El fin del comercio de armas con Israel y el plan de desconexión tecnológica de su poderosa industria militar anunciado por el Gobierno español ha sido una mera cortina de humo para neutralizar la presión social aunque sin efectos prácticos verificables. Esa es la contundente conclusión de un nuevo informe emitido por el prestigioso Centro Delàs de Estudios por la Paz publicado la semana pasada bajo el título de Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel.

El dosier, de 31 páginas, analiza detalladamente la aplicación del real decreto ley 10/2025 de “medidas urgentes contra el genocidio de Gaza”, que cumple ahora seis meses desde su promulgación. El exhaustivo trabajo, firmado por el profesor Eduardo Melero Alonso, examina con detenimiento la situación del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad, conocido por sus siglas SILAM, que se fabrica en Córdoba en el Parque Tecnológico de Rabanales tras la firma de un contrato en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y un consorcio formado por Escribano M&E y Rheinmetall Expal.

Los lanzacohetes SILAM incorporan tecnología militar israelí suministrada por el gigante armamentístico Elbit Systems, cuya eficiencia mortífera está “probada en combate” en Gaza y los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967. Ante la creciente presión social y política, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2025 el inicio de un embargo de armas a Israel y un plan de desconexión tecnológica que afectaba de lleno al proyecto de Córdoba.

El informe del Centro Delàs niega que la desconexión de la patente israelí se haya producido realmente y sostiene que el Ministerio de Defensa “engañó a la opinión pública” al hacer creer que se había anulado el contrato con Escribano para buscar una alternativa a la tecnología aportada por Elbit Systems. Minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara la suspensión del comercio de armas con Israel el 9 de septiembre pasado, el contrato de SILAM era formalmente anulado, según quedó reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Centro Delàs asegura que la rescisión del contrato no se produjo de forma efectiva ni tuvo consecuencias jurídicas de ningún tipo. “Lo que se anuló fue la publicación del anuncio de adjudicación”, indica el informe del investigador Melero, de tal forma que el lanzacohetes SILAM ha seguido su proceso de fabricación con la inclusión de la tecnología israelí pactada con Elbit Systems. “Jurídicamente”, explica el documento de Delàs, “para anular la adjudicación de un contrato se tiene que acordar el desistimiento (…) o su resolución”.

En ese caso, el Gobierno tenía que haber iniciado un “procedimiento administrativo en el que, entre otros trámites, debe darse audiencia a la empresa adjudicataria del contrato”. La anulación de la publicación del anuncio, por tanto, “no implica ni desistimiento ni resolución de contratos”, afirma el Centro Delàs. Y añade: “La Plataforma de Contratación del Sector Público no recoge ningún acuerdo por el que se desiste del contrato o se resuelve, a pesar de que es obligatorio que se hagan públicos, según el artículo 8.1a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre” de transparencia.

Todo ello pone de manifiesto, en opinión del observatorio de estudios por la paz, que el objetivo del Ministerio de Defensa era “desinformar a la opinión pública española”. Delàs también pone en duda la veracidad del plan alternativo presentado públicamente por Escribano y Rheinmetall en diciembre pasado para descartar la tecnología israelí de los lanzacohetes que se fabrican en Córdoba. “Resulta llamativo cuando en septiembre de 2025 se planeaba realizar ensayos en el mar de la munición utilizada por el SILAM”, según denuncia el dosier del Centro Delàs, en consonancia con la información publicada por Cordópolis en octubre pasado. Este periódico ya reveló entonces que Escribano había entregado al Ejército un prototipo del SILAM en diciembre de 2024, lo que arrojaba serias dudas sobre la presunta desconexión militar israelí.

El Ministerio de Defensa anuló la publicidad de los contratos del SILAM pero mantuvo los ensayos en el mar que perseguían calificar los cohetes Accular, Extra y Hawk Predator, además del sistema lanzador. “Todos estos cohetes se encuentran bajo patente de la empresa israelí Elbit Systems”, según indica Delàs en su informe.

El centro de investigaciones antimilitaristas cree además que la alternativa a Elbit Systems que baraja Defensa y las empresas concesionarias puede provenir de un programa armamentístico alemán, donde se produce y comercializa el sistema EuroPULS, una variante del modelo israelí resultado de la cooperación tecnológica entre Elbit Systems y KNDS Alemania. Esa sería la manera de “burlar” las restricciones del embargo español, toda vez que el real decreto ley no prohíbe las operaciones en el interior de la UE. La firma armamentística israelí, además, cuenta con una filial en Alemania: Elbit Systems Deutschland GmbH. El Gobierno alemán es un fiel aliado del régimen de Tel Aviv y uno de sus principales proveedores de armas incluso en los meses más mortíferos del genocidio de Gaza.

El dosier de Delàs acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber mantenido una “política activa” de “opacidad” y “desinformación” sobre las relaciones armamentísticas entre España e Israel, pese al embargo decretado hace seis meses. Todas las cuestiones planteadas a Defensa sobre el lanzacohetes SILAM han sido contestadas en términos “vagos” y “generales” cuando no con “información engañosa”. Y agrega: “La secretaria de Defensa mintió en sede parlamentaria al afirmar que se habían anulado los contratos adjudicados”.

El demoledor informe denuncia la ausencia de “voluntad política” para imponer un “embargo integral” de armas a Israel y asegura que mantener este tipo de relaciones con Tel Aviv implica colaborar con la industria de seguridad y defensa de un “Estado genocida” que aplica desde hace décadas contra los palestinos un “régimen de apartheid”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha destacado que la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cero Muriano (Córdoba), es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra, pues, ya sea en los principales escenarios internacionales o en despliegues en territorio nacional, la profesionalidad, exigencia y entrega de los militares de la BRI X es una muestra de la vocación de servicio y del compromiso de las Fuerzas Armadas.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota, así se lo ha transmitido este jueves Margarita Robles, quien ha visitado en la base de Cerro Muriano, a los integrantes de esta unidad, “una de las mas potentes y resolutivas del Ejercito de Tierra, que cuenta con una rigurosa preparación y selección de personal para su participación en misiones muy exigentes”.

En un momento de “máxima preocupación tras estallar el conflicto en Oriente Medio”, la ministra ha querido recordar la importante labor que llevaron a cabo los integrantes de la BRI X en la mision Unifil en Libano, liderando la Brigada Multinacional Este desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, aportando 600 hombres y mujeres. Precisamente, este despliegue bajo el paraguas de la ONU coincidió con su participacion en el operativo desplegado con motivo de la Dana en la Comunidad Valenciana.

“Su vocación de servicio y capacitación es innegable”, ha señalado la ministra, quien el pasado septiembre impuso condecoraciones a varios de sus integrantes por su destacada entrega en estas dos operaciones. Previamente, la minuciosa preparación de esta unidad la ha llevado también a formar parte de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN.

Agilidad, adaptación y resolución

Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat, y el jefe de la BRI X, el general de Brigada Fernando Ruiz Gómez, ha realizado un recorrido por la base, donde ha visitado el puesto de mando táctico de esta unidad, concebida para ser una de las más ágiles y con mayor capacidad de adaptación y resolución de las Fuerzas Armadas.

La Brigada Guzmán el Bueno X, que tiene su mayoría de unidades en la base de Cerro Muriano, se creó hace 40 años como brigada de infantería mecanizada y en la actualidad está encuadrada en la División 'Castillejos'. Fue la primera unidad española en incorporarse al Eurocuerpo en 1995 y una de las primeras en participar en operaciones en el exterior, que la han llevado hasta Bosnia Herzegovina, Kosovo, Letonia o Irak.

