Los concejales Reina y Martos cesarán en cuanto se publique la sentencia en el BOE

El alcalde baraja qué ediles asumirán las carteras de Juventud, Cooperación y Deportes que dejan libres los no electos

En cuanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la sentencia del Tribunal Constitucional que deroga la Ley de Grandes Ciudades, Verónica Martos y Miguel Reina cesarán como concejales del Ayuntamiento de Córdoba. Ese es el plazo que ha barajado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico, para que los dos ediles abandonen sus departamentos y cesen en sus competencias. ¿Cuándo será eso? En el equipo de gobierno se trabaja con el plazo de una o dos semanas, ya que la última vez que el BOE publicó sentencias del Tribunal Constitucional fue a mediados de abril.

Ahora, será el alcalde, José Antonio Nieto, el que tenga la última palabra y decida a qué concejales les asigna las carteras que dejan libres tanto Martos como Reina: Juventud, Cooperación y Deportes. También si decide hacer cambios más profundos y una tercera reorganización de las competencias en las concejalías, o bien dejarlo todo como está y que sean concejales con pocas competencias ahora los que asuman las que quedan vacantes. También tendrá que asignar la Delegación de Personal, que ahora mismo está en poder de Antonia Luisa Sola, que es delegada pero no concejal (renunció al escaño para seguir siendo directora general de Personal).

El TC ha resuelto la cuestión al aceptar parte del recurso de inconstitucionalidad que en 2004 interpuso la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley de Grandes Ciudades.

En su sentencia, el TC establece que la Constitución reserva la función de gobierno y administración a los ayuntamientos integrados solo por alcaldes y concejales “que deber ser elegidos democráticamente”. Señala que el Pleno y Junta de Gobierno solo pueden estar compuestos por personas elegidas en las elecciones municipales. Por ello, declara inconstitucional la facultad que se reconoce al alcalde en dicha ley para incorporar en la Junta de Gobierno a personas que no sean ediles electos.