La Diputación financia un proyecto en comunidades rurales afectadas por Covid en Perú

La Diputación de Córdoba ha aprobado la concesión de una subvención de 41.300 euros al proyecto presentado por la Fundación Social Universal (FSU) de Montilla con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda “más digna” y una alimentación “más saludable” a las comunidades rurales más afectadas por la pandemia en el distrito cusqueño de Oropesa, en Perú.

Según informa la Fundación en un comunicado, este proyecto surge en respuesta a la realidad de las poblaciones indígenas de altura que habitan las comunidades campesinas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar que, “como una constante en sus vidas, se han visto relegadas al margen de las políticas públicas de vivienda dada su condición como minoría, su ubicación geográfica distante a las ciudades, la alta dispersión en las viviendas y su agreste topografía”.

Tal y como ha señalado la FSU, estas comunidades viven “en condiciones de precariedad, con ambientes insuficientes, insalubres y oscuros en las viviendas, con presencia de humos tóxicos, animales menores y basura, en especial en las cocinas, y con inadecuadas prácticas de higiene y limpieza por parte de los integrantes de la familia, debiendo lidiar además con una baja producción agropecuaria, que limita el acceso a una alimentación suficiente y saludable”.

Esta situación da como resultado que esta población sea más vulnerable frente a eventos extremos, como la actual crisis generada por la pandemia del Covid-19, que visibilizó las deficiencias de los sistemas relacionados con la salud pública, la alimentación, las carencias en el acceso al agua segura y otros servicios públicos, que afecta en especial a esta población pobre de las comunidades rurales altoandinas.

Durante el proceso de diseño, el equipo formulador del proyecto conformado por personal técnico del Centro Guaman Poma de Ayala, contraparte local ejecutora del proyecto, y de la Fundación Social Universal, ONGD responsable de su gestión, se identificó como problema central la vulneración de derechos de mujeres y hombres para acceder a una vivienda digna y una alimentación saludable focalizado en las comunidades indígenas del distrito de Oropesa, en la región andina de Cusco.

De este modo, se incrementaba “más aun su vulnerabilidad en especial en un contexto de crisis alimentaria, cambio climático y de pandemia provocada por la propagación del Covid-19, en la que la insalubridad de las viviendas, la baja producción agropecuaria y los limitados mecanismos para la implementación de políticas públicas en la agricultura familiar y vivienda saludable suman en contra de las familias cuyas economías de subsistencia se han visto afectadas, disminuyendo significativamente su capacidad de resiliencia”.

Frente a esta problemática, el proyecto considera como objetivo específico “promover el ejercicio del derecho a una vivienda digna y alimentación saludable en un contexto de crisis alimentaria y pandemia Covid-19 en las comunidades indígenas del distrito de Oropesa, en Cusco”, para cuya consecución se han definido tres componentes o resultados.

En primer lugar, la implementación de acciones de mejora de la vivienda rural en siete comunidades indígenas del distrito de Oropesa, beneficiando a 20 familias, y enfocándose en proveer adecuadas condiciones a las viviendas, asegurando un entorno saludable en beneficio de la familia, en especial de la niñez y la población vulnerable, que se ha visto más expuesta por esta pandemia.

Las obras de reforma permitirán mejorar sustancialmente las precarias cocinas existentes y las viviendas accederán a agua caliente con la colocación de calentadores solares de agua, motivando a la familia a mejorar sus hábitos de higiene. Asimismo, las cocinas dejarán de ser espacios compartidos con animales menores.

Un segundo componente buscará incrementar la producción y productividad de alimentos diversificados para mejorar la dieta familiar a través de invernaderos para la producción de hortalizas y galpones para la crianza de animales menores que les proveerán de alimentos locales ricos en nutrientes. Además, se promoverá la recuperación de prácticas ancestrales para la conservación de suelos y la transformación de alimentos que faciliten la provisión de una canasta básica de alimentos a las 60 familias beneficiarias.

Por último, el proyecto promoverá un trabajo articulado entre las entidades del Estado y las organizaciones sociales en la implementación de estrategias conjuntas para el ejercicio del derecho a viviendas dignas y alimentación saludable. La población se capacitará e incidirá ante las instancias estatales, demandando acciones y estrategias que les permitan acceder a viviendas que no pongan en riesgo su salud, así como el acceso a alimentos producidos en sus unidades familiares para paliar la crisis alimentaria agudizada en la actualidad.