El Ministerio de Defensa ha lanzado la licitación para la urbanización del sector este de la Base de Cerro Muriano con un presupuesto base que asciende a 2.444.360,02 euros. Este proyecto técnico constituye la fase previa e indispensable para la futura implementación de las infraestructuras necesarias para el nuevo vehículo de combate VCR 8x8 'Dragón'. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y representan el paso administrativo y técnico anterior a la construcción de los edificios finales, como talleres y hangares.

El objetivo central de esta intervención es acondicionar el terreno para dar soporte logístico a una flota de hasta 60 vehículos blindados, los cuales están destinados a sustituir de forma progresiva a los antiguos modelos TOA M113 de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X. Esta modernización se enmarca dentro del plan estratégico ‘Fuerza 2035’ del Ejército de Tierra. Para lograrlo, se contempla un ambicioso movimiento de tierras que supera los 15.000 metros cúbicos de desmonte.

La resistencia de la infraestructura es un pilar fundamental del diseño, por lo que se ha proyectado un firme rígido de alta capacidad diseñado para soportar el peso de vehículos pesados y carros de combate. El pavimento constará de una base de 25 centímetros de zahorra artificial y una capa de 21 centímetros de hormigón reforzado con 30 kilogramos por metro cúbico de fibras de acero, incluyendo un geotextil para evitar la contaminación entre las capas del suelo. Además de los viales principales, la obra civil integrará obstáculos “quitalodos” específicos para el tránsito de los blindados.

Un aspecto destacado de esta licitación es su enfoque en el futuro, ya que las redes de servicios se han dimensionado para permitir la ampliación de la base hacia parcelas adyacentes. En el ámbito eléctrico, se instalará un centro de transformación con dos transformadores de 400 kV cada uno, mientras que la red de abastecimiento de agua incluirá un sistema de bombeo para garantizar la presión necesaria tanto en el futuro taller como en las redes de riego.

El Ministerio de Defensa ha anunciado una modificación importante en el calendario de licitación para la Asistencia Técnica para la dirección de obra y gestión integrada de la construcción de la fase I de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General de ejército Javier Varela', que se ubicará en el Parque Industrial La Rinconada.

Según refleja la última actualización de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el plazo de presentación de ofertas, que inicialmente estaba previsto que finalizara el 19 de febrero de 2026, se ha ampliado oficialmente hasta el 13 de marzo de 2026 a las 23:59. Esta prórroga otorga más margen a las empresas interesadas en participar en este proyecto estratégico para la ciudad de Córdoba, cuyo valor estimado asciende a 8.880.000 euros, con un presupuesto base de licitación total de 8.954.000 euros -impuestos incluidos-.

La modificación del calendario no solo afecta a la recepción de las propuestas, sino que desplaza también los actos de apertura de sobres: el primero de documentación administrativa se traslada al 18 de marzo de 2026; y el tercero, el de ofertas económicas, tendrá lugar el 8 de abril.

El contrato tiene un plazo de ejecución previsto de 36 meses, con fecha de inicio estimada para el 1 de abril de 2026. El servicio se divide en tres lotes distintos: los dos primeros destinados a la dirección de obras de infraestructuras logísticas, de mantenimiento, administrativas y de servicios, y un tercer lote para la gestión integrada de la construcción.

Por otro lado, y para garantizar la correcta ejecución y evitar conflictos de intereses, un mismo licitador puede ser adjudicatario de los lotes 1 y 2, pero no podrá combinar un lote de dirección de obra con el de gestión integrada.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la filial española de la alemana Rheinmetall han presentado al Ministerio de Defensa una alternativa nacional a la tecnología militar israelí para el contrato del sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam), una licitación de 2023 valorada en casi 700 millones de euros y que el Gobierno canceló el pasado septiembre debido a que la propuesta de ambas empresas para el programa incluía tecnología del país hebreo.

Cabe recordar que la adjudicación de la licitación del Silam a la unión temporal de empresas (UTE) entre Escribano y Rheinmetall data de 2023, es decir, antes de que España decidiese vetar el comercio de armas con Israel en el marco de la política estatal contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, una decisión que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de septiembre.

“Con el objetivo de definir una solución española viable en el menor tiempo posible, la UTE formada por ambas compañías ha mantenido un intenso y continuado trabajo de coordinación con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.

Esta labor conjunta ha permitido analizar en profundidad las necesidades operativas para este programa y las capacidades existentes, sentando las bases de un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado“, han subrayado ambas compañías en un comunicado conjunto.

De este modo, han presentado una propuesta estructurada por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes que está concebido desde su origen “como un programa íntegramente nacional” y que contempla la entrega de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puesto de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y guiados.

“Este planteamiento permitirá avanzar de forma progresiva hacia la plena madurez tecnológica del sistema, asegurando su adecuación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo”, han agregado.

En esa línea, han subrayado que el programa Silam se integra en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa' elaborado por el Gobierno y a través del cual se están estructurando los programas de modernización militar del país.

En este contexto, las dos compañías han recalcado que el proyecto responde a los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas, contribuye al desarrollo de las capacidades de defensa de la Unión Europea y de la OTAN y refuerza capacidades industriales “clave”, las cadenas de suministro nacionales y la innovación tecnológica.

“El desarrollo de este sistema supone un avance significativo en el liderazgo de la industria española de defensa, al situarla en un ámbito tecnológico altamente especializado que actualmente dominan muy pocos países. La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y capacitado para abordar programas complejos, incrementando su competitividad y proyección futura”, han añadido.

Escribano y Rheinmetall también han puesto en valor que el programa permitirá adquirir de forma autónoma la capacitación nacional para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes guiados, algo que, desde su punto de vista, garantiza el “control soberano del conocimiento crítico y del ciclo de vida completo del sistema”.

El Ministerio de Defensa ha dado su primer gran paso administrativo para la construcción de la futura Base Logística del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela', un proyecto considerado estratégico a nivel nacional y cuya sede, como ya es sabido por todos, estará en Córdoba. El departamento ha publicado el documento que define la contratación de las asistencias técnicas de dirección facultativa y de gestión integrada de la construcción, paso previo imprescindible para iniciar las obras.

Este pliego, que forma parte del procedimiento para licitar los servicios profesionales que acompañarán a la ejecución y que cuenta con un presupuesto de 8.880.000 -impuestos incluidos, abarca la Fase 1 de la construcción, donde se incluyen las infraestructuras necesarias para la entrada en funcionamiento de la Base. Entre ellas se encuentran los edificios logísticos, industriales, administrativos y de servicios, así como la urbanización e instalaciones principales.

Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la operación implica la transformación de un suelo de 85 hectáreas dentro del Parque Industrial La Rinconada, cedido por el Ayuntamiento de Córdoba, donde se concentrarán instalaciones actualmente dispersas por todo el país. La Base apuesta por la tecnología avanzada, incorporando sistemas de robótica, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, impresión 3D y automatización logística.

El proyecto, que el propio Ministerio considera “de Estado”, centralizará capacidades estratégicas que podrán ser aprovechadas no solo por el Ejército de Tierra, sino también por otras Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso aliados internacionales.

