CTA denuncia en los juzgados contratos del IMD y el Alcázar

El sindicato considera que los contratos fraccionados en ambas instituciones, realizados durante el anterior gobierno municipal, violaron la ley

El sindicato CTA ha presentado este viernes sendas denuncias por contratos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el Alcázar de los Reyes Cristianos. En el primer caso, el sindicato considera que se han producido contratos fraccionados entre el organismo municipal y un gabinete jurídico (el despacho Cuatrecasas) al que se encargó ejecutar los expedientes de regulación de empleo. Con los sucesivos contratos por montantes económicos menores se evitaba sacar a concurso público el servicio y, por tanto, se podía designar la empresa a dedo. CTA también pone en duda la gestión que hizo el anterior gobierno municipal del Alcázar de los Reyes Cristianos. La plataforma de trabajadores considera en su querella que en este asunto se ha transgredido la legalidad, también con contratos fraccionados.

No es la primera vez que el sindicato acude a los tribunales para denunciar lo ocurrido entre el IMD y Cuatrecasas. En la anterior ocasión, el sindicato puso en conocimiento del fiscal su versión de los hechos, si bien el Ministerio Público no inició ninguna investigación al no encontrar indicios de delito. “Esa es la opinión de la Fiscalía, pero hay datos y pruebas documentales suficientes que prueban lo que estamos afirmando. Por eso, preferimos que lo vea el juez”, señala Francisco Moro, coordinador provincial de CTA en Córdoba.

La primera denuncia que se puso en conocimiento de la Fiscalía se refería exclusivamente a las contrataciones hechas en 2013; luego se presentó una segunda ampliación para los años 2014 y 2015, incluyendo al IMD. “Pero sobre estas, entendemos que el fiscal no se ha pronunciado. Hay bastantes sentencias que señalan que cuando se produce un fraccionamiento de contrato –algo que está prohibido por la ley– hay un presunto delito de prevaricación administrativa, puesto que se acude a una figura legal que permite eludir los contratos con publicidad de concurrencia competitiva para dar licitaciones de dinero público a un único ofertante”, señala Marcos Carrascal, letrado de CTA. En este caso, el despacho bajo sospecha es Cuatrecasas. “El mismo ha estado ofreciendo servicios durante tres años sucesivos con contratos menores”, prosigue el abogado.

En relación al Alcázar, también se ha producido un presunto fraccionamiento de contratos. Según CTA, un primer contrato administrativo sí que se licitó conforme a derecho, pero en el mismo se excluía cualquier posibilidad de prórroga. “Y aún así, se prorrogó. Y luego se sucedieron distintos contratos menores y hoy incluso la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ha puesto de relieve estas presuntas irregularidades en un informe”, destaca Carrascal. Dicho informe, también ha sido incluido en la querella.