Andalucía estrenará en enero una Oficina contra la Corrupción

La Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía empezará a funcionar el próximo mes de enero como organismo autónomo dependiente de la Viceconsejería de Hacienda de la Junta, con una plantilla integrada por 15 funcionarios que podrán recibir denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades o malversación de fondos públicos.

Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa sobre la creación de esta Oficina comprometida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Ciudadanos (Cs).

Montero ha explicado que el decreto para la creación de la Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía inicia este miércoles el trámite de audiencia pública y se aprobará tras el verano en Consejo de Gobierno, y se prevé que empiece a funcionar en enero de 2018. En cuanto a su ubicación, la consejera ha apuntado que aún no se ha elegido la sede física de la oficina, aunque no descarta que pueda ubicarse en la calle Albareda, en Sevilla, junto a la Intervención General.

La futura oficina, que contará con una dotación presupuestaria de medio millón de euros, será un organismo autónomo que podrá actuar de oficio y aplicar medidas cautelares. Con una plantilla integrada por 15 funcionarios “que se adaptará en función de las actuaciones”, el director será elegido mediante un tribunal “para garantizar su independencia”, ha subrayado Montero.

El texto normativo será un decreto que este miércoles sale a audiencia pública, y la nueva entidad es creada con el fin de “prevenir, investigar y detectar, así como, proponer sanciones y corregir posibles prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos o patrimonio públicos”.

La consejera ha resaltado que para evitar injerencias, esta oficina, a pesar que se adscribe por razones logísticas a la Viceconsejería de Hacienda, al igual que la Intervención, tendrá “plena independencia” y según “no podrá recibir instrucciones de ninguna autoridad”.

El funcionario que esté al frente de la oficina tendrá más de 15 años de experiencia y acreditada solvencia en materia de control financiero, la fiscalización, la inspección la contratación y el ámbito jurídico; y su nombramiento será elegido previa convocatoria pública en el BOJA por un tribunal compuesto por la Inspección General de Servicios, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta. Además, esa persona no podrá ser cesada, salvo causas graves previstas por ley.

La oficina tendrá 15 funcionarios, para cuya designación se elaborará una relación de puestos de trabajo, y a los que el decreto les va a dotar de competencias “específicas y singulares”, como interrogar a posibles testigos o sospechosos de cometer hecho delictivo; acceder cualquier base de datos o sistema de información de la Junta o de entidades privadas sujetas a ayudas; o instruir procedimientos sancionadores.

En ese sentido, ha precisado que la Junta sólo puede aplicar su propio régimen sancionador, que puede ir de una simple amonestación al apartamiento de una persona de su puesto, o solicitar reintegro en el caso de ayudas. En el caso de delitos penales la oficina debe comunicar a la Justicia, y en el caso de delitos contables, se comunicará al Tribunal de Cuentas.

Montero ha dejado claro que hay obligación de facilitar el trabajo de la oficina, pues, de lo contrario, incurrirá en procedimiento administrativo sancionador.

De esta forma, esta oficina para la prevención de la corrupción en Andalucía será “punta de lanza” y “liderará” la lucha contra el fraude en la gestión de los recursos públicos en la comunidad autónoma.

Montero ha recordado que los ciudadanos sitúan la corrupción como uno de sus principales problemas. En este sentido, ha destacado que esta entidad “será autónoma, despolitizada y actuará con independencia” en la lucha contra la corrupción.

“Vamos a poner una lupa gigantesca en la lucha contra el fraude y la corrupción”, ha indicado la consejera quien, no obstante ha roto una lanza “por la mayoría de servidores públicos, porque en la gran mayoría, las conductas son adecuadas y de buenas prácticas”.

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA DE LA JUNTA

La consejera ha subrayado que esta oficina es una pieza clave en la “administración de cristal”, basada en la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, ha aludido al Portal de la Transparencia y la publicidad activa, así como las “cuentas 'abiertas' de la Junta”, la licitación de cuentas públicas y el decreto de Tesorería, además de la colaboración con entes como la Cámara de Cuentas.

“Habrá tolerancia cero contra la corrupción, y se actuará con dureza, caiga quien caiga”, destaca la consejera, quien no obstante destaca que la prevención “es la mejor forma de luchar contra la corrupción”.

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y MEDIDAS CAUTELARES

El ámbito de actuación de la oficina será todo el sector público andaluz, de modo que intervendrá ante cualquier tipo de acción u omisión de la administración que implique la gestión de fondos o patrimonio públicos, contratos, concesión de licencias, permisos, subvenciones o ayudas, y en general cualquier ejercicio de una potestad pública, así como actuaciones de los entes sometidos al derecho privado.

Además, podrá extenderse a empresas, otras entidades públicas o privadas y particulares, que hayan contratado o hayan sido beneficiarias de subvenciones, o se les hayan otorgado créditos, avales o cualquier otro tipo de ayuda de la Junta.

Sus principales funciones serán prevenir, detectar e investigar casos concretos, ya sea de oficio, a petición de los propios ciudadanos, empleados públicos o de los grupos parlamentarios --de los que espera que no usen la oficina como “elemento efectista para titulares políticos”--, así como instruir los correspondientes procedimientos sancionadores y disciplinarios, de forma que podrá proponer las sanciones y corregir conductas y procedimientos.

En ese sentido, la consejera ha precisado que la ofician podrá solicitar con carácter urgente, en el plazo de cinco días, la adopción de medidas cautelares de los procedimientos, si entiende que hubiera riesgo “cierto e inmediato”. El órgano afectado debe informar a la oficina de las medidas adoptadas en un máximo de diez días.

En ese sentido, la oficina podrá recibir denuncias anónimas, cuestión que, según reconoce la consejera, ha sido objeto de debate en la elaboración del decreto, pero que finalmente se ha optado por dejarlo abierto y la oficina establecerá los criterios de veracidad de las denuncias. Los ciudadanos podrán remitir sus denuncias bien por correo electrónico, teléfono o de forma presencial. La oficina protegerá a los denunciantes y mantendrá la confidencialidad de su identidad.

Asimismo, con el fin de prevenir y alertar de conductas corruptas, elaborará un catálogo o mapa de procedimientos de riesgo, esto es, que “pueden resultar vulnerables o susceptibles de un comportamiento impropio de un servidor público”, como podrían ser subvenciones o contrataciones.

Una vez instruido el procedimiento, se elevará la propuesta de resolución y la documentación a la dirección de la oficina, que la remitirá al organismo competente para resolver el procedimiento. Si hubiera indicios de responsabilidad contable se dará traslado al consejero del área afectada, mientras que si se considera que hay indicios de responsabilidad penal, se comunicará a la Justicia.

Esta oficina presentará una memoria anual y actuará de forma coordinada con el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en colaboración con la Intervención General de la Junta y la Cámara y el Tribunal de Cuentas.