Tres lotes de contratación

El pliego divide el contrato en tres grandes lotes: 1 y 2, dirección facultativa de las obras, que incluye funciones de dirección, ejecución, seguridad y salud, control de calidad o certificaciones; y 3, gestión integrada de la construcción, el órgano encargado de coordinar todos los lotes, unificar procedimientos y garantizar que se cumplen plazos, costes y estándares.

Además, la obra exigirá el uso de metodología, controles exhaustivos de seguridad y sostenibilidad, y una coordinación permanente entre Defensa, las direcciones facultativas y las constructoras.

Por otro lado, los terrenos escogidos cuentan con conexión directa a la autovía A-4 y proximidad a la línea ferroviaria Madrid-Cádiz, con posibilidad de crear un ramal propio que potenciaría el movimiento de materiales y vehículos. Actualmente, ya se encuentran muy avanzados dos proyectos preliminares: el vallado perimetral y la urbanización de viales y servicios del área.

La activación de este pliego supone el arranque real del proceso administrativo para adjudicar la dirección de las obras y, posteriormente, los contratos de ejecución. Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Defensa firmaron en 2021 el protocolo para impulsar la Base Logística, que está llamada a convertirse en uno de los mayores polos tecnológicos y de empleo de la provincia.

Una llegada que traerá polémica no por los medios en sí, sino que por toda la instrahistoria que hay detrás. La Base Militar de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, se prepara para recibir una nueva flota de vehículos de combate sobre ruedas 8x8 'Dragón', el modelo más moderno del Ejército de Tierra. En total, llegarán 54 unidades, dentro de la Fase I del plan de concentración de unidades impulsado por un Ministerio de Defensa que, hasta hace apenas un mes, mostraba su preocupación a Indra por los continuos retrasos a la hora de entregarlos.

La incorporación de estos vehículos, desarrollados por el consorcio Tess Defence -liderado por Indra-, supone un paso adelante en la modernización del material militar del Ejército y refuerza la posición estratégica de la base cordobesa como uno de los centros logísticos y operativos de referencia en Andalucía. Para acoger esta nueva dotación, Defensa ha adjudicado un proyecto de construcción de almacenes destinados al estacionamiento y mantenimiento de los vehículos y sus lotes de a bordo. La actuación, tramitada por la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra, cuenta con un presupuesto total de 1.907.173,81 euros.

Distribución de los nuevos vehículos

Según la documentación que trae consigo el pliego que aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la distribución de los 54 vehículos se realizará entre distintas unidades de la Brigada Guzmán el Bueno X:

Los vehículos 'Dragón', con tracción 8x8, destacan por su alta movilidad, protección balística y capacidad tecnológica, y están llamados a sustituir a los veteranos BMR del Ejército de Tierra. El plan de actualización de Cerro Muriano incluye otras actuaciones complementarias: la ampliación del sector este de la base, la construcción de dos centros de mantenimiento para los nuevos vehículos, la adaptación del lavadero de carros para uso mixto, y un edificio específico para el simulador del modelo 'Dragón'.

Si se cumplen los plazos de financiación y ejecución, las obras estarán finalizadas en julio de 2027, aunque ya existen ciertos retrasos inesperados. De hecho, Margarita Robles, ministra de Defensa, mostró su preocupación a principios de octubre por los retrasos en el programa de los blindados. De hecho, la máxima responsable de este departamento explicó a Indra que se reservaría las acciones oportunas, aunque ahora se ha dado un paso al frente con estos vehículos en la Base de Cerro Muriano.

El Ministerio de Defensa ha condecorado este viernes a 50 militares de la Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba que desarrollaron labores de apoyo tras el paso de la DANA en Valencia el pasado 29 de octubre. En total, han recibido medallas un total de 50 militares de diferentes rangos que, desde noviembre de 2024 hasta el 1 de febrero de 2025, estuvieron en los municipios más afectados por las inundaciones, aunque en el operativo participaron 1.669 efectivos. A ellos se sumó otro despliegue material formado por 75 vehículos ligeros, 35 pesados, 8 Vempar y seis máquinas de ingenieros.

Voluntariedad, disponibilidad y proactividad. Estas han sido las palabras más repetidas por el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno, Fernando Ruiz Gómez, para referirse a la actitud de todos los militares que participaron con el objetivo de paliar los efectos de las inundaciones del paso de la DANA. A su juicio, la principal característica del despliegue militar cordobés fue “la inmediatez”. “El 1 de noviembre recibimos la orden de alerta y el día 2 desplegamos ya a los zapadores. Y ya el 5 de noviembre se diseñó, por parte del Ejército, qué capacidades íbamos a mantener en el tiempo”, ha recordado el general, que ha explicado que estuvieron desplegados en el terreno hasta el 1 de febrero, aunque a partir del 24 de enero fue mermando la presencia de efectivos“.

Durante esos más de tres meses de trabajo, los militares asistieron a la población, buscaron fallecidos y limpiaron infraestructuras y sótanos. Además, un cabo auxilió a un bebé en parada respiratoria y un capitán, junto a otros dos cabos, asistieron a dos personas que fueron víctimas de un accidente de moto.

Antes de la imposición de las condecoraciones, el teniente coronel Julio Álvarez de Sotomayor, jefe del grupo táctico desplegado en la DANA, ha sido uno de los encargos de compartir los pormenores de la rápida y compleja operación. Según relató, la alerta interna se recibió a principios de noviembre a las 10:30 de la mañana, y para las 5 de la tarde del mismo día, ya estaban en disposición de salir.

Una vez asignada su zona de despliegue, la principal misión del grupo fue dar apoyo al batallón de Sevilla de Morón de la Unidad de Militar de Emergencia (UME), ejecutando principalmente tareas de limpieza y, crucialmente, la búsqueda de fallecidos. Recuerda la experiencia como “unos días muy duros” que quedaron “perfectamente grabados en nuestra memoria”. Explicó que, si bien durante la operación se mantiene un enfoque profesional en el trabajo, los sentimientos y el análisis profundo de la situación suelen emerger al regresar a casa. Confirmó que, en territorio nacional, fue uno de los episodios más duros por los que ha pasado su unidad.

El operativo bajo su mando estuvo formado por aproximadamente 300 personas. Este personal provenía de diversas unidades, incluyendo su propia unidad, el Regimiento de Infantería Garellano 45, así como personal del Grupo de Artillería, el Batallón de Cuartel General y los Regimientos de Infantería de la Reina y de Córdoba 10 [Régimen Acorazado 10]. Con posterioridad, se incorporó también personal del Grupo Logístico 10 y de la Unidad de Zapadores.

Entre los momentos más difíciles, recordó el hallazgo de uno de los fallecidos; una tarea que fue compleja porque, a menudo, había también restos de animales. Una vez identificado un posible cuerpo, el reconocimiento se realizaba por “palpeo” en la oscuridad, y tras confirmarse que era un cadáver, tuvieron que permanecer de guardia durante toda la noche hasta la mañana siguiente para el levantamiento del cuerpo.

Sobre la preparación, el teniente coronel subrayó la importancia de la formación militar: “Nosotros nos instruyamos para el combate”, considerándolo una situación “bastante más peligrosa”, y la disciplina es “el factor fundamental” para adaptarse a cualquier misión recibida. Además de las tareas de búsqueda y limpieza, el grupo también realizó misiones de apoyo a la población civil, preguntando por sus necesidades y coordinando la asistencia con la UME una vez recibida la autorización.

