Antonio Fernández y María José Lara comparecerán en el Parlamento

La Comisión de Investigación de los cursos de formación también llamará a declarar a Manuel Gavilán y al interventor de la Junta en la provincia de Córdoba

Los cordobeses María José Lara, Antonio Fernández y Manuel Gavilán han sido llamados a declarar en el Parlamento de Andalucía en la Comisión de Investigación aprobada por los grupos políticos. Los dos primeros fueron detenidos por la Guardia Civil en relación a la investigación por el fraude en los cursos de formación. El tercero, fue imputado. Antonio Fernández fue delegado provincial de Empleo de la Junta en Córdoba, María José Lara directora general de Formación de la Junta y Gavilán exjefe de servicio de Formación en Córdoba. Los tres han sido suspendidos de militancia del PSOE.

La Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación, ha aprobado un listado de 69 personas que serán citadas para comparecer. En el mismo también se encuentra otro cordobés, el interventor en la provincia de la Junta de Andalucía, Antonio Escudero.

Según ha explicado el presidente de la comisión, Julio Díaz, se ha realizado una ardua labor en el seno de la misma para reducir a esta cifra las 591 solicitudes presentadas por los grupos parlamentarios. Como ha aclarado Díaz, el acuerdo alcanzado entre todos los grupos en el Parlamento se circunscribe al listado de comparecientes, y en siguientes reuniones se elaborará el orden y el posible calendario.

Díaz ha explicado también que se ha acordado pedir a la Delegación del Gobierno la colaboración necesaria para localizar los domicilios de las personas que conforman la lista para poder notificar las citaciones de forma fehaciente, y ha recordado que el Plan de Trabajo de la Comisión deja abierta la posibilidad de establecer una segunda ronda de comparecencias si así se apreciara conveniente.

Antonio Fernández fue arrestado por su papel como delegado provincial de Empleo, cargo que asumió en el año 2004. Ese año abandonó la Alcaldía de Pozoblanco, que había dirigido por el PSOE desde el año 1987, cuando fue elegido por primera vez. Fernández fue delegado de Empleo hasta el año 2012, cuando fue sustituido por José Ignacio Expósito.

Por su parte, María José Lara fue arrestada como exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía. Lara fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena por el PSOE desde 1999 hasta 2008, cuando renunció a su acta de concejal para ocupar este cargo orgánico en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Lara fue directora general hasta el año 2010.

Tanto Lara como Fernández han sido imputados anteriormente por la justicia. En la actualidad, Fernández está imputado en Córdoba por el caso de las Unidades Territoriales de Empleo. Por su parte, Lara fue juzgada en 2010 por su supuesta implicación en el amaño de unas oposiciones en el Ayuntamiento de Lucena.

Las indagaciones judiciales se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según ha informado la Guardia Civil.