Buscando casa en el fuego cruzado

Una mujer de 28 años que reside en un albergue de acogida con su hija de 12 pide al Ayuntamiento una vivienda social y este acusa a la Junta de no ampliar ni cuidar el parque disponible |

La puerta del Ayuntamiento ha sido, durante la mayor parte de la legislatura, punto de protesta ciudadana. Y sigue siéndolo. Desde el lunes, una mujer de 28 años reclama en la escalinata de entrada una vivienda digna para ella y su hija de 12 años. Rocío Cano vivía desde 2011 en una infravivienda del número 11 de la calle Isabel II por la que pagaba 250 euros al mes, afirma. Un dinero que prácticamente equivale a los 300 euros que, como ingresos intermitentes, recibe por trabajar en casas. Pero en febrero de este año, parte del suelo de su vivienda se hundió y terminó desplomándose en el piso de abajo. Cuando llegaron los bomberos declararon el inmueble en estado de ruina. “Durante 23 días estuve en un hostal que pagaron los Servicios Sociales municipales pero la ayuda se acabó y he estado semanas durmiendo en casas de amigas o en mi coche”, cuenta a las puertas del Consistorio.

Rocío, incluso, regresó a la casa de Isabel II que abandonó por estar en ruinas. “Me metí porque los asistentes sociales me dijeron que si me veían dormir en la calle con mi hija me quitarían la custodia”, afirma. Finalmente, el Ayuntamiento la alojó en el albergue de Campo Madre de Dios con su hija. Pero para Rocío eso no es suficiente. Reclama una vivienda social. Y lo hace en el Ayuntamiento. Aunque la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, María Jesús Botella, afirma que eso es un “error, porque nosotros no tenemos un parque de viviendas, eso pertenece a la Junta. Y la Junta no lo amplía desde 1994”, critica.

Rocío Cano, como le ha pasado a otras familias que han protestado en las escaleras del Consistorio, ya se ve inmersa en una lucha cruzada entre dos administraciones gobernadas por partidos políticos distintos: el PP en el Ayuntamiento y el PSOE en la Junta. “Sentimos que el Ayuntamiento nos está toreando”, critica. “Yo no quiero seguir viviendo en el centro de acogida, yo necesito una casa para mí y para mi hija, no podemos estar compartiendo habitación con cuatro adultos”, se queja Rocío. Este extremo lo niega Botella: “Es mentira que esté compartiendo habitación, está en una doble para ella y su hija”, zanja.

“Mi hija y yo lo que necesitamos es una vivienda que podamos pagar. Un alquiler de unos 50 o, como mucho, 100 euros”, reclama Rocío. “Llevo desde 2011 esperando una vivienda de Vimcorsa y no me la dan. Dicen que no cumplo todos los parámetros, pero yo creo que sí”, añade. Para María Jesús Botella, el problema reside en la Junta de Andalucía “que es la que tiene ese tipo de viviendas que ella reclama y que tienen alquileres de entre 30 y 80 euros”. Botella recuerda que el Ayuntamiento actúa en el proceso de adjudicación, de la misma manera que lo hace la Junta. “Pero son los servicios técnicos, guiados por criterios objetivos los que deciden qué vivienda es para quién”, explica la edil.

El principal problema para Botella es que el parque de viviendas autonómico disponible es insuficiente. “En 2013 se adjudicaron 41 viviendas pero teníamos 121 familias con informes de urgencia esperando vivienda. El desfase continuó en 2014, cuando se adjudicaron 21 y fueron 141 las familias que esperaban casa. Y en 2015 seguimos igual”, lamenta Botella, acusando directamente a la Junta del desaguisado. “Además, en abril de 2014 le pedimos informes a la Junta por las denuncias que recibimos de 56 de sus viviendas que o bien estaban vacías (40) o bien ocupadas ilegalmente (16)”, prosigue la edil ¿Y el Ayuntamiento no tiene viviendas? “Nuestro parque es distinto, nuestros alquileres rondan los 200 euros”, termina Botella.