El español de la señora Ayuso

Seguro que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, debería conocer perfectamente el contenido de la Constitución Española. Es su deber y su obligación como representante política. Sin embargo, su partido y ella misma, que se manifiestan reiteradamente constitucionalista, sólo defiende aquellos apartados que les convienen, como monarquía, bandera, himno, mercado, propiedad privada... Sin embargo, incumple o rechaza, en su práctica política, aquellos otros que desarrollan los derechos sociales (progresividad en los impuestos, derecho a la vivienda, salarios suficientes y pensiones dignas, sanidad y educación públicas, renovación de las instituciones,...). Les interesa y preocupa la Constitución sólo para, apropiándose de ella, ponerla a su servicio y atacar a sus adversarios políticos.

Esta derecha conservadora no cree que la democracia deba impregnar todas las actuaciones, toda la práctica que necesariamente debe desarrollar como partido político. Así, por ejemplo, tacha de ilegítimo al Gobierno elegido por la mayoría de los representes del pueblo en el Congreso, impide que se pueda establecer la legalidad de una institución tan importante como el Consejo General del Poder Judicial que tiene desde hace más de dos años el mandato cumplido y que controla a los órganos judiciales y elige a sus componentes; no está dispuesto a renovar el Tribunal de Cuentas (TC) con mandato caducado. Resulta sorprenderte que esta institución, el TC, durante las últimas décadas no haya sido capaz de descubrir y denunciar la corrupción endémica del PP y, sin embargo, haya sido tan diligente, tan eficaz en descubrir la malversación de fondos públicos del “Procés”.

Como recoge muy bien argumentado el magistrado y jurista español Joaquim Bosch (Público.es, 5-7-21), el artículo 3 de la Constitución Española recoge con total claridad que “el castellano es la lengua oficial de estado” y no el español. Continúa: “esta denominación fue una apuesta a favor de la diversidad lingüística del país...El nombre oficial de castellano vincula a los poderes públicos en la elaboración de normas y en la identificación de organismos”.

Cuando se inventa “la oficina del español” para colocar a Toni Cantó, la Sra. Presidenta lo hace por amor a los servicios prestados, por su apoyo durante la campaña electoral del 5M. Claro, a este caballero había que colocarlo. No se pudo presentar a las elecciones para salir de diputado, no se empadronó en su momento, y había quedado compuesto y sin novia.

¿Realmente el nombre propuesto responde a la posibilidad de conseguir los objetivos recogidos en el decreto de creación? Indudablemente no. Si hablamos del “español” como lengua, se debería hablar en plural “lenguas españolas”, puesto que también lo son, además del castellano, aquellas oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas: catalán, euskera y gallego.

La Sra. Ayuso no se siente vinculada institucionalmente con la Constitución. Por eso, ha tergiversado el contenido sobre la lengua oficial española, plegando el artículo 3 a sus deseos españolista. No nos puede extrañar. Esta propuesta está teñida de una ignorancia absoluta del texto constitucional que tanto dice respetar y de unos tintes patrimoniales de todo lo relacionado con “lo español”.

El PP tiene flaca memoria para su corrupción y para las duras denuncias que el Sr. Cantó ha realizado sobre los populares. Por eso, le ha perdonado que pidiera una comisión de investigación para esclarecer el comportamiento corrupto del partido, que dijera que el PP era “una máquina de corrupción masiva”, que este partido, con fondos irregulares, había pervertido la democracia, que lo acusara de acabar con la sanidad pública, que afirmara que sus miembros cobraban con dinero negro de la corrupción y mucho más...Calificaba a Pablo Casado como “una muestra del PP rancio de toda la vida”. El PP sí paga a traidores cuando entran en su redil, lo ha hecho demasiadas veces.

El Sr. Cantó ha repartido exabruptos por doquier. Así, se dedicó a calificar de “chiringuito” al Ministerio de Igualdad, al Instituto de la Mujer o al Servicio Andaluz de Empleo. Propuso una “ley antienchufes” en Comunidad Valenciana para acabar con los contratos a dedo de los populares. Pero, por “la boca muere el pez” y ahora tiene tragarse sus acusaciones para integrarse en un auténtico chiringuito, creado de la nada, para nada. Ya hizo otro el PP en 2013 al montar una Fundación sin actividad conocida para regalar un sueldo anual de 83000 euros a Santiago Abascal.

