Trabajar menos para que trabajen más

En 1998, la Francia presidida por Lionel Jospin aprobó una medida revolucionaria: la jornada laboral pasaba de 39 horas semanales a 35. Y se hacía en plena crisis de reconversión industrial con un objetivo: que hubiese más trabajo. Las cuentas eran fáciles: un empleado trabajaba cuatro horas menos a la semana. El empresario necesitaría cubrir esas cuatro horas por lo que por cada nueve empleados a 35 horas necesitaría contrataría a otra persona más.

Jospin anunció que el objetivo pasaba por trabajar menos horas, por trabajar mejor y, a cambio, vivir mejor. En estos 20 años, la medida ha funcionado en Francia, pero de manera desigual. En el sector público es un éxito, en la pequeña empresa prácticamente no existe y en los grandes centros de trabajo se ha dado un paso atrás, después de que el último gobierno socialista de Francia, el de Hollande, acabase siendo más amigo de la patronal que de los trabajadores.

En España, el Gobierno del PP tumbó la jornada de 35 horas en el sector público. En el privado sigue fijada en unas inamovibles 40 horas semanales. El PP argumentó que era Bruselas quien mandaba. Pero en Andalucía, hace un par de años, el PSOE quiso recuperar esta antigua reivindicación, que se puso en marcha pero que se suspendió con la llegada de Rajoy a La Moncloa.

En el Ayuntamiento de Córdoba se aprobó una reducción de la jornada. En el Parlamento de Andalucía, la presidenta Susana Díaz hizo lo mismo. Pero no se alcanzaron las ansiadas 35 horas, sino que los funcionarios cordobeses y andaluces tienen una jornada semanal de 37 horas y media. O mejor dicho: tenían. El Gobierno, amparado en la reforma de la ley de las administraciones locales, ha llevado el caso a los juzgados, donde ha ganado. El Ayuntamiento y la Junta están obligados a que sus empleados trabajen 40 horas a la semana.

En cualquier caso, la aplicación de las 35 horas en la administración a día de hoy es absurda. En los años noventa tenía sentido: las administraciones tenían absoluta libertad para contratar personal y convocar oposiciones. Hoy, a finales de 2017, los ayuntamientos y la Junta no pueden contratar a más personal. Solo uno de cada diez funcionarios que causa baja es repuesto. Por lo que la jornada laboral reducida además de no tener efecto sobre el empleo puede acabar siendo nociva para el servicio público: no solo hay menos funcionarios y trabajadores públicos que nunca, sino que encima y por ley trabajan menos horas. Absurdo.