IU y Ganemos quieren que el Ayuntamiento asuma la Ley de Vivienda de la PAH

Los grupos de IU y Ganemos Córdoba llevarán al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba una moción conjunta para que el Consistorio asuma como propia la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que “propone soluciones estructurales para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios, terminar con los cortes de agua, luz y gas, garantizando el fin de las deudas de por vida y dar herramientas para ampliar el parque público de viviendas en alquiler social”.

Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa el viceportavoz de IU, Rafael del Castillo; el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, y una portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, quienes han señalado que la idea es que el Consistorio apoye las “cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional” que recoge dicha propuesta normativa de la PAH, empezando por la “dación en pago retroactiva”, mediante “mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda, la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas, y la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas”.

También prevé la propuesta legislativa de la PAH el “alquiler asequible”, mediante la “reforma de la LAU, para dar seguridad y estabilidad; la ampliación a un mínimo de cinco años o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia, y establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población”.

Igualmente se reclama por la PAH una “moratoria sobre los desahucios de primera y única vivienda, la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, ayudas para pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, la obligatoriedad para la Administración pública de ofrecer realojos, incluso frente a casos de ocupación, y asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio y barrio”.

Respecto a la vivienda social, la propuesta de la PAH pide la “movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, incrementar el parque público de vivienda, alquileres sociales no superiores al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, a lo que habría que sumar, para garantizar los suministros básicos, aplicar el ”principio de precaución“.

Eso conllevaría la “garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de los afectados” y una “tarifa social”, para el “pago en función de la capacidad adquisitiva”, sin que se asuman las deudas con recursos públicos, “obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar”.

Por último, entre los puntos de acuerdo de la moción conjunta de IU y Ganemos Córdoba se incluye exigir al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso “la introducción en la legislación de las propuestas recogidas en la Ley de la Vivienda de la PAH” y “apoyar y facilitar cualquier recurso necesario para la legislación y posterior

aplicación de Ley de Vivienda de la PAH“.

Por otro lado y en rueda de prensa, la viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, y el portavoz de Ganemos Córdoba en el Consistorio cordobés, Rafael Blázquez, han presentado otra moción conjunta que ambos grupos llevarán al próximo Pleno municipal, en este caso para que se prepare “una ordenanza para el fomento del uso social y la cualificación ambiental de los espacios públicos, en el ámbito del órgano de participación sectorial a los efectos, es decir el Consejo Municipal de Medio Ambiente”.

Para ello, según la moción de IU y Ganemos, “se instará a constituir un grupo de trabajo” en el seno de dicho Consejo “en el que se solicitará, si se considera necesario, la colaboración de personas expertas” en diferentes ámbitos y que “se considerarán en dicha ordenanza, ya procedan de los servicios municipales, organismos autónomos, empresas municipales, del ámbito universitario, de otras instituciones o del ámbito social y colectivo”. Esta ordenanza “recogerá las condiciones mínimas de los espacios públicos”.