Una precisión semántica

 

"La Iglesia no quiere privilegios"

(Demetrio Fernández. Obispo de Córdoba)

Se nos vino a la cabeza esta frase de monseñor cuando conocimos ayer la decisión del Parlamento andaluz de recurrir la Ley Hipotecaria ante el Tribunal Constitucional. El artículo 206 de la citada ley equipara a la Iglesia católica con el Estado y el 304 de su reglamento atribuye a los obispos (precisamente) condición de fedatarios públicos. Quiere decirse que si un diocesano va al registro de la propiedad no necesita, como usted o como yo, ningún título que demuestre que es titular de un bien inmueble. Lo dice el obispo y punto.

No hace falta ser catedrático de Derecho para inferir que esta norma tiene un aire medieval que tira para atrás. Baste decir que fue promulgada por el generalísimo en 1946, apenas diez años después de emprender su cruzada contra la anti España y levantar un Estado a caballo entre un cuartel de artillería y un convento de franciscanos.

Pero sucede que estamos en el tercer milenio. Que Galileo Galilei ya demostró que la Tierra era redonda, que Apple acaba de lanzar su iPhone 6 Plus y que la Constitución de 1978 consagró la aconfesionalidad del Estado. Lo cual no ha impedido, según vamos viendo, que la Iglesia haya registrado a su nombre miles de bienes en base a una norma del pleistoceno. Entre ellos, nada menos que la Mezquita de Córdoba, memoria inalienable de sus ciudadanos y Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco.

Volvamos, entonces, a la frase del obispo. Es posible que la Iglesia no quiera privilegios. Pero tenerlos, los tiene.