El 'Goldengate'

“Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, ¡seguramente es un pato!”. La llamada prueba del pato es una conducción inductiva muy utilizada en la política estadounidense. Se usa para casi todo, pero principalmente como presunción de culpabilidad en ciertas actitudes de políticos que lo niegan todo.

El Código Penal español, afortunadamente, tiene el in dubio pro reo como principio. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y en los juicios, quien tiene que hacer un esfuerzo por demostrar algo es quien acusa, no quien se defiende. Por eso lo de la prueba del pato.

Hacía tiempo que el Caso Infraestructuras graznaba como un pato. En el manual de las irregularidades en la contratación de obras públicas está el fraccionamiento como la primera alerta que le debe saltar a todo gobernante. Y no es algo que no haya pasado antes, que no pueda estar pasando ahora y que no vuelva a pasar después. A saber: cualquier obra de más de 40.000 euros tiene que pasar por un procedimiento llamado de obra mayor, en el que se abre un concurso público. Dividir un trabajo con presupuestos que no excedan de los 40.000 euros permite la llamada contratación menor, más rápida pero también con menos garantías, en la que la delegación concreta pide ofertas a tres empresas y se la adjudica a la que considere mejor. Es un sistema más ágil pero con un enorme agujero negro que puede derivar en lo que, presuntamente, ha ocurrido en al menos 42 obras del Infraestructuras: que las empresas se ponen de acuerdo, se reparten las obras y el que suele perder es el propio Ayuntamiento.

Los menores son una práctica muy extendida en la administración. Para la buena y para la mala. A través de contratos menores por ejemplo es fácil reparar una calle afectada por el temporal, por ejemplo. Pero también se eluden labores de control interno y muchas veces el dinero público acaba saliendo como una cañería rota.

Pero en el año 2021, con una administración cada vez más electrónica que no usa dinero en efectivo, cada vez es más difícil esa fuga de dinero público. Y cada vez es más fácil que se le acabe pillando al que lo hace mal. O eso parece.

De momento, estamos bastante ciegos sobre el llamado Caso Infraestructuras que ha acabado con la detención del concejal David Dorado. La Policía Nacional aún no ha entregado las diligencias al Juzgado. Y el juez no ha podido tomar declaración a los 12 detenidos. El propio juez tampoco sabe de qué se le acusa a Dorado y a los empresarios. Pero lo que ha trascendido a través de una información reservada del propio Ayuntamiento expone un burdo modus operandi, que por evidente parece hasta increíble. Una especie de manual de la (presunta) corrupción política. Obras que no se hacen pero se cobran, contratos que se trocean para saltarse controles, trabajos que se cobran dos veces y presupuestos inflados. Y todo a cambio del delito más grave por el que pueden acusar a un político: el cohecho. Es decir, adjudicar obras a cambio de algo. El qué o lo qué lo sabremos en cuanto la Policía acabe su trabajo y entregue las diligencias. Los compañeros de ABC ya han apuntado una primera dádiva: un fin de semana en un balneario con todos los gastos pagados.

Sorprende, mucho, que en 2021 sigamos conociendo actuaciones sobre el papel, y presuntamente de nuevo, tan poco sutiles. Esperaremos a conocer las diligencias policiales y las decisiones del juez, pero si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, ¡seguramente es un pato!