Concluye la presentación de informes del caso Fénix, pendiente de quedar visto para sentencia

El juicio del caso Fénix, en el que el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba juzga un supuesto fraude de unos 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, está ya pendiente de quedar visto para sentencia tras concluir este lunes el plazo dado por la jueza para la presentación de los informes de las partes, todo ello después de comenzar el juicio con unos 90 acusados a mediados de octubre de 2019.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la presentación de los informes en vez de hacerse de manera oral se ha realizado por escrito, debido a la situación provocada por el estado de alarma ante el coronavirus, y en ellos se han planteado diversas nulidades y dilaciones indebidas por parte de las defensas, entre otros pronunciamientos.

De este modo, la causa está pendiente de la resolución de la jueza, Inmaculada Nevado, para declararla vista para sentencia, teniendo en cuenta también el derecho a la última palabra, al que casi todas las partes han renunciado.

Al respecto, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de unos cien delitos fiscales, de los que ha acusado finalmente a unas 70 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de más de 300 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide son de siete meses de prisión.

Además, la fiscal cree que concurre en todos la circunstancia atenuante muy cualificada de dilación indebida, ante el inicio de las actuaciones en 2006, así como la atenuante de confesión sobre dos acusados, al tiempo que se ha retirado la acusación sobre más de 20 personas, algunas por prescripción de los delitos y otras por fallecimiento, entre otras circunstancias.

Así, este caso, en el que algunos de los acusados han muerto antes del juicio y otros se encuentran internos en residencias, se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades.

Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las supuestas defraudaciones y su detención.

Importar y vender oro

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta --IVA--, como por los beneficios en la imposición directa --IRPF o Impuesto de Sociedades--.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.