A pesar de la dureza de la operación, hubo momentos gratificantes, como la de recibir “el agradecimiento de personas que habían perdido muchas cosas de su vida”.

En un relevo posterior -la brigada cordobesa hizo hasta 11- participó el sargento Diego González Carrasco, destinado en el Batallón de Zapadores número 10 y jefe de pelotón. Llegó a Valencia cuando la situación ya se percibía “un poco más calmada”, aunque las principales funciones de su equipo siguieron siendo limpieza de edificio, la habilitación de caminos que aún no habían sido despejados, y la adecuación de zonas comunes para facilitar la distribución de comida por parte de las ONG. También brindaron apoyo directo a estas entidades y realizaron labores de limpieza en sótanos y garajes que seguían inundados.

El cabo Hermosilla, también destinado en el Batallón de Zapadores 10, formó parte de la primera oleada de intervención. Sus labores iniciales fueron intensas, incluyendo limpieza, ayuda directa a la gente, limpieza de calles, garajes y, específicamente, la extracción de coches. A pesar de las circunstancias, este cabo aseguró que los militares “estaban preparados gracias a los ejercicios realizados durante todo el año” y a despliegues previos como los que la brigada hizo en Toledo tras el temporal Filomena en enero de 2021.

Durante el acto, la ministra de Defensa, Margarita Robles -que no ha ofrecido declaraciones a los medios-, ha recordado en primer lugar al cabo y al soldado que fallecieron en diciembre de 2023 durante unas maniobras. “Mis primeras palabras son para decir que nunca olvidaremos a los que no están con nosotros por motivos que todo el mundo sabe. Los vamos a tener siempre en nuestros corazones y son la mejor manifestación de lo que son nuestras fuerzas armadas”, ha expuesto.

Después, ha agradecido -tanto a los condecorandos como a todos los militares que participaron en la operación- el trabajo que desarrollaron en Valencia, siendo este un reflejo “del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas”. “Cuando veo las imágenes, siento escalofríos. Veo lo que sufrió el pueblo de Valencia pero, también, cómo se entregaron ustedes, poniendo en riesgo su integridad y su salud”.

De Córdoba a Líbano

Durante el acto también se ha condecorado a 13 militares que han desarrollado su trabajo en Líbano. Hay que recordar que el personal de la Brigada Guzmán el Bueno X lideró la Brigada Multinacional Este en el marco de la misión Unifil, desde noviembre de 2024 al pasado mes de mayo, aportando en torno a 600 hombres y mujeres.

Por lo tanto, durante parte de ese periodo de tiempo, el despliegue de la brigada fue doble, en Valencia y en Líbano, evidenciando que los militares españoles están donde se les necesita. Necesidades que, en este caso, van desde la formación a militares de las Fuerzas Armadas libanesas, asistencia sanitaria o reconstrucción de las comunicaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este lunes “la importancia del mantenimiento” de la misión Unifil en Líbano, al visitar la base cordobesa de Cerro Muriano, después de que durante seis meses de misión, aproximadamente 600 hombres y mujeres de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X han realizado patrullas, tanto a pie como en vehículo, para vigilar permanentemente la línea de separación entre Líbano e Israel (Blue Line).

En la visita al contingente de la Brigada, la ministra ha subrayado que que “si las Fuerzas Armadas son la institución más valorada es gracias a todos y cada uno de ustedes que, con su profesionalidad y empatía se han ganado el respeto, el reconocimiento y el cariño de nuestro país y de aquellos donde se despliegan”.

Tras calificar como “fundamental” la misión Unifil en Líbano, Robles ha expresado que “gracias a su trabajo de pacificación, España contribuye a la paz en el mundo y a poder ayudar a la población civil que siempre sufre, muy de cerca e injustamente, las consecuencias de una situación de conflicto”, de ahí que haya agradecido “el apoyo humanitario, sanitario y formativo”.

“Da igual en Valencia que Líbano o Letonia, donde ahora hay un segundo contingente de la Brigada; ustedes son garantía; su uniforme proporciona seguridad a todos los que tienen la oportunidad de tenerles cerca”, ha enfatizado.

Al respecto, el contingente español ofrece apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes, garantizando el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso voluntario y seguro de las personas desplazadas.

La 'Guzmán el Bueno', una de las unidades más modernas y potentes del Ejército de Tierra, se creó hace 40 años como brigada de infantería mecanizada y, en la actualidad, está encuadrada en la División 'Castillejos'.

El Ministerio de Defensa ha cesado de sus funciones a dos de los cuatro militares procesados por las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León ocurridas en Cerro Muriano en diciembre de 2023.

Según ha informado a este medio el abogado de la familia de este último, Luis Romero Santos, el Boletín Oficial de Defensa publica este lunes ambos ceses, respondiendo, en parte, a las peticiones de las familias de los militares fallecidos durante un ejercicio.

De esta forma, el teniente está cesado de sus funciones desde el pasado viernes mientras que la decisión en el caso del comandante tiene efectos desde este sábado. Ambos militares cesan, así, en su actual destino en el Regimiento de Infantería La Reina número 2, ubicada en la base de Cerro Muriano, donde ocurrieron los hechos.

El letrado Romero Santos espera que en las próximas horas también sean cesados el capitán y el teniente coronel.

Cambio de tercio de 180 grados en el Ministerio de Defensa. Hace apenas un mes y medio que en Cordópolis publicábamos que Defensa reiteraba que los lanzamisiles que se van a fabricar en Córdoba debían tener tecnología israelí porque el proyecto no era “sustituible por otro proveedor”. Sin embargo, la cartera que dirige Margarita Robles ha dado una vuelta de tuerca, recula y ha iniciado un proceso de “desconexión paulatina de tecnología israelí”, tal y como han confirmado a este medio fuentes de Defensa.

¿En qué se traduce este nuevo giro? Por el momento, en dos aspectos clave. Por un lado, en la revocación de las licencias a la empresa israelí Rafael Advanced Defense System para fabricar en España misiles SPIKE LR2 contra carros. Y, por otro lado, en la reorientación del programa Silam (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), que buscaba dotar al Ejército de Tierra de lanzacohetes, construidos en su mayor parte en Córdoba y bajo tecnología israelí. Fue en octubre de 2023 cuando el Consejo de ministro aprobó el acuerdo por el que se autorizaba el contrato de fabricación de estos lanzacohetes por un valor de 576 millones de euros.

Es decir, de culminarse el proceso iniciado ahora por Defensa, el conglomerado empresarial formado por Escribano Mechanical & Engineering -asentada en Córdoba- y Expal se verá obligado a poner sus miras en otros mercados para sacar adelante estos lanzamisiles que disponen de una cobertura de fuego de 40 kilómetros con un refuerzo agregado de hasta 150. En modo misil balístico, tiene un alcance de 300 kilómetros con guía adicional para disparar múltiples cohetes y misiles de precisión. El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado 8 de noviembre de 2023 con la presencia del alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía, Javier Escribano.

Con este movimiento, España se suma al creciente grupo de países europeos que están revisando sus alianzas tecnológicas en defensa, apostando por una mayor independencia y control sobre sus capacidades militares. No obstante, el Ministerio de Defensa ya trasladó que ve “difícil” cumplir con un eventual embargo a la compraventa de armamento y material de defensa a Israel precisamente porque allí se desarrolla gran parte de la tecnología de ciberseguridad o Inteligencia Artificial, vital actualmente.

