En una entrevista, el cineasta Orson Welles se refería a lo que ocurrió en Hollywood durante la Caza de Brujas (la persecución de las ideas comunistas en la meca del cine durante los 50 del pasado siglo) como un grupo de gente que traicionó sus principios y a sus propios amigos para salvar sus piscinas.
Era un reduccionismo perfecto para definir uno de los males de nuestro tiempo: el conservadurismo va mucho más allá de las ideas políticas. Uno se vuelve conservador cuando tiene algo que conservar (su trabajo, su casa, su piscina). Ante ese escenario -el fin de algo preciado-, hay quien opta por enterrar sus ideales. También hay quien los antepone.
Esta semana, una parte pequeña, pero valiente del mundo de la música española ha iniciado un boicot contra los festivales que organizan empresas vinculadas a un fondo pro israelí. Decenas de grupos y artistas han rechazado formar parte de aquellos festivales que tengan vínculos con KKR, un conglomerado de estos que lo mismo te vende casas robadas en Palestina que edificios de vecinos desahuciados en ciudades dormitorio de la periferia.
Fondos de inversión dirigidos por una élite que, en muchos casos, no sabe ni lo que adquiere su equipo de compras, pero que asumen con gusto la conversión de la tristeza, desesperación y la ira en ceros que engordan sus balances contables, así como la excitación, el subidón de pastillas y las carteras vacías que dejan los festivales de música, que hace tiempo que mayoritariamente optaron por abandonar la contracultura para convertirse en un negocio.
Y es muy loable que haya grupos y artistas que quieran bajar de esa noria anteponiendo sus ideales. Del mismo modo que, a quien esto escribe, le parece comprensible que haya otros grupos y artistas que prefieran no romper contratos y conservar su -a menudo precario- estatus económico. Lo criticable, quizá, sea guardar silencio ante la masacre y la injusticia.
Aunque, en estos momentos, quizá lo más disruptivo sea mantener la invitación, plantarse en el escenario y gritar que el Gobierno de Israel es un gobierno genocida. Y decir, alto y claro, que el genocidio vive en la impunidad precisamente gracias a los actores económicos que viven de convertir la muerte y la desolación en ceros en la cuenta.
Hacer eso, aceptar de facto tocar para beneficiar a los cómplices de un genocidio, puede parecer una contradicción. Lo es, de hecho. Pero es un caso más de la discordancia en la que vivimos instalados debido a un sistema que, muy inteligentemente, ha desplazado la responsabilidad ética hacia los de abajo.
Este caso es un ejemplo claro: no se está presionando para que el gigante KKR se deshaga de Sonar, Viña Rock o Riff Producciones; se exige a los que están abajo en esa cadena, a los festivales, que rompan ellos con el poderoso, aunque eso implique arruinarse o entrar en un pleito que puede durar años; se reclama, a su vez, a los grupos que rompan con los festivales, aunque eso les acabe penalizando cuando todo esto se haya olvidado ; y, finalmente, se reclama a los consumidores que no vayan a ver a sus grupos favoritos, aunque hayan estado ahorrando para poder disfrutar de un necesario respiro marcado por la excitación y el subidón.
La sociedad actual vive inmersa en una paradoja constante en la que cada uno convive con sus hábitos contradictorios lo mejor que puede. La cosa es que no me imagino una campaña en la que se exija a la gente que no acepte un trabajo en Inditex porque la empresa de Amancio Ortega haya estado vinculada a la explotación infantil.
Pensar que los músicos de este país tienen que ser diferentes a los trabajadores de Zara, me parece que es desconocer la realidad de un sector en la que la gran mayoría vive en la precariedad o en una situación muy delicada frente a promotores y programadores. No creo que haya que exigirle a nadie que se lance a la piscina solo para satisfacer nuestras ansias de justicia.
Al final es lo de siempre: nos han vendido el camelo de que somos los ciudadadanos los que tenemos que parar el genocidio o seremos cómplices, cuando la realidad es que hacer frente a algo tan terrible no corresponde directamente al ciudadano de a pie ni a los músicos. Corresponde a los gobiernos y los poderes económicos. Por lo tanto, ¿no deberíamos estar investigando qué ayuntamientos y gobiernos ponen dinero público o ceden terrenos gratuitos a los festivales y promotores adquiridos por KKR, en vez de promover un boicot contra las familias que viven de la música en directo?
Yo así lo creo. Creo que es mejor dirigir la furia y la frustración hacia ellos y dejar a los artistas crear y expresarse, sin tener que sufrir por ello más penurias económicas que las propias de un país donde rara vez triunfa el que más talento tiene.
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