IU denuncia que Subdelegación tiene “listas negras” de militantes

La Subdelegación defiende que ha cumplido “escrupulosamente con la legislación” y que sanciona “cualquier manifestación no comunicada”

La parlamentaria de IU por Córdoba Alba Doblas ha denunciado esta mañana en Sevilla que su formación ha constatado que el Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, posee “listas negras” con los nombres y los apellidos de altos cargos de la Junta y militantes de la coalición de izquierdas. Según Doblas, entre esos nombres está la consejera de Fomento, Elena Cortés; el representante de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba, Pedro García; el senador andaluz y secretario general del PCA, José Manuel Mariscal y ella misma.

“Esto constata que existen listas negras del Gobierno de Rajoy donde se incluyen a ciudadanos que protestan por sus derechos”, según Doblas, que, a su juicio, considera que también “supone una prueba fehaciente de la persecución que sufrimos los miembros de Izquierda Unida por parte del Ministerio de Interior desde que el PP accedió al poder”.

Los documentos contienen nombres, apellidos, direcciones, DNI, fechas de nacimiento y nombres de los padres, de ciudadanos y miembros de IU que, en algunos casos, participaron en la manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero en solidaridad con los estudiantes de Valencia y otros datos de personas que no participaron en esta protesta. Así lo ha señalado Alba Doblas, quien ha apuntado el error que ha cometido la Subdelegación del Gobierno en Córdoba entregando copia del documento en el que aparecen los nombres y datos de determinadas personas que acudieron a la manifestación.

Este documento, que obra en poder del Grupo Parlamentario de IULV-CA y que ha sido mostrado a los periodistas durante la rueda de prensa, le fue entregado a un particular que se personó en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para consultar las posibles sanciones por su participación en dicha movilización, según ha explicado Doblas, quien ha criticado que cualquiera puede acceder a un expediente con datos personales e incluso llevarse una copia. La diputada de IULV-CA ha anunciado que tanto ella como el resto de los miembros señalados en la lista van a presentar en los próximos días una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, ante la “vulneración” de sus derechos “más elementales” como el de la intimidad y el honor de las personas y otra a la Subdelegación del Gobierno.

En la lista figuran también otros nombres de miembros de Izquierda Unida y de la Juventud Comunista de Córdoba como Juan Hidalgo, Jorge Lucena o quien no estuvo en la protesta como Juan Antonio Aguilar, que se encontraba en una reunión del Consejo de la Juventud, tal y como figuran en las actas de dicho órgano. “El Ministerio del Interior considera como activistas peligrosos a miembros del Gobierno andaluz y de IULV-CA por ir a una manifestación en defensa de estudiantes”, ha destacado Doblas, quien ha dicho tener conocimiento de que estas “listas negras” no sólo se han realizado en Córdoba, sino también en otras provincias como Málaga.

RESPUESTA DE LA SUBDELEGACIÓN

A última hora de la tarde, llegó la reacción de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, muy contundente: “Ante las declaraciones vertidas en el día de hoy por la parlamentaria andaluza Alba Doblas, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba quiere poner de manifiesto que en todos los procedimientos sancionadores que se incoan por la organización de manifestaciones y concentraciones no comunicadas en tiempo y forma se respeta escrupulosamente la legislación”. “Si existe reiteración en la apertura de expedientes sancionadores por la organización de manifestaciones o concentraciones en la vía pública no comunicadas, se debe a que los responsables de las mismas han sido identificados por los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dichos actividades, conforme establece la normativa vigente”, añade la representación del Ejecutivo en Córdoba a través de una nota de prensa.

La Subdelegación del Gobierno recuerda que “cualquier manifestación o concentración desarrollada en la vía pública ha de ser comunicada en tiempo y forma, o de lo contrario, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico, es obligada la apertura de un expediente sancionador a los organizadores de la misma. Dicho expediente es un procedimiento administrativo de cuyo estado los interesados tienen derecho a estar informados, en todo momento, por lo que existe la obligación de facilitarles el contenido integro de sus expedientes cuando así lo soliciten”. Además, insiste en que una vez recibidos tales expedientes, dichos interesados “tienen la obligación y el deber de respetar la confidencialidad de los datos de terceros afectados que pudieran aparecer en cada procedimiento. Y por tanto, si existiese alguna filtración de los datos que obren en su poder como interesados, dicha publicación se realiza bajo la responsabilidad debe quienes hayan recibido esa información confidencial, para uso del ejercicio de sus propios derechos, tal y como regula la Ley de Protección de Datos”.

Por tanto, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba “no ha hecho otra cosa que cumplir escrupulosamente con su función, que es la de velar por la legalidad y la convivencia necesarias en un Estado de Derecho”, concluye el comunicado.