La Junta aprueba este martes la oferta extraordinaria de empleo con 37.115 puestos
El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar este martes el proyecto de decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público de carácter extraordinario, por el que se estabilizarán 37.115 empleos, así como se aprobará y ratificará el acuerdo alcanzado entre la Junta y los sindicatos para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las 37,5 horas semanales para los empleados públicos de la Junta.
Según el orden del día del Consejo de Gobierno consultado por Europa Press, la Junta prevé aprobar el proyecto de decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya se comprometió a que dicha oferta de empleo público extraordinaria con más de 30.000 plazas en Andalucía se aprobaría antes de final de año. El pasado viernes se celebró una Mesa General de Negociación Común del Empleado Público, donde se ha concretado y actualizado la cifra, más elevada de la inicialmente prevista, hasta 37.115 puestos.
Andalucía ya planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero la necesidad de estabilizar las plantillas y reducir la temporalidad a través de una convocatoria extraordinaria de empleo público.
Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta prevé aprobar el acuerdo de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 18 de diciembre sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta, que supone cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
De esta forma, se aprobará el acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Junta y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que permitirá cumplir con la sentencia del TC que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces, y establece un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas, teniendo en cuenta que dos horas y media semanales no serán de obligada permanencia en el puesto.
Ese acuerdo se alcanzó el pasado 18 de diciembre y fue puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno del día 19, que decidió remitirlo al Constitucional para “asegurarnos de que se cumple la sentencia”.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar el anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, así como el proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.
Asimismo el Consejo de Gobierno tomará conocimiento del informe del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, sobre aplicación de la bonificación de matrículas universitarias en Andalucía.
Acatamiento de sentencia
En relación con la jornada de las 37,5 horas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que con la medida que ha adoptado su Gobierno tras la resolución del Tribunal Constitucional se está “ejecutando y acatando” la sentencia.
Así, ha explicado en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press que lo que mañana aprobará el Consejo de Gobierno es la aplicación de la jornada laboral de las 37,5 horas, con “rigor, en el marco de la ley y de la autonomía que tiene la Junta para organizar sus servicios”.
Respecto a todo lo ocurrido con la jornada laboral de las 35 horas, la presidenta ha manifestado que lo que no puede ocurrir es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, venga a decir que Andalucía tiene autonomía para organizar sus servicios y, al día siguiente, se “ataca a los servicios públicos, a los empleados públicos y a la administración autonómica”.
Ha señalado que es necesario que los servicios públicos mejoren y, por ello, 8.000 personas han entrado a trabajar en la sanidad y educación andaluzas, gracias a la jornada laboral de las 35 horas.
Díaz ha lamentado que se persiga “manchar” la imagen de la administración andaluza y “atacar” a los empleados públicos en unos momentos en los que el mercado laboral tiene mucho trabajo precario y es fácil echar a confrontar a los trabajadores.
En este sentido, ha considerado “irresponsable” lo que ha hecho el PP-A, a lo largo del año y precisamente en estos días, cuando el Gobierno andaluz negocia con rigor con los sindicatos, acata la sentencia y mejora los servicios públicos con 8.000 empleados más.
Ha querido dejar claro que no va a permitir que se ataque a la sanidad y la educación pública andaluza y, al mismo tiempo, se pongan piedras en el camino para que no se mejoren estos servicios.
Susana Díaz ha denunciado en este sentido que el PP-A se ha dedicado a hacer una “campaña infame” contra la sanidad pública andaluza para que la privada gane negocio y también ha “atacado” a la educación pública con el mismo objetivo. Ha denunciado que cuando la Junta decide incorporar a 8.000 nuevos profesionales en la educación y sanidad, el PP pone “piedras en el camino” para que no se aplique la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales.
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