Córdoba, entre las cárceles con más faltas graves de los internos

Prisión provincial de Córdoba | MADERO CUBERO
La prisión cordobesa ha registrado 503 incidentes graves con los presidiarios en los últimos seis años | Solo ha habido más problemas en Puerto III, Sevilla 2, Huelva y Teixeiro

La cárcel de Córdoba es una de las que registra más incidentes de toda España, según una estadística de la secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias en la que se detallan las faltas graves cometidas por los internos. La secretaría aporta información sobre las sanciones aplicadas a internos en aplicación del artículo 108 del Reglamento Penitenciario por la comisión de faltas muy graves. En total, más de 16.000 en los últimos seis años, con cárceles especialmente conflictivas a la vista del número que acumulan en ese periodo. Entre ellas destacan las andaluzas de Algeciras (474), Córdoba (503), Huelva (1.266), Puerto III (1.072) y Sevilla 2 (927), y la coruñesa de Teixeiro (632). En el lado contrario. los Centros de Inserción Social (CIS), en los que pernoctan los internos en régimen de semilibertad, que contabilizan un número insignificante o ninguno.

El último año en Córdoba ha sido más tranquilo que los anteriores, ya que en 2015 tan solo se registraron 33 incidentes. La situación es mucho mejor que la de 2010, cuando entonces se contabilizaban un total de 144 faltas graves a los internos. En 2012 hubo 127 y al año siguiente algo más de un centenar, hasta llegar a las 33 actuales.

La secretaría de Instituciones Penitenciarias también informa, aunque no detalla por cárceles, que desde el año 2000 y hasta el 31 de marzo de 2016 se habían registrado en las cárceles españolas 3.303 agresiones de presos a los encargados de su custodia. De ellas, 239 han sido catalogadas como graves o muy graves por el propio Ministerio del Interior en sus estadísticas. Por ello, el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el mayoritario, reclama la inclusión de este colectivo de trabajadores públicos en el plan contra agresiones de la Administración General del Estado, del que han sido excluidos hasta ahora.

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