Esta casa es una ruina

Las noticias sobre problemas en la urbanización Mirabueno no son una novedad, pero parecen de entidad. De forma triste me recuerda a "Esta casa es una ruina", donde una joven pareja (un barbilampiño Tom Hanks, y Shelley Long, la de Cheers) buscan una casa donde vivir que se convierte en una pesadilla, en este caso, porque la antigüedad enmascarada de la misma da la cara. Los costes de la rehabilitación a la que deben hacer frente, y el desgaste emocional que significa tener una casa “nueva” en permanentes obras, está a punto de acabar con la propia vida familiar. Ahora nos vamos enterando que las casas que se construyeron hace cinco o seis años en Mirabueno, pero también en otras zonas como Carrera del Caballo, presentan deficiencias graves que tienen desesperados a sus habitantes, a los que se las vendieron a precios de máxima calidad.

Para los que no se sitúen, Mirabueno es esa barriada que se ha levantado entre el Naranjo y Valdeolleros-Chinales. En el PGOU de 1991 se conocía como Plan Parcial Norte 1 (PP N-1), y es uno de los primeros que se pusieron en valor. El mayor propietario de los terrenos era Marín-Hilinger, por aquel entonces, parte del triunvirato urbanístico (Marín, Gómez, Romero) que se puso al frente del Córdoba CF, justamente, para defender sus intereses en el desarrollo del PGOU, con el aval y apoyo de la Faraona Aguilar y el silencio cómplice de MelladoZero y de PePeNieto. Gómez ha podido sacar adelante Carrera del Caballo y Cortijo del Cura, y Prasa se ha quedado pendiente de la Ciudad Jardín de Levante. Lo sucedido no es sino muestra del fracaso de un modelo de planificación urbanística al servicio de unos pocos.

Ese suelo se puso en valor con unas condiciones pactadas por todos, entre las que estaban que tuviera un 25% de VPO y que pagara parte de la Ronda Norte. Lo primero se cumplió, habiendo Vimcorsa construido parte de esas viviendas protegidas. El resto de lo edificado se vendió a precio de boom inmobiliario, cobrando sobre plano, y con la hipoteca por delante. Por otra parte, el trozo de Ronda (o vial similar) era necesario construirlo para dar salida a los habitantes que poblarían la urbanización al final de la misma. Como es preceptivo, los propietarios de los suelos, una vez reparcelada la zona, debían pagar la urbanización de todo el sector, que, lógicamente, se repercute sobre el precio de la vivienda. Aquí entran las zonas verdes y espacios libres, así como acerados, viales, alumbrado, infraestructuras y servicios, ...

En pleno proceso de construcción, los problemas económicos llegaron a Marín-Hilinger y empezaron a retrasar plazos de construcción, ya no de las viviendas, sino de la misma urbanización de la zona que debía terminarse con anterioridad. La presión de los compradores de las viviendas, debido a que no se le entregaban las mismas, teniendo en cuenta que, en muchos casos, habían vendido su vivienda anterior para sufragar parte del coste de la nueva inversión, hizo que el Ayuntamiento cediera a dividir la urbanización en dos partes para poder recibir, provisionalmente, al menos un trozo de la misma, si bien con la condición de que se debía complementar el resto y que las licencias de primera ocupación se condicionaban a ello. De esa forma, muchos pudieron ocupar sus viviendas, pero eran conscientes de que el barrio como tal tardaría mucho tiempo en estar acabado.

Marín-Hilinger empezó una huída hacia adelante, achacando al coste de la carga del trozo de la Ronda Norte que no pudiera acabar la urbanización. Los vecinos empezaron a movilizarse y exigieron al Ayuntamiento que les asegurara el fin de las obras. El Ayuntamiento accedió a usar el aval de Cajasur que había tenido que presentar en garantía Marín-Hilinger, llegando incluso a cobrarlo. Se encargó la redacción de las obras que faltaban pero, finalmente, los tribunales decidieron que el aval no estaba bien constituido y que el Ayuntamiento debía devolver el dinero, por lo que se paralizó la contratación de las obras. De esta forma, la responsabilidad ha vuelto, ya no a Marín, sino a quien se ha quedado con la empresa, que resulta que es el socio que se ha buscado Díaz Ferrán para hacer sus enjuagues. Y el problema es que, mientras no se efectúe bien la urbanización, el Ayuntamiento no puede encargarse de su mantenimiento, ni de su limpieza o arreglo.

Si la situación del barrio es, pues, de difícil solución, ahora han aparecido grietas en las casas que se achacan al terreno. Al oír esas razones, no puedo sino recordar que las viviendas tienen un proyecto elaborado por arquitectos titulados, y que le ha sido concedida licencia tras su estudio por la Gerencia. Tanto en el proceso de realización del proyecto, como en su estudio posterior, los tipos de suelos son conocidos y, por tanto, las soluciones arquitectónicas que se tenían que haber adoptado, también. Otra cosa es que las distintas subcontratas hayan ido ahorrando en la ejecución. Claro, ahora la Gerencia se lava las manos diciendo que son defectos de la construcción, sin asumir que le dio pemiso a hacerlo, y el promotor, que debería tener alguna responsabilidad por vicios ocultos o similar, prácticamente está desparecido en combate. Así que a los vecinos solo les queda, como a Tom Hanks y Shelley Long, encargarse del arreglo con sus propios fondos, convencidos de que han sido ¿estafados?