Este periódico se ha puesto en contacto con Escribano para una valoración sobre el proceso iniciado por Defensa, aunque sin éxito.

“No es sustituible por otro proveedor”. Fuentes del Ministerio de Defensa descartan, de esta manera, la anulación del gran y polémico contrato de un lanzamisiles que en parte se fabrica en el campus tecnológico de Rabanales 21 y que usa tecnología israelí.

La fabricación del lanzacohetes SILAM se inserta en un macroproyecto adjudicado por el Ministerio de Defensa español en diciembre del 2023 a un conglomerado empresarial formado por Escribano M&E y Expal, con la colaboración de la compañía israelí Elbit Systems. El contrato asciende a casi 700 millones de euros. Y es el más importante de todos los que maneja el Ministerio de Defensa y que cuenta con tecnología israelí.

Esta semana, se han vuelto a cuestionar varios contratos que mantiene activos el Gobierno de España con Israel. Los socios del PSOE en el Congreso han rechazado un contrato para la adquisición de balas para la Guardia Civil por parte del Ministerio del Interior. Aunque inicialmente el contrato seguía en vigor, finalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por ordenar su anulación. IU había amenazado con abandonar el Gobierno en caso contrario.

Defensa se ha apresurado a justificar los contratos que sí que mantiene en vigor el Ministerio y que o bien dependen de empresas israelíes o usan su tecnología. Y es el caso del lanzamisiles, el mayor de todos y que en gran parte se fabricará en Córdoba.

El lanzacohetes SILAM dispone de una cobertura de fuego de 40 kilómetros con un refuerzo agregado de hasta 150. En modo misil balístico, tiene un alcance de 300 kilómetros con guía adicional para disparar múltiples cohetes y misiles de precisión. En una primera fase, Escribano y Expal invertirán 20 millones de euros y generarán 40 puestos de trabajo directos. El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado 8 de noviembre de 2023 con la presencia del alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía, Javier Escribano.

La empresa de armamento española ha adquirido una parcela de 23.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Rabanales 21, que incluye una nave de 10.000 metros. Aquí fabricarán los lanzacohetes, además de un kit de munición guiada.

El Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM) anunciado a bombo y platillo en noviembre pasado es un modelo basado íntegramente en el PULS, un arma letal desarrollada por la firma israelí Elbit Systems y usada en combate en los territorios ocupados palestinos y Líbano, algo que ha provocado la reacción de condena de formaciones como Sumar e Izquierda Unida en Córdoba, y también de grupos pacifistas y ecologistas de la ciudad, que rechazan que algo así se fabrique en un espacio pensado para la tecnología al servicio de la Universidad, como fue la gestación de Rabanales 21.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes una reunión sobre industria de Defensa en las instalaciones que Escribano Mechanical and Engineering tiene en Córdoba en la que ha defendido la Base Logística del Ejército de Tierra por ser una apuesta para que “el talento joven no se marche”.

Robles ha reiterado el compromiso del Gobierno de España “con la modernización y la capacitación de las Fuerzas Armadas y con la generación de empleo de calidad asociado a la investigación, el desarrollo, las universidades…”; mientras que ha asegurado que proyectos como el de la Base Logística son una evidencia “de ese compromiso” y permiten que los jóvenes “puedan desarrollar su futuro en sus lugares de origen”.

En esa línea, ha sostenido que “la industria de Defensa es un excelente eje vertebrador del territorio nacional”, poniendo en valor “la apuesta de Defensa por los corredores industriales para generar oportunidades en toda España”. Además, ha insistido que “la inversión en Defensa es una gran oportunidad”. Robles, además, ha querido agradecer a la industria española su apoyo a Ucrania, estando a su lado en estos momentos difíciles, al igual que lo está el Gobierno de España.

La secretaria de Estado, Amparo Valcarce, por su parte, ha señalado que en Córdoba “queda patente la apuesta de España por reforzar sus capacidades en Defensa y Seguridad, a través de una estrategia industrial, centrada en la autonomía tecnológica y el valor añadido en el territorio”. Córdoba es el centro neurálgico del proyecto Silam, “que genera puestos de trabajo y transferencia de tecnología y formación dual, ya que en él colaboran la Universidad de Córdoba y otras empresas suministradoras”.

Este programa tiene por objeto la entrada en servicio de un sistema integrado de artillería de largo alcance (hasta los 300 km) y alta precisión. Será un sistema de sistema que estará formado por los medios de lanzamiento, las municiones, los medios de observación radar y UAS (siglas inglesas de sistema aéreo no tripulado), así como los elementos necesarios para su integración, mando, control, enlace y reconocimiento. La producción de los lanzadores se realiza en la fábrica que Escribano tiene en Córdoba.

Pocos minutos pasaban de las 12:00 cuando aquel 21 de diciembre de 2023, hace hoy un año, saltaba la noticia a los medios de comunicación: dos militares habían desaparecido en la base de Cerro Muriano durante unas maniobras. Era jueves. Si en ocasiones es difícil informar de determinados sucesos, más lo fue aún en este caso. Ninguna fuente quería aportar demasiada información y entre los organismos oficiales se repartían la patata caliente sobre quién podía hablar con los medios de comunicación y qué podía contar de lo que estaba pasando a menos de 20 kilómetros de la capital: una tragedia que provocó la muerte de dos personas, que ha llevado a seis militares a estar procesados y que ha situado a Córdoba como una de las provincias andaluzas con más accidentes de carácter militar por el aumento de siniestros en las instrucciones deportivas.

Aunque las primeras informaciones se difundieron pasadas las 12:00, la desaparición de los dos militares había ocurrido mucho tiempo atrás: a las 9:00. El suceso se produjo durante una instrucción militar consistente en el cruce del lago artificial que tiene la base. En aquel entonces ya se supo que varios militares tuvieron que ser atendidos por síntomas de hipotermia durante el transcurso de este ejercicio. Un año después de las muertes de dos militares -de quienes en las primeras horas no se ofrecieron dato alguno-, la instrucción de la causa ha permitido conocer que aunque hubo varios afectados, dos estuvieron a punto de perder la vida y que, incluso, uno de ellos fue ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por una parada cardiorrespiratoria.

Tras un primer aviso a los servicios de emergencias, el Ejército requirió la ayuda de la unidad de rescate subacuática de la Guardia Civil. Con los meses se ha podido conocer que la base contaba con una única ambulancia, ubicada muy lejos de la zona del lago, no tenía médico y tampoco zódiac. Cerca de las 18:00 de aquel 21 de diciembre llegaba la noticia: los dos militares habían sido hallados muertos en el fondo del lago. No fue hasta una hora después cuando la Brigada Guzmán el Bueno informaba a los medios, mediante una nota de prensa, de los fallecimientos. Entonces se supo quiénes eran aquellas personas que habían perdido la vida a las puertas de la Navidad. Se trataba del soldado Carlos León Rico, natural de un pueblecito de Sevilla -El Viso del Alcor-, quien apenas llevaba nueve meses como soldado en el Ejército de Tierra. El segundo militar hallado muerto era el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de Adamuz, que había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco. Ambos pertenecían, además, al Regimiento de Infantería La Reina 2.

