Voy a intentar resumir brevemente y en estas líneas mi actual punto de vista  sobre el feo asunto de las inmatriculaciones cordobesas con toda la objetividad posible y sin tecnicismo jurídico alguno. Me quiero hacer entender por cristianos, por tirios y por troyanos. Diocesanos y acólitos vendrán luego que me acusen sin causa justa de falta de rigor y de mala fe. Una muy delicada y no menos aseada peineta para todas sus dignas mercedes.

Resulta que la legislación vigente permite a los obispos inmatricular bienes  inmuebles sin la necesidad de acreditar los requisitos formales y las titularidades que se exigen a los demás mortales. Eso representa un gran privilegio. Y una gran responsabilidad también. Porque esa prerrogativa se otorga, o eso se supone,  en función de la presunción de una cierta decencia, de una cierta ética, de una mínima lealtad,  y de un relativo buen sentido de la solidaridad y del interés público.

Y resulta también que algunos diocesanos españoles, jugadores de ventaja, llanamente la han aprovechado para registrar, en su beneficio personal o institucional, algunos bienes inmuebles de titularidad dudosa, o incluso otros que debían saber a conciencia que son ajenos, e incluso públicos. Y lo han hecho en un registro público, no lo niego, pero por el portillo trasero y en noche cerrada. Hasta el punto de que las alarmas no han llegado a sonar hasta muchos años después y por casualidad, o gracias al encomiable celo de periodistas comprometidos o  de plataformas ciudadanas. 

Casi todo ello ha resultado posible gracias a que, históricamente, los distintos responsables políticos locales se han ido pasando los inventarios municipales por el grueso forro de su capricho o de su incompetencia. Y porque, salvo que se vea jurídicamente acorralado, no parece que haya hoy un político - tampoco en Córdoba- que tenga los santos redaños de poner a una Diócesis vampírica en el sitio que le corresponde y que Cristo le encomienda. Lo del voto católico y su posible fluctuación sensiblera y diletante acojona al más pintado. Ya sean fieles de la hoz y del martillo con verdín, de la rosa estacional transgénica o de la gaviota fluvial y carroñera.

Resulta además curiosa la generalizada indolencia ciudadana ante el problema, que ha de ser  prima y consanguínea de la desinformación cazurra y del miedo al porvenir. El asunto del empleo, por el contrario,  sí resulta un argumento que cala y que renta a los politicastros putiféricos; cuando lo cierto es que los Ayuntamientos, en este momento, carecen de competencias concretas sobre tal cuestión. Pero en cambio, la usurpación del dominio público, no parece que conmueva  a nadie. Y sin embargo, no hay tarea más esencial y obligación más relevante para un gobierno municipal que la gestión y la tutela del interés general y del dominio público. De lo que a todos pertenece.

Cordobés o cordobesa que me lees: me importa un rábano si eres católico, musulmán, ateo, mormón o politeísta confeso revenido y fermentado. Si un obispo nos usurpa una plaza, una ermita o un kiosco, nos lo quita a todos. Y si mientras tanto un fiscal o un juez permanecen impasibles o se giñan en la toga ante la imposición de consignas o mandatos, también nos defraudan a todos.

En suma, que resulta evidente que esta no es una cuestión religiosa ni política; ni debe serlo nunca. ¿Se entiende de una puñetera vez? Que es cosa de decencia, de honradez, de lealtad, de solidaridad, de sensatez, de interés general y en definitiva, de poder mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza infinita. Al que le quede.

Cuando un obispo felón y sus palmeros mecen la cuna, debes temer por el futuro de tus hijos y de tu ciudad. Es así de simple y de cierto. Así pues, no lo toleres. No lo consientas.

Carlos Baquerín

Concejal. Diputado provincial.