Los abogados se quejan de los grandes retrasos en el juzgado de Familia

El Colegio de letrados remite un escrito al juez decano enumerando los atrasos y reclama la creación de un nuevo juzgado para aliviar el trabajo

Con ocasión de la inspección que realizaron los Servicios del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba, con competencias exclusivas en materia de Familia, durante los días 10 a 14 de febrero, el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, ha remitido un escrito al juez decano, José Carlos Romero Roa, en el que le ha trasladado las incidencias más significativas detectadas por los abogados en dicho juzgado, a causa de la gran carga de trabajo que soporta, a fin de que las ponga en conocimiento de las personas encargadas, a los efectos oportunos, según informa a través de una nota de prensa.

Según recoge el escrito, se aprecia un retraso generalizado en todas las actuaciones judiciales, así como numerosos errores materiales en las resoluciones que se dictan que, además, no llegan a subsanarse sino trascurridos algunos meses. Dichos errores materiales pueden concretarse en la confusión de datos identificativos de las partes en las sentencias de separación o divorcio, o en los nombramientos de tutor a personas incapacitadas, señalan los abogados.

“Estas disfunciones producen importantes y evidentes perjuicios al justiciable, ya que hasta que no se corrigen los errores materiales, las resoluciones en que se detectan no surten efectos frente a terceros, incluido cualquier organismo público frente al que se pretenda hacer valer”, detallan.

El Colegio de Abogados, además, ha enumerado lo más llamativo de las incidencias detectadas. En este sentido, destaca que las vistas para resolver solicitudes de medidas provisionales previas a las demandas de nulidad, separación o divorcio, se vienen señalando con una demora media de seis meses desde su presentación, en contra de lo previsto legalmente (diez días). Mientras tanto, no existe resolución alguna que regule la relación familiar de las personas que pretenden plantear las acciones anteriores con los innumerables inconvenientes que ello provoca.

También aseguran que las vistas para resolver sobre acciones urgentes previstas en el artículo 158 del Código Civil, se vienen señalando con una demora de tres meses, lo que implica una pérdida total de la eficacia de estas peticiones.

Además, agregan que las demandas de ejecución de sentencia, que en su mayoría son referentes a impagos de pensiones de alimentos a menores, tardan en proveerse unos seis o siete meses. También se ha detectado un retraso significativo en remitir al Registro Civil las resoluciones para su inscripción.

Con independencia de otros motivos que pudieran influir en los retrasos, continúa el escrito, “consideramos que el fundamental es la gran carga de trabajo que anualmente soporta el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba, por lo que sería recomendable la creación de un nuevo juzgado en la capital que asumiera funciones en materia de familia o, en su defecto, que se reforzaran con los medios personales oportunos los dos existentes”.