La autopsia confirmó que ambos murieron ahogados. El caso llegó, en primer momento, al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que estaba en funciones de guardia aquel 21 de diciembre. Después, este juzgado se inhibió a favor del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, quien sí llevó a cabo la instrucción hasta que también tuvo que inhibirse por el Tribunal Militar Central. ¿La razón? Que en el relato de los hechos había personas que podrían ser imputadas y que, a su vez, estaban aforadas, por lo que el juzgado sevillano no podía seguir con la instrucción. Esta decisión se ha topado con el rechazo de las familias de los fallecidos, quienes querían que el caso permaneciera en la jurisdicción civil.

Un día después de los hechos, el Ministerio de Defensa retiró el mando de la compañía al capitán responsable del ejercicio y en abril de este año lo cesó.

El Ayuntamiento de Adamuz ha concedido al cabo cordobés la medalla de la ciudad a título póstumo, siendo esta la máxima distinción que puede otorgar la localidad. Y ello por “la actitud y comportamiento de valentía virtud y capacidad sobresaliente para enfrentar el peligro en bien de otro, destacando su vocación y solidaridad, llegando hasta el punto de entregar su vida para intentar salvar a un compañero”. Cabe recordar que Andújar falleció cuando intentaba salvar al soldado León de morir ahogado.

Los hechos

La muerte de estos dos militares sentará en el banquillo de los acusados al capitán Zúñiga, al teniente Tato, al sargento Moreno Ruiz de Castroviejo, al teniente coronel Zanfaño, al comandante Velasco y al coronel Navarro. Salvo a este último, el Juzgado Togado Militar Central los ha procesado por dos delitos contra los deberes del servicio con resultado de muerte (equivalentes al homicidio imprudente) por la muerte de dos militares en el ejercicio y por otros dos delitos en grado en tentativa, ya que hubo dos soldados que estuvieron a punto de morir. Por su parte, el coronel Navarro está procesado por incumplir los deberes inherentes al mando.

Las partes han presentado sus recursos contra este auto, pero aún no han sido resueltos. Una vez que esto ocurra, todas las acusaciones -Ministerio Fiscal, los abogados de las familias León y Jiménez, y el de la mujer de este- presentarán sus escritos. Después, se emitirán los de las defensas. Además de solicitar penas de prisión superiores a los 11 años y su cumplimiento íntegro, el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado, pedirá una responsabilidad civil de la que responderá subsidiariamente Defensa.

Será en el escrito de acusación de la Fiscalía donde se recojan los hechos de aquel 21 de diciembre, aunque durante este año sí se han podido conocer algunos detalles gracias a las declaraciones de algunos implicados y de los testigos: que fue el capitán quien ideó el ejercicio, que la única medida de seguridad era una soga, que antes del ejercicio, el capitán fue avisado por dos soldados de que la cuerda no estaba tensa, pero que no se podía estirar más; que antes de la muerte de los militares, en el ejercicio se vieron afectados otros compañeros; que la temperatura del lago y del exterior provocaba hipotermia, que varios militares hicieron el cruce del lago portando una mochila que pesaba tres kilos como “castigo” por retrasarse en hacer las mochilas y que cargos inferiores al capitán advirtieron de que el ejercicio “era una locura”.

Tras conocerse que dos compañeros habían fallecido, varios testigos han declarado en la instrucción que Zúñiga les dijo que lo que había ocurrido “eran cosas de la mili” y les prohibió hablar con periodistas. Durante la instrucción, ningún procesado ha estado en prisión preventiva, pese a las peticiones de la familia del cabo. El Ministerio de Defensa sí suspendió de empleo y sueldo al capitán.

El juicio se espera que pueda celebrarse antes del próximo verano.

Crecimiento exponencial de los accidentes militares en Córdoba

El Ministerio de Defensa elabora año tras año una estadística de los accidentes que se registran en las bases militares de toda España y los que sufren los efectivos que se encuentran en operaciones internacionales. En un análisis de esos datos llama la atención el crecimiento de accidentes registrados en Córdoba en 2023, pasando de 3 en 2022 a 55. De hecho, durante el pasado año, Córdoba se situó como la séptima provincia España con más accidentes militares y la primera andaluza con la cifra más elevada.

Según los datos a los que ha tenido acceso este medio, España registró en 2023 un total de 1.343 accidentes de carácter militar con 1.354 afectados. De esos 1.343, 676 se produjeron durante instrucciones deportivas, en Cerro Muriano, ya que hay otra zona militar en El Higuerón y también está el Polvorín de El Vacar. En relación con las muertes, en España se registraron cinco en 2023: las dos de Cerro Muriano (incluidas en el apartado de instrucción deportiva), dos por un accidente en un vehículo terrestre y otra producida por un arma o un explosivo.

En el caso de Córdoba, en 2023 hubo 55 accidentes, de los que 31 se produjeron en instrucciones deportivas; tres, en mantenimiento; y 19 están catalogados como “otro tipo de accidentes”. Sin embargo, en 2022, Córdoba registró solo tres accidentes: dos en instrucciones deportivas y otro que no tiene catalogación. En 2021 y 2020, los accidentes fueron los mismos, 39, siendo los de instrucción deportiva también idénticos: un total de 22.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le ha pedido cancelar los contratos de compra en curso con empresas vinculadas a la industria armamentística israelí, según ha adelantado elDiario.es. Bustinduy pide en su misiva dirigida a Robles cancelar los contratos de compra en curso con empresas vinculadas a la industria armamentística israelí y, por tanto, que también dejen de invitar a licitar a estas empresas.

En su carta, Bustinduy menciona las empresas israelíes del sector armamentístico que ha rastreado su departamento y con las que España tiene contratos de compra. Una de esas empresas es Elbit Systems, creada por un veterano del Ejército de Israel. Cordópolis ya adelantó que el lanzacohetes que se va a fabricar en Córdoba usa tecnología israelí. La patente es de la empresa Elbit Systems, con la que Sumar propone romper.

El lanzacohetes es una licitación del Ministerio de Defensa adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) formada por la española Escribano Mechanical & Engineering y la alemana Rheinmetall Expal Munitions. Escribano ha adquirido las instalaciones de la antigua empresa Silos Córdoba en Rabanales 21 para construir una parte de este sistema lanzacohetes, que está basado en el sistema PULS (Multi-Purpose Universal Launching System) de la compañía israelí Elbit Systems. Según el texto compartido por el Consejo de Ministros al autorizar el contrato de su adquisición, se trata de un sistema de armas caracterizado por poder disparar, con precisión diferentes cohetes y misiles guiados de altas prestaciones que dotará al Ejército de Tierra de “nuevas capacidades, potenciando su operatividad, dándose igualmente cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en el marco OTAN”.

En su carta dirigida a Margarita Robles y en representación de los ministros de Sumar, Bustinduy afirma en relación con Elbit Systems que la compañía “opera en contextos que contradicen la posición de la Unión Europea y de España en materia de política internacional, ya que continúa vendiendo armas a Birmania tras el golpe militar de 2021 [...]. La compañía participa activamente como proveedora en el entramado de apartheid hacia la población palestina denunciado ante la Corte Internacional de Justicia. Esto ha provocado que incluso organismos financieros como el Fondo de Pensiones de Noruega y Danske Bank hayan retirado sus inversiones en dicha empresa”.

Actualmente, Israel está usando este lanzacohetes suministrado por Elbit en la invasión de Líbano y en la ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ha provocado ya cerca de 50.000 muertos, gran parte de ellos niños, mujeres y ancianos. Elbit fue sancionada por el Gobierno noruego en 2009 por “contravenir el derecho internacional”.

