERA QUE SEGUIRÁ ADELANTEEl primer teniente de alcalde y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas, ha afirmado que “el gobierno municipal va a seguir adelante con el pliego de condiciones del Centro de Recepción de Visitantes”, teniendo en cuenta que los usos que contempla “son más exhaustivos” que el proyecto original que diseñó IU y PSOE, ya que no incluye entre otras cuestiones “un horario de bar flexible independientemente al horario de apertura del centro como planteaban”.A través de una nota de prensa, Navas ha manifestado que mientras el gobierno municipal se proponer “dar soluciones a los problemas de la ciudad, la Junta se empeña en poner problemas a esas soluciones”, y “no nos explicamos que a estas alturas” salga la máxima responsable de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, a criticar el pliego “cuando el proceso se ha iniciado y las condiciones del pliego se conocen desde hace un mes, por lo que es totalmente incoherente que venga ahora con estas afirmaciones”.“Por eso no entendemos qué quiere”, ha subrayado Navas, porque “solo creemos que esta actitud responde simplemente al objetivo de entorpecer las soluciones a los problemas de Córdoba o situarse en el mismo plano de confrontación que sus socios de IU y PSOE en el Ayuntamiento”.Además, Navas lamenta que “la Junta de Andalucía ponga problemas a un pliego ajustado a derecho y no lo hiciera cuando IU y PSOE, formando entonces el equipo de gobierno municipal, lo sacara a concurso 12 días antes de las elecciones municipales, contando, además, con una barra libre de bar y sin que ni siquiera se hubiera recepcionado el edificio”, por lo que el primer teniente de alcalde se pregunta “si eso era legal”.No obstante, ha afirmado que si la Junta de Andalucía “tiene tantas dudas, que recurra el pliego y pida el centro para para gestionarlo”, pero ha insistido en que lo único que pretende el gobierno municipal es “ponerlo en marcha lo antes posible, generar empleo y atender al turismo que llega a la ciudad”.

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