Gómez no conocerá hasta enero su sentencia definitiva por 'Malaya'

El Tribunal Supremo atrasa su sentencia ante la complejidad de la causa | El concejal cordobés se enfrenta a una pena de 18 meses de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización

El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba y exconstructor Rafael Gómez alias Sandokán no sabrá hasta enero de 2015 cuál será su condena en el caso Malaya. Rafael Gómez, junto a 150 personas más, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en la mayor causa contra la corrupción judicializada en España, la del Ayuntamiento de Marbella. El concejal cordobés recurrió la sentencia, al igual que la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Rafael Gómez la petición del fiscal vuelve a ser la inicial: 18 meses y un día de cárcel y 1,2 millones de indemnización por un delito de cohecho activo más las costas del proceso. Una providencia del Tribunal Supremo advierte que su sentencia se atrasa hasta enero de 2015 por la complejidad de la causa y su volumen.

En el escrito de recurso de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este medio se entiende como “injusta” la condena de 6 meses de prisión y 150.000 euros que la Audiencia Provincial de Málaga impuso en su día al empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba por su participación en el caso Malaya. El eje sobre el que pivota el recurso del Ministerio Público es la minoración de la pena inicialmente prevista por una circunstancia atenuante de irregularidades en el arresto del constructor.

Según el escrito del Ministerio Público, la resolución de la Audiencia es “totalmente novedosa” y, en consecuencia, no se encuentran precedentes de que una posible irregularidad en un arresto comporte una reducción en la pena solicitada. Y no la hay, continúa el fiscal, “porque no es lógico” ya que aquellas personas que hayan sufrido una detención irregular tienen fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico para reclamar compensaciones económicas al Estado o responsabilidades civiles o penales contra el funcionario o la autoridad responsable de tal irregularidad.