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Denuncian la precariedad laboral en los servicios de Ayuda a Domicilio y Dependencia

Protesta de trabajadores de Ayuda a Domicilio y Dependencia.

Redacción Cordópolis

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CCOO se ha concentrado este miércoles ante la Delegación de Salud de Córdoba, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para exigir unas condiciones laborales dignas en el sector de la Dependencia y la ayuda a domicilio, sectores ocupados mayoritariamente por mujeres en unas condiciones laborales altamente precarias, con un convenio estatal que es necesario actualizar y en algunos, casos, sin aplicación de convenio alguno o mal aplicado por las empresas.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que “es inadmisible que la Junta de Andalucía siga con la política de ojos cerrados pidiendo resignación a las trabajadoras y trabajadores y negando a personas dependientes una atención digna en residencias o ayuda a domicilio, y además obstaculizando la entrada de nuevas personas dependientes a estas prestaciones”.

Borrego recordó que “son las trabajadoras y trabajadores del sector sociosanitario quienes están sosteniendo el sistema de atención social” e insistió en que “no se puede dar un servicio digno, de calidad y con seguridad si no se cuenta con el personal suficiente y las condiciones laborales mínimas”.

En la provincia de Córdoba se cuenta con 83 residencias de personas mayores, de las que 59 son de titularidad privada y solo 24 son de titularidad pública, ya sea municipal o autonómica, con unas 5.500 plazas, de las que solo 1.123 son públicas y 2.723 son gestionadas de forma directa o concertadas con la administración pública.

Estos datos ponen de manifiesto que la gestión privada no es la adecuada para este tipo de residencias de mayores, puesto que en el periodo de pandemia han sido de las más afectadas por la deficiente gestión y falta de personal y de medios sanitarios. Para CCOO, es necesario cambiar el modelo residencial asistencial por otro que garantice, además, una atención sanitaria primaria.

En este sentido, a pesar de que la Junta de Andalucía ha dado instrucciones para medicalizar las residencias afectadas por el COVID-19, nos encontramos que la sectorización y aislamiento de las personas residentes contagiadas, en la mayoría de ocasiones, es muy complicado cumplirlos con garantías, puesto que no se dispone de las infraestructuras necesarias y adecuadas, y además, el personal tiene que atender dos áreas diferentes y no se refuerza con nuevas contrataciones.

De igual modo se ha puesto de manifiesto la precariedad laboral en el sector de la ayuda a domicilio, donde el puesto de trabajo se diversifica, al prestarse en cada domicilio de las personas usuarias, siendo casi imposible poder realizar una evaluación de riesgos laborares, estando por tanto, las auxiliares de ayuda a domicilio expuestas a riesgos para su salud, lesiones musculoesqueléticas, riesgos biológicos, etc, que en esta pandemia se han agravado por la falta de material de protección individual (EPIs), que la mayoría de las empresas no facilita en la cantidad necesaria, por lo que en multitud de casos los adquieren las trabajadoras y trabajadores. A todo esto se suma la falta de control mediante test o PCR.

Por otra parte, la precarización del sector se manifiesta en los bajos salarios. Aunque el salario ronda los 1.000€, como la mayoría de los contratos son a tiempo parcial o eventuales, las nóminas se quedan en solo unos 400€ mensuales. Al bajo salario se unen jornadas de trabajo maratoniana, que comienzan a las 8.00 de la mañana y que finalizan, en muchos casos, a las 22.00 horas, por la nefasta planificación y organización de las empresas prestadoras de este servicio de ayuda a domicilio, en su práctica totalidad gestionado por empresas privadas.

El acto de protesta realizado en la delegación de salud de Córdoba, es una muestra más de las convocadas a nivel andaluz y estatal para exigir una dependencia digna al 100%, por lo que CCOO hace un llamamiento a la Delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, para que actúe desde su ámbito y exija a la Junta medidas que garanticen una adecuada atención sanitaria a las personas dependientes y se refuercen el personal sociosanitario.

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