Solicitan que se investigue si un alcalde de Vox en Córdoba está empadronado en un “domicilio ficticio”

Un movimiento político amenaza la gobernabilidad en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, después de la presentación de una denuncia formal en la que se solicita la intervención del Ayuntamiento de Córdoba para investigar la residencia efectiva del presidente de la Junta Vecinal y alcalde pedáneo de Vox, Paco Franco, ante la sospecha de que estaría empadronado de forma presuntamente irregular en la localidad para mantener su condición de elegible y continuar en el cargo. Franco lo niega y dice que es “rotundamente falso”.

El escrito, firmado por el vocal socialista de la ELA José Antonio Arenas y dirigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, plantea una batería de acusaciones y sostiene que el presidente de Encinarejo podría no residir de manera habitual en la demarcación territorial de la entidad local, un requisito que, según la interpretación trasladada por la Junta Electoral Central (JEC), debe mantenerse durante todo el mandato en el caso de estos cargos representativos.

La denuncia va más allá y reclama expresamente que, si se confirma la pérdida de ese requisito de vecindad, se inicien los trámites para declarar la incompatibilidad sobrevenida del dirigente de Vox y su consiguiente pérdida de condición como cargo electo.

Paco Franco, en declaraciones a este periódico, niega las acusaciones y asegura que su residencia familiar está en la ELA. “Yo paso mi vida aquí, me quedo con mi madre aquí también. Yo donde estoy es en Encinarejo, que es donde trabajo, donde tengo la familia, donde lo tengo todo, excepto a mi hijo, que está en Córdoba”, ha afirmado.

De hecho, avanza que la cuestión que plantea el PSOE está vinculada a un piso que tiene alquilado en la capital donde vive su hijo. “Son cuestiones personales, lo tengo en Córdoba para mi hijo, como si lo tengo en Burgos”, ha matizado.

Acusación de “fraude de ley” en el padrón

El documento registrado en el Ayuntamiento y al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que existen “indicios sólidos” de que Paco Franco tendría presuntamente su residencia habitual efectiva en Córdoba capital, concretamente en la calle Góngora, mientras que en el padrón municipal figura inscrito en una dirección ubicada en Encinarejo —“EXTRR Parcelas Encinarejo 0008”— que el denunciante califica de “domicilio ficticio” utilizado presuntamente para “simular una vecindad que no es real ni efectiva”.

En el escrito se solicita al Ayuntamiento de Córdoba que dé instrucciones a la Secretaría General y a la Policía Local para verificar físicamente esa dirección, emitir un informe de residencia efectiva y revisar el histórico de empadronamiento del presidente desde 2005, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la inscripción censal. El vocal socialista advierte además de que, de confirmarse los hechos, podría haberse producido un “fraude de ley” con consecuencias administrativas y electorales, al haberse mantenido en el cargo una persona que supuestamente no cumpliría los requisitos exigidos por la normativa.

La Junta Electoral Central avala el requisito y el PSOE extiende la duda al PP

En este caso, además, el vocal socialista sí que se apoya en una consulta elevada previamente por la propia Secretaría de la ELA de Encinarejo ante la Junta Electoral Central, que se pronunció en febrero de este año sobre esta cuestión. En su respuesta, la JEC recordó su doctrina anterior y afirmó que, “en el supuesto de ser condición de elegibilidad la vecindad en la entidad local menor, ha de mantenerse dicha condición durante todo el mandato”.

Posteriormente, ante una segunda consulta sobre si esa obligación también alcanzaba a los vocales designados por las formaciones políticas, la Junta Electoral Central aclaró que estos también son “cargos públicos representativos” y que para su proclamación deben cumplir las mismas exigencias relativas a inelegibilidad y elegibilidad, reforzando así el criterio de que la residencia efectiva en el territorio de la ELA es una condición que debe mantenerse.

De hecho, la denuncia del PSOE no se circunscribe únicamente al presidente de Vox. El escrito también señala al vocal del Partido Popular Rafael García Cobos, del que se asegura que habría abandonado su residencia en Encinarejo tras la venta de su vivienda en diciembre de 2025 y que actualmente residiría en Córdoba capital. Por ello, el denunciante solicita igualmente que se revise de oficio su situación padronal y, en caso de confirmarse la falta de residencia habitual en la localidad, se proceda a su baja censal y se analicen las consecuencias legales derivadas.

Posible nulidad de acuerdos de la Junta Vecinal

Uno de los aspectos más graves que recoge el escrito es la advertencia de que las decisiones adoptadas por la Junta Vecinal podrían ser objeto de impugnación o incluso declararse nulas si en su aprobación hubieran participado miembros que hubieran perdido su condición legal para ejercer el cargo. El vocal socialista sostiene que la Secretaría de la ELA ya conocía estas circunstancias, así como el criterio de la Junta Electoral Central, y critica que no se hayan iniciado actuaciones de oficio para aclarar la situación.

En un segundo escrito dirigido directamente al secretario de la entidad local, Arenas Molina reclama además la emisión de un informe técnico-jurídico motivado sobre las diligencias realizadas, las consecuencias de una eventual falsedad documental en el padrón y la posible responsabilidad administrativa derivada.