La empresa de armamento española ha adquirido una parcela de 23.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Rabanales 21, que incluye una nave de 10.000 metros. Aquí fabricarán los lanzacohetes, además de un kit de munición guiada.

Este mismo lunes, varios activistas protestaron ante la celebración del II Congreso Internacional Ciudadanía y Cultura organizado por la Universidad de Córdoba en la que se invitó a participar a esta compañía. Varios profesores y catedráticos de la Universidad mostraron su oposición a esta invitación y se desvincularon de la organización de este foro.

Ecologistas en Acción ha solicitado la destitución del general Fernando Ruiz Gómez como responsable último del incendio de Cerro Muriano, y la restauración de la zona afectada con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa.

En un comunicado, la organización ecologista destaca el valor ecológico de los terrenos que integran el campo de maniobras, que, de no ser de uso militar, formarían en la actualidad parte de la Red Natura 2000 de la provincia de Córdoba

A su juicio, el pasado 12 de julio se produjo “una nueva catástrofe ambiental” dentro y en el entorno de la base del Ejército de Tierra en Cerro Muriano (Córdoba). “De nuevo ardía una enorme superficie forestal de gran valor ecológico, con presencia de grandes rapaces y ocasionalmente de lince Ibérico, de la cercana subpoblación del Guadalmellato. Tras concluir las labores de extinción, el balance es desolador. Más de 1.800 hectáreas quedaron, una vez más, arrasadas”, lamentan.

Aseguran que el incendio forestal se ocasionaba, a pesar de que inicialmente fue desmentido, en el entorno del campo de tiro que el Ejército de Tierra utiliza en el término municipal de Obejo. Además, como viene siendo habitual, “las labores de extinción fueron extraordinariamente difíciles y arriesgadas por la imposibilidad de una actuación directa de los retenes contraincendios del INFOCA”, y porque los medios aéreos también están obligados a adoptar medidas adicionales de seguridad, descargando a más altura y, por tanto, reduciendo su efectividad, todo ello como consecuencia de la presencia en el mismo de proyectiles no explosionados.

“Este drama es más doloroso, si cabe, dado que podía haberse evitado. En el año 2007, un incendio de idénticas características y origen arrasó más de 4.000 hectáreas. En aquella ocasión, nuestra organización advirtió de que volvería producirse si no se ponía fin a las causas del mismo. Solicitamos, en aquel momento, el fin de la utilización de fuego real en una zona de tan alto valor ecológico, la detección y retirada de todos los proyectiles no explosionados”, recuerdan.

Sin embargo, continúa el comunicado, tras más de 17 años, el Ejército de Tierra “vuelve a demostrar su peligrosidad e irracionalidad”. “Se autocalifica como integrante de nuestra defensa y colabora con ahínco en favorecer el mayor peligro ante el que nos encontramos como humanidad, esto es, el cambio climático y la desforestación”, apostillan, criticando que “curiosamente, un atentado de esta magnitud no haya ocasionado depuración alguna de responsabilidades”.

Además, consideran que “la atención mediática ha sido muy escasa” debido a su coincidencia “con un incremento del belicismo y la confianza en la guerra como medio de resolución de los conflictos y por la escasa presión humana en la zona afectada por el incendio”.

Desde Ecologistas en Acción, solicitan por tanto la depuración de responsabilidades, comenzando por la destitución del general de Brigada Fernando Ruiz Gómez y el inicio de una investigación imparcial al respecto.

En segundo lugar, la prohibición absoluta de continuar con las prácticas de fuego real en la Base de Cerro Muriano. En tercer lugar, solicitan la detección y explosión controlada de todos los proyectiles no explosionados. Por último, exigen la restauración de las hectáreas devastadas con cargo al inflado presupuesto del Ministerio de Defensa.

A pesar de que el Ministerio de Defensa ya ha iniciado los primeros trabajos en los terrenos de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, el suelo aún no ha podido ser inscrito en el Registro de la Propiedad de Córdoba, ni, por supuesto, el derecho de superficie concedido a Defensa, pese a lo que los juristas denominan “carácter constitutivo” de la inscripción, es decir, que sin inscripción no hay derecho: defensa carece de tal derecho en este momento. La Junta de Compensación del polígono industrial de La Rinconada, donde se construirá este importante espacio militar, lleva meses intentando cumplir con los diferentes requerimientos impuestos por el Registro de la Propiedad número tres de Córdoba de manera informal y extraoficial, pues según hemos podido constatar no se ha presentado documento alguno en el registro ni se ha protocolizado el proyecto de reparcelación.

Ahora, la Junta de Compensación ha completado las carencias en principio apreciadas por el registro, y se ha remitido el expediente para su aprobación al órgano competente, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. La próxima semana, la entidad tendrá que aprobar estas subsanaciones. Después, el expediente se tendrá que volver a someter a información pública durante un periodo de 20 días por si hubiera nuevas alegaciones. En ese caso, se deberán resolver y ya después se acudirá al Registro de la Propiedad para presentar el proyecto de reparcelación donde, de no surgir ningún defecto no contemplado hasta este momento, se inscribirá la titularidad del suelo y Tras ello el derecho de superficie.

Este paso es fundamental para el Ministerio de Defensa, ya que si no dispone de la titularidad efectiva del suelo no puede ejecutar determinadas obras en la zona. De momento, se ha iniciado el vallado de la parcela que acogerá la Base Logística y en breve arrancarán los trabajos de reparcelación y urbanización de toda la zona. Pero Defensa urge a disponer ya del suelo para poder seguir ejecutando un cronograma ya de por sí ajustado.

La intención del Gobierno pasa por que en el año 2028 se pueda iniciar la actividad en la Base Logística, aunque las obras no concluyan hasta años después. De momento, las obras de esta base avanzan “a buen ritmo y conforme a los plazos establecidos”, lo que permitirá que, tras los trabajos de vallado, urbanización y canalización de suministros, arranquen las edificaciones en abril del año próximo, según informó la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero para hacerlo el Ministerio exige la titularidad de los suelos, algo que con estas subsanaciones que ha habido que hacer no ha sido posible aún.

Los terrenos se iban a inscribir en el Registro de la Propiedad en noviembre de 2023. Entonces se entregó un borrador para consensuar su contenido, y determinar las eventuales carencias o defectos, pero no llegó a presentarse el título iniscribible, cosa que no se ha realizado hasta el día de hoy. Tras su análisis, En el Registro entendieron que había que corregir o completar determinadas cuestiones, algo en lo que se ha estado trabajando durante todos estos meses, sin perjuicio de que una vez se presente el proyecto resulte necesario algún trámite adicional o la comunicación del mismo a ciertos organismos con carácter previo a la inscripción.

Entre los errores detectados, por ejemplo, hay servidumbres de riego o gas, que la suma de las parcelas sumaban unas milésimas más que el 100%, el otorgamiento de dos parcelas a nombre del Ayuntamiento de Córdoba (como aprovechamientos urbanísticos), nuevos planos, algunos errores en los linderos o el diseño de la futura rotonda de acceso.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la Orden DEF/447/2024, de 24 de abril, que califica de interés general las obras del proyecto denominado “Aumento de las capacidades logísticas del Ejército de Tierra mediante la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra General de Ejército Javier Varela en el término municipal de Córdoba”.

De esta forma, las obras de la futura base logística son calificadas por el Ministerio de Defensa como de interés general debido a que afectan directamente a la Defensa Nacional. La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha mostrado su satisfacción por esta declaración, dado que muestra una vez más el interés del Gobierno de España en que la BLET esté en funcionamiento cumpliendo los plazos establecidos.