El Sr. Cantó, no ha tenido ningún escrúpulo en aceptar ser el director del chiringuito: “la oficina del español”, que ha sido creada ad hoc para satisfacer sus ansias de poder, ganar “unos dinerillos” y no volver, como prometió, a su cargo profesional de casi actor. La Sra. Ayuso le ha compensado su apoyo incondicional con un sueldo anual de más de 70000 euros ¡El bien “pagao”!

Es posible que, entre los objetivos de esta nueva oficina, haya colado en la comunidad madrileña la posibilidad de colaborar y potenciar no sólo el castellano, sino también las demás lenguas españolas. Sería novedoso e importante. Pero sólo con la defensa del castellano ¿Será capaz, el Sr. Cantó, de dar el uso adecuado y correcto a los conceptos que el PP ha denigrado, vejado y usurpado en su provecho, como libertad, democracia, Constitución, igualdad, …? Pero eso, no lo hará. El puesto le viene demasiado largo y no tiene ni la formación, ni las capacidades lingüísticas necesarias para ello. Él mismo lo ha demostrado en los tuits publicados, en los que ha evidenciado su incultura del idioma que tiene que potenciar. Ese cargo sólo servirá para, con su exquisito sueldo mensual, sentado en una oficina sin visos de trabajo, pagar la adhesión al partido que denigró.

Con la “oficina del español” y la persona elegida, hay otra posibilidad ¿No será que a la Sra. Ayuso no le gusta el “habla madrileña”, desviada de los cánones de pronunciación del auténtico castellano y quiere acabar con el yeísmo, loísmo, laísmo y leísmo, aspiración de /s/ implosiva, desaparición del ejque, …? A lo mejor para ella hay que hablar “el español” puro, pues las deviaciones de su uso cotidiano, pueden significar que esos hablantes son menos inteligentes, perezosos e incultos. Por tanto, habría que reconducirlos al “habla auténtica”.

Pienso que el nombre propuesto suena más que a defender, acrecentar y difundir nuestro idioma común, el castellano, que está presente e implantado en todo el estado, a una posible cuenta pendiente que la derecha tiene en mente desde hace tiempo. El nombrecito suena más bien y se puede confundir fácilmente con la calificación y otorgamiento de “carnet de español” para todos aquellos patriotas que se lo merecen por su comportamiento ejemplar. Por ello, seguro que ya tienen muchos y buenos candidatos. Con una lista larga, serán buenos españoles, calificados de personas de bien y modelos a seguir, los cientos de individuos del PP que están acusados, algunos condenados por corrupción, robo, pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos y con millones de euros, a buen recaudo, en paraísos fiscales.

Estos políticos, procesados, condenados o en la cárcel, fueron para los populares el ejemplo claro de lo que debería ser “ese verdadero español, ejemplo de patriota”. Pero también podrían ser aspirantes, para esta derecha cerril, sus políticos que, aliados con la extrema derecha, dónde gobiernan, toman decisiones y legislan contra los derechos fundamentales de la inmensa mayoría de la ciudadanía, destrozando la sanidad y educación públicas, especulando con el suelo, bajando los impuestos a los ricos y grandes empresas, eliminando las ayudas de asistencia social y privatizando los servicios públicos, sin importarles la difícil situación que padecen una gran mayoría de la población más vulnerable, más necesitada.

Pero claro, el PP, con su política neoliberal, manifiesta cuáles son sus preferencias políticas y sociales. Lo demuestran con su fuerte vinculación y sometimiento a los grandes poderes económicos, sin importarles nada la inmensa mayoría de la ciudadanía. La desgracia para este país es que millones de personas, en situación de precariedad y en grave riesgo de exclusión social, voten, en contra de sus propios intereses, a este partido que propicia la grave existencia que padecen.