Una deuda en Córdoba con los derechos humanos

Córdoba, noviembre de 2022. Han pasado ya más de 86 años desde que el golpe militar de 1936 llenase los cementerios de la ciudad. Se calcula que entre San Rafael y La Salud hay más de 4.000 víctimas de la represión, fusiladas sin juicio. La mayoría lo fueron en los primeros meses de la Guerra Civil en España, una contienda que en Córdoba capital apenas duró unas horas. La ciudad cayó rápidamente de manos de los golpistas, que iniciaron en el minuto uno una cruentísima represión.

En estos 86 años ha dado tiempo a que acabase la guerra y las cuatro décadas de franquismo. A que regresase la democracia, a que se consolidase y superase un nuevo golpe de estado, y a que España ingresase en la ONU y en la Unión Europea. En Córdoba, parece ser, aún va a pasar un tiempo más hasta que los hijos y nietos, sobrinos y descendientes, de esas 4.000 víctimas de la represión puedan dignificar su memoria.

Llevo escribiendo 20 años de memoria histórica. A finales de los noventa pero sobre todo en los primeros dos mil. Eran los nietos de las víctimas los que habían perdido el miedo a hablar del tema. Sus padres, sus abuelos, aún seguían conmocionados y temerosos. Entrevisté a una señora de 80 años que aún se hacía pipí encima cuando veía a la Guardia Civil. A los maquis cordobeses que lograron sobrevivir y que marcharon al exilio. A combatientes de ambos bandos. Y a testigos de los fusilamientos, que señalaban sin ningún género de duda dónde se habían enterrado a los muertos. Así fue como, por ejemplo, se dio en La Guijarrosa y en Santaella con las fosas comunes.

En 2022 muchos, por no decir casi todos, de esos testigos han muerto. A los hijos de las víctimas empieza a quedarle poco. Los que lograron conocer a sus padres tienen, al menos, más de 86 años. Tanto tiempo después, en su mayoría, han logrado superar el miedo inoculado durante cuatro décadas de franquismo, y una de las deudas pendientes con la vida es, precisamente, poder enterrar dignamente a sus antepasados. Nada más y nada menos.

Hace una década, la ONU instó a España a exhumar las fosas y cumplir con los derechos humanos. En Córdoba, los más de 4.000 muertos sepultados en fosas comunes no eran combatientes, en su inmensa mayoría. Eran cordobeses que tenían una ideología diferente, que se habían significado políticamente o, simplemente, que estaban en el lugar inadecuado en el peor momento. Muchos cayeron simplemente por rencillas personales. O incluso por confusión o al azar. Sabemos que el terrible Don Bruno decidió fusilar a casi todos los ferroviarios cordobeses a los que acusaba de haber boicoteado las líneas de tren.

86 años después, la ciudad de Córdoba tiene una deuda con los hijos de estos muertos, que se están muriendo sin poder enterrarlos dignamente. Es inaudito que un proyecto para el que hay dinero en el banco no se haya iniciado aún por no sé qué problema administrativo. Aunque haya pasado tanto tiempo es urgente. Desgraciadamente, a estas víctimas se le está acabando el tiempo.