Un teniente coronel, el militar de más alto rango que se sentará en el banquillo por el caso Cerro Muriano

La justicia militar ha puesto el cortafuegos de las responsabilidades del caso Cerro Muriano en un teniente coronel. La sala segunda del Tribunal Militar Central encargada de la instrucción del caso de la muerte de un soldado y un cabo ahogados en el campo de maniobras de Cerro Muriano, en Córdoba, durante un ejercicio militar, ha optado por exonerar a un coronel del juicio. Anteriormente, ya había rechazado la imputación del general de la Brigada Guzmán El Bueno de Cerro Muriano, como pedían las partes.

Finalmente, el teniente coronel J. L. Zanfaño se sentará en el banquillo acusado de ser el responsable de dos delitos consumados contra los deberes del servicio. La sala del Tribunal Militar Central, que no ha votado de manera unánime, considera que es responsable de haber controlado que la maniobra militar se realizaba con seguridad. Junto a él, la sala sentará en el banquillo a un comandante, al capitán al mando del ejercicio militar y a un sargento. Además del coronel, se libra del juicio un teniente.

El 21 de diciembre de 2023 perdieron la vida el soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba) durante unas maniobras militares en el campo de Cerro Muriano. Los soldados tenían que cruzar un lago por una zona en la que no hacían pie y a primera hora de la mañana, cuando el agua estaba prácticamente a cero grados. Además de los dos fallecidos, hubo varios heridos. Uno de ellos entró en parada cardiorrespiratoria de la que se pudo recuperar.

La sala de instrucción considera que el cruce se ordenó sin haber verificado el riesgo real del ejercicio, sin alternativas de paso más seguro, y sin la presencia de medios sanitarios adecuados en la zona del agua. Solo había un médico y un camillero para atender a más de 300 efectivos, y no existía un plan de evacuación eficaz. Uno de los testigos afirmó que “el frío los paralizaba en segundos y no podían avanzar”. Varios militares resultaron con hipotermia grave y uno de ellos entró en parada cardiorrespiratoria.

En varios autos en los que se han ido resolviendo los diferentes recursos de las defensas de los militares procesados, el Tribunal Militar Central detalla que las decisiones operativas y logísticas recayeron directamente en el teniente coronel Zanfaño, quien ejercía como responsable del ejercicio y coordinador de la maniobra. El tribunal señala que su función implicaba garantizar la seguridad del ejercicio, verificar la idoneidad del cruce y contar con medios de protección, flotación, asistencia médica y comunicación.

El comandante y el capitán, que participaban en la planificación y ejecución directa, también serán juzgados por no haber propuesto rutas alternativas ni haber cuestionado las condiciones del terreno. El sargento, por su parte, era el responsable inmediato del grupo que perdió la vida.

La acusación se basa en dos delitos consumados contra los deberes del servicio recogidos en el Código Penal Militar. El Ministerio Fiscal había solicitado que se ampliaran responsabilidades hacia el coronel del Tercio y el general jefe de la Brigada, pero la sala lo ha rechazado por mayoría.

¿Por qué no serán juzgados el coronel ni el general?

El tribunal estima que el coronel A. F. I. delegó la planificación táctica y no intervino directamente en la decisión del cruce ni estuvo presente en la maniobra. “La cadena de mando no puede extenderse sin límites, especialmente cuando existen responsables operativos directos con capacidad de decisión”, afirma el auto.

El general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X ya fue exonerado en una resolución anterior. Su papel se limitó, según la instrucción, a la autorización del ejercicio dentro del plan anual de instrucción sin conocimiento de detalles tácticos.

Las familias de los dos fallecidos han expresado su malestar por el archivo de la causa contra los altos mandos. “Nuestros hijos murieron por una cadena de decisiones negligentes que empieza mucho más arriba”, lamentó la madre del soldado León Rico.

Asociaciones de militares y de derechos humanos han criticado la “opacidad” de la instrucción y consideran que el caso refleja una cultura jerárquica que “dificulta depurar responsabilidades más allá de los mandos intermedios”.

El auto de conclusión del sumario implica que, en las próximas semanas, se abrirá formalmente el juicio oral. Se espera que el procedimiento comience en la sede del Tribunal Militar Central en Madrid durante la segunda mitad de 2025.

Solicitan la suspensión de funciones para los militares procesados

El abogado cordobés Antonio Granados Caballero, en representación de la viuda del cabo fallecido, ha solicitado formalmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la suspensión inmediata de funciones de los cuatro altos mandos militares actualmente procesados por su presunta implicación en los hechos que rodean el fallecimiento del militar.

La petición, presentada este martes, se basa en los autos firmes dictados el 30 de abril dpor el Tribunal Militar Central, que confirman los procesamientos del comandante Velasco, el teniente Tato, el teniente coronel Zanfaño y el capitán Zúñiga. Hasta ahora, solo el capitán ha sido apartado preventivamente de sus funciones

El letrado solicita que se aplique el artículo 111 de la Ley de la Carrera Militar, que contempla la suspensión de funciones en casos de procesamiento firme, como mecanismo de protección institucional y garantía para el desarrollo del procedimiento judicial.

“El objetivo de esta solicitud es que se adopten medidas proporcionales mientras se esclarecen los hechos”, explicó Granados en su escrito.