Facua se siente respaldada por el Defensor en su deseo de estar en la mesa del agua
La asociación denunció lo que considera un “veto” por parte de la presidenta de Emacsa y alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio |
Tras la denuncia de Facua Córdoba, la asociación de consumidores ha emitido una nota de prensa en la que señala que el Defensor del Pueblo Andaluz “recomienda a la alcaldesa de la ciudad que incorpore a las asociaciones de consumidores más representativas, como es el caso de Facua, en la mesa de trabajo de las nuevas tarifas del agua de Emacsa y considera un error no haberlo hecho ya”.
La asociación denunció lo que considera un “veto” que viene sufriendo para su participación en dicha mesa “por parte de la presidenta de Emacsa y alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio”. La resolución emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz que consta, según Facua, de diez folios indica que “la participación ciudadana es uno de los principios fundamentales del modelo de
gestión que
propugna, en
la línea de
la Convención de Aarhus y la Ley 27/2006, además de la propia Constitución Española, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia y Acceso a la Información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otras“.
El Defensor destaca, indican los consumidores, “el papel importante de Facua en otros procesos del ciclo. 'En el caso concreto de Facua, además, tenemos conocimiento de su implicación en otros procesos de elaboración de tarifas del ciclo integral del agua', señala.
La representación de los consumidores, exclusiva de las asociaciones
La
participación ciudadana se traduce, según las palabras del Defensor del Pueblo recogidas por Facua, tanto en
la rendición de
cuentas y el acceso a la información como en la adopción de
decisiones, y señala que
“es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva”.
Además, en la página 7 de su informe, deja en claro a la presidenta de Emacsa que “la legitimación para actuar en
nombre y
representación de
los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias se atribuye exclusivamente a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en
el Texto
Refundido de
la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, en la LDPCUA y en el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía“.
El Defensor tacha de error no incluir a las asociaciones
Por
otra
parte, en el informe al que Facua hace referencia, se destaca “que se desconocen quienes
son
los
sectores sociales
que
habrán sido llamados a participar en la comisión en representación del movimiento ciudadano y qué criterios se habrán empleado para
la asignación de estas plazas.“ Pero lo que según Facua le parece un error al Defensor ”es que
no se haya
incorporado a las asociaciones más representativas
de
los
intereses
de
consumidores
y usuarios,
cuando son
éstos los destinatarios de las tarifas de Emacsa“.
Así mismo, Facua afirma que el Defensor del Pueblo destaca en su documento, la implicación en los procesos de tarifas del ciclo integral del Agua en los que ha participado la asociación, y resalta que su experiencia puede aportar muchos conocimientos en el debate que se plantea en el momento de repartir los costes del servicio para que tengan un reflejo justo en las tarifas que debe abonar la ciudadanía.
Por último, Facua insiste en que el Defensor del Pueblo Andaluz, aboga porque se produzca una reconsideración de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento
de
Córdoba en relación con la participación de las asociaciones de consumidores en la comisión de trabajo creada para la determinación de
las tarifas de
Emacsa a
fin de
evitar
que resulte desvirtuada una
iniciativa que
se presentaba como
modélica en el ámbito de la promoción de los procesos participativos y del empoderamiento ciudadano.
Ahora, se abre un plazo no superior a un mes para que la alcaldesa facilite respuesta por escrito a la resolución dictada, donde ponga de manifiesto la aceptación de la recomendación formulada o, en su caso, exponga los motivos que estime oportunos para no aceptarla.
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