Baquerín insinúa que el Grupo 5 de la Diputación “suena a corrupción”
El concejal y diputado provincial reclama una comisión de investigación y asegura que irá a la Fiscalía Anticorrupción en el caso de que no se convoque
“Esto suena a corrupción”. El diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, Carlos Baquerín, ha reclamado a la Diputación la convocatoria urgente de una comisión de investigación para aclarar cómo funciona el Grupo 5 de la institución provincial, una corporación industrial creada a finales de los años 90 formada por diversas sociedades mercantiles mixtas y en cuyo accionariado hay bancos, ayuntamientos y empresas. Baquerín dijo textualmente que en el seno de esta entidad, que “pertenece jurídicamente al sector público local”, podría desarrollarse “una presunta trama de corrupción organizada” constituida para “huir del derecho” jurídico al que deben atenderse este tipo de corporaciones.
Baquerín, concejal y diputado por UCOR, el partido de Rafael Gómez, asegura que toda la información que posee “me la he tenido que buscar por mi cuenta” y que en caso de que la Diputación no cree la comisión de investigación “que aclare todo esto, me tendré que ir a la Fiscalía Anticorrupción”.
El concejal arrancó su argumentación explicando que a día de hoy el Grupo 5 es una corporación industrial “casi fantasma”. Según asegura, funcionó en los mandatos anteriores, cuando la institución provincial estuvo gobernada por el PSOE, pero en el actual “el PP la ha mantenido” con la misma estructura, “con la que escapa de la fiscalización y el control de lo público”. “No hay constancia de control presupuestario por parte de la Intervención, o al menos no se ha trasladado informe alguno al Pleno”, asegura.
En cuanto a la estructura de la Corporación industrial, Baquerín denuncia que “se aprecian” irregularidades “en su estructura societaria y orgánica”, ya que “nunca se ha dado referencia del personal contratado, de los cargos de representación o de sus retribuciones”. Además, asegura que “no resulta claro que las encomiendas de gestión que la Diputación ha realizado en favor de sociedades del grupo para la realización de obras o servicios se ajusten a la legalidad”.
El concejal va más allá y asegura que “no parece” que en las distintas adjudicaciones de obras “a terceros” se “hayan preservado a lo largo de los años la necesaria transparencia y el mejor control de la legalidad”. También asegura que actualmente BBK Bank Cajasur ostenta la secretaría de algunas de las entidades en una situación que considera “demencial”. También destaca que “en varias compañías participadas no se detecta que su objeto social se relacione con una protección preferente del interés general ni del fomento de la economía local o regional, y resulta posible que se viole la normativa en materia de ayudas públicas y competencia”.
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