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Sobre la huelga de la justicia

Entierro simulado en los pasillos de la Ciudad de la Justicia

Eva María López Ruiz

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La justicia lleva desde primeros de año colapsada por las huelgas. Sin embargo, poco se habla de los perjuicios que esto ocasiona a la ciudadanía y a los profesionales que operan en ella. En Córdoba hay casi 3.000 demandas sin repartir y son cientos las vistas y actuaciones judiciales suspendidas. La actual huelga de los cuerpos generales es consecuencia de la anterior huelga de Letrados de la Administración de Justicia, que se hizo con reivindicaciones y declaraciones directamente en contra de los cuerpos generales, los “curritos” de esta administración.

Esa huelga terminó con un buen acuerdo económico tras dos meses. Fue el detonante para que los funcionarios se pusieran también en huelga, siendo un colectivo acostumbrado a trabajar asumiendo funciones superiores a su categoría y con unos medios técnicos precarios. Esta Administración es clasista, rozando a veces el caciquismo. Cabe recordar que las contrataciones de interinos se hacían a dedo por el entonces Secretario Judicial hasta la decada de los 90. La costumbre franquista de hacer algún tipo de regalo o prebenda a los funcionarios por la rápida tramitación de los asuntos también pervivió mas de lo deseado.

Esta es una Administración de idiosincrasia conservadora tirando a rancia. Y soporta uno de los poderes del Estado de derecho. Pero estamos en 2023 y las personas que trabajamos en justicia queremos dignidad; somos servidores públicos no lacayos. Sin nosotros la justicia no se mueve, queremos tener nuestras funciones claras y no desempeñar unas tareas u otras según los juzgados, pequeños reinos de taifas donde los señores pueden echarnos su trabajo cobrándolo ellos.

Que le hayan subido el sueldo a letrados y magistrados, estos últimos sin moverse, aumentando la brecha salarial mientras en el futuro se plantea la consolidación de la indefinición de funciones, la movilidad funcional arbitraria y la supresión de la interinidad, debiendo asumir el trabajo de compañeros de baja o vacaciones, es una humillación difícil de digerir. No escucharnos es otro error más del actual gobierno.

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