Gracias a esto, y en virtud del artículo 85 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se modifica la disposición adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas administrativas y del orden social, las obras de la base “no estarán sometidas a la obtención de licencias y demás actos de control preventivo municipal, sin perjuicio de agotar antes, en cuanto a estos últimos, los mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas”.

Con esta declaración, por lo tanto, se pretenden acortar los plazos administrativos y acelerar los trabajos de este importante proyecto para la provincia de Córdoba.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desplazado este lunes a Córdoba, para conocer la evolución de las obras de la base logística del Ejército de Tierra (BLET) ‘General de ejército Javier Varela’. Se trata de un ambicioso proyecto, con una inversión prevista de cerca de 500 millones de euros y que se está diseñando con los más altos estándares tecnológicos: “Es un proyecto de gobierno, que ha apostado por Córdoba, por Andalucía, pensando en sus ciudadanos”, ha destacado la ministra. 

Las obras de esta base avanzan “a buen ritmo y conforme a los plazos establecidos”, lo que permitirá que, tras los trabajos de vallado, urbanización y canalización de suministros, arranquen las edificaciones en apenas 12 meses, según ha informado la propia ministra. 

El director General de Infraestructuras, teniente general Luis Cebrián Carbonell, ha valorado la colaboración con las distintas administraciones involucradas en la construcción de la base, y que está permitiendo su desarrollo según lo previsto: “Todos los trámites administrativos están cumplidos, no hemos perdido ni un día”.

El proyecto se está redactando mediante una tecnología que posibilita gestionar de manera eficiente su evolución y contar en su fase final con un “gemelo digital” con el que explotar la base. Asimismo, el seguimiento de las obras se está realizando mediante un vuelo de dron mensual con el que se obtiene una visión integral de las intervenciones. 

Desde el inicio, se ha planteado como exigencia que la base logística del Ejército de Tierra (BLET) ‘General de ejército Javier Varela’ combine la funcionalidad con la sostenibilidad, lo que supone, por ejemplo, la instalación en todas las cubiertas de sistemas de captación de agua de lluvia que se destinará al riego de las superficies de jardinería.  

Impulso económico 

Está previsto que la construcción de la base ‘General de ejército Javier Varela’ traiga consigo “un extraordinario impulso económico y social para la zona y sea, a su vez, un motor tecnológico y de l+D+i para la comarca andaluza”, ha señalado.  

En la base trabajarán unos 600 militares y 1.100 civiles, de los cuales 100 serán funcionarios y 1.000 personal laboral.

La base agrupará, en una sola instalación, las actividades de mantenimiento del material, lo que reducirá tiempos de servicio, movimientos e infraestructuras. Se trata de concentrar las doce unidades logísticas, ubicadas actualmente en nueve localizaciones diferentes, en dos sedes: una dedicada al mantenimiento de los helicópteros, en la actual base de Colmenar Viejo (Madrid); y la otra, orientada a la logística general, en Córdoba.

El Ministerio de Defensa ha cesado este jueves al capitán que estuvo al frente del ejercicio en la base de Cerro Muriano durante el cual fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico, según publicado el Boletín Oficial de Defensa (BOD). Contra esta resolución se puede interponer, en el plazo de un mes, un recurso de alzada.

La medida, adelantada por Radio Córdoba, se toma al amparo de la Ley de la Carrera Militar, que contempla que “se podrá acordar la suspensión de funciones como consecuencia del procesamiento, inculpación o medida cautelar que afecte militar imputado en un procedimiento penal por falta muy grave”.

Este cese va unido, además, a una expulsión de la carrera militar durante seis meses. La medida adoptada por el Ministerio de Margarita Robles se conoce días después de que la familia del soldado Carlos León Rico remitiera una carta a Robles en la que demandaba información sobre si el capitán investigado “aún manda” sobre tropas, después de ser anunciado que sería apartado del mando.

En un comunicado, después de que compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el capitán Zúñiga --ahora cesado--, el teniente Tato y el sargento Estupiñán; el abogado Luis Romero, que representa a la familia del difunto soldado Carlos León Rico, exponía que ha remitido la carta a la ministra de Defensa.

En dicho escrito, según su comunicado, reclamaba que Defensa informe sobre aspectos como si el capitán y el teniente investigados en esta causa aún mandan o han mandado a militares en ejercicios o maniobras tras el fatídico ejercicio de cruce del lago artificial de la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, saldado con la muerte de los dos citados efectivos.

Al punto, el letrado planteaba si después de anunciar públicamente que el capitán investigado en la causa judicial sería apartado del mando “tan sólo se le cambió de compañía”. También pedía esclarecer si el capitán y el teniente tienen o han “tenido bajo su mando a militares testigos de los hechos del día 21 de diciembre en el lago”; así como información sobre si el capitán Zúñiga “ha tenido anteriormente algún expediente disciplinario abierto y ha sido sancionado por ello” o sobre “qué medidas de seguridad se cumplían” en el ejercicio.

Según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano “sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo” los citados mandos militares “el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”, según el letrado Luis Romero. “Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso”, subraya, entre otros aspectos.

Expediente disciplinario

Además de referirse a esta medida en una entrevista en Canal Sur Radio, Romero ha apuntado que este jueves va a “contestar a un expediente disciplinario” que le ha abierto el juez togado militar número 21 de Sevilla, “por hablar con la prensa”, cuando “no está declarado el secreto de las actuaciones”, al tiempo que ha dicho que “se ha intimidado a los abogados de la acusación” con la apertura de “expedientes disciplinarios penales”.

A su juicio, “quieren tapar todo lo que ocurrió”, que “está dando lugar, además, a saber no solamente la organización del cuartel de Cerro Muriano, sino de otros muchos, de las Fuerzas Armadas, con el recorte del presupuesto, la falta de medidas de seguridad y ahora toca a los abogados sufrir las consecuencias”. Ante ello, ha avanzado que va a solicitar amparo al Colegio de Abogados de Sevilla y que este viernes “va a quedar presentado el incidente de recusación contra el juez militar”, al entender que “está siendo parcial y que hay una enemistad manifiesta” contra él.

Los padres del cabo muerto en Cerro Muriano valoran el cese del capitán de cara a “posibles responsabilidades”

Por su parte, el abogado de los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar fallecido en el ejercicio ha valorado este jueves el cese del capitán investigado tras dirigir los ejercicios en los que murieron los dos militares, de cara a “posibles responsabilidades penales”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Francisco José Pérez Romero ha dicho que con dicho cese “se da trámite a lo recogido en el artículo 111.1 de la Ley de la carrera militar”, de modo que “todo militar que se encuentre inmerso en una causa penal debe ser apartado de sus funciones”.

Además, ha aseverado que “no solamente se nos da la razón desde un punto de vista administrativo, sino que se está encauzando el procedimiento de cara a inculpar posibles responsabilidades penales que pueden y deben de competer tanto al capitán, que en este caso ha sido cesado, como al resto de militares que deben ser investigados a lo largo de la tramitación” del caso.

En concreto, el mando pasa a la situación de servicio activo “pendiente de asignación de destino”, según aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) de este jueves y consultado por Europa Press. En él, el Ministerio especifica que contra la resolución de cese “se podrá interponer” en el plazo de un mes un recurso de alzada.