La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al exconcejal de Ciudadanos, David Dorado, de un delito de prevaricación por el que ha sido juzgado, según ha podido confirmar este periódico. La Audiencia ha comunicado su fallo absolutorio este mismo jueves, tanto a la Fiscalía, que ejercía la acusación, como a la defensa de Dorado, ejercida por Carlos Carias, el decano del Colegio de la Abogacía.

El juicio procede de una de las piezas del conocido como Caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación.

Ahora, Dorado se enfrentaba a una pena de 14 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, aludía a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. 

La Fiscalía acusaba a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”. El Ministerio Fiscal consideraba que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia.

La defensa de Dorado siempre mantuvo que el caso, de existir, debería haberse dirimido en lo Contencioso Administrativo y no por la vía penal. En el juicio no se sentó como acusado ningún funcionario público.

La sentencia

Los jueces consideran que la contratación se realizó sin contar con informe favorable ni tramitación alguna de expediente, omitiendo normas esenciales del procedimiento, como la aprobación por la Junta de Gobierno Local, la memoria justificativa, el pliego de cláusulas administrativas, y el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

A pesar de la omisión de las normas esenciales del procedimiento, que fue calificada de “actuación torpe y reprochable”, el tribunal concluye que los hechos no son legalmente constitutivos del delito de prevaricación administrativa.

La Sala argumenta que, para que exista prevaricación, no basta con la mera ilegalidad administrativa (por grave que sea), sino que se requiere el elemento subjetivo: que la autoridad actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución, es decir, con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y que ocasiona un resultado materialmente injusto.

Según la sentencia, no quedó acreditado que Dorado actuara con esa conciencia y voluntad de cometer un acto injusto. Así, los jueces sostienen que el acusado actuó siguiendo una inercia derivada del periodo de alerta sanitaria (Covid) con la intención de que los entes públicos no se quedaran sin los servicios de seguridad, en el juicio no se acreditó un resultado materialmente injusto y que el acusado no actuó buscando su enriquecimiento personal.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial concluye que, aunque se omitieron las normas del procedimiento reglado, no se pudo apreciar el “plus de antijuridicidad” ni la clara conciencia de ilegalidad que exige la intervención del Derecho Penal.

Este martes, el primer juicio derivado del concido como Caso Infraestructuras ha quedado visto para sentencia. El único acusado es el exconcejal de Infraestructuras David Dorado, que se enfrenta a una pena de 14 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Esta condena le impediría seguir dando clases en un instituto público, aparte de poder presentarse a unas elecciones.

Tras la última sesión, la Fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de inhabilitación. La defensa ha pedido la libre absolución. En esta última sesión ha declarado el propio Dorado ante el tribunal que lo juzgará, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Dorado ha reconocido que firmaba toda la documentación que se está revisando en el tribunal, pero que no se la leía antes. “Toda la documentación que he firmado, la firmaba sin leérmela siquiera porque confiaba en los técnicos y funcionarios. Tenía en el portafirmas una casilla para firmar de golpe y lo hacía”.

Este juicio, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo.

La defensa de Dorado, ejercida por el abogado Carlos Arias, ha discutido con la Fiscalía sobre el concepto de “ilegalidad” y ha señado que si acaso se estaría hablando de un contrato “alegal” que debería haberse dirimido por el cauce del Contencioso Administrativo y nunca por lo Penal. “No creo en las casualidades”, expresó el letrado. La Fiscalía ha destacado lo que declaró hace varias semanas el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que en este proceso de le había dado “una patada” a la ley de contratación pública.

Antes de las conclusiones definitivas, declaró el último testigo, un oficial de primera del Ayuntamiento ya jubilado y al que no se pudo localizar en la sesión anterior. Ahora, en la reanudación de la vista, sostuvo que el contrato de las alarmas aunque estaba prorrogado no se estaba prestando ya que el contratista había mostrado “verbalmente” su negativa a seguir trabajando con el Ayuntamiento porque tenía problemas de cobro. Por eso se inició otro procedimiento. El contratista era Segurimar que a su vez subcontrató a Eulen. El siguiente contrato se le encargó precisamente a Eulen. El oficial insistió en que en plena pandemia los colegios y edificios municipales no podían quedarse sin alarma, por su evidente peligro de seguridad. Y que por eso se hizo la pŕorroga.

Tras su declaración llegó el turno de Dorado. El exconcejal siempre defendió su confianza en los técnicos, que en un principio estuvieron procesados en este caso pero que finalmente no han llegado a juicio. Y en el trabajo que se realizó para que los colegios y edificios municipales siguieran teniendo alarmas. Preguntado reiteradamente por la Fiscalía sobre su signatura en los documentos, insistió en que “me lo pusieron a firma”. Posteriormente la Fiscalía insistió en que “cualquier persona mayor de edad es responsable de todo lo que firma”.

Dorado acusa al jefe de la Asesoría Jurídica

El juez permitió a David Dorado hacer uso de su derecho a la última palabra. El exconcejal argumentó que “llegué a la política con la gran ilusión de cambiar las cosas” y que “a la vista de esa actitud que mantuve siempre me llegaron muchos empresarios de la ciudad vinculados al mundo eléctrico a denunciar irregularidades de alumbrado. En concreto cuatro millones de euros que se adjudicaron a la misma empresa. Puse la correspondiente denuncia ante la Fisclaia. A posteriori descubrí que uno de los miembros de la junta de contratación era Miguel Aguilar (jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento) y así lo dije en los medios de comunicación”. Dorado aseguró que “eso hirió mucho el amor propio del señor Aguilar. Me amenazó con iniciar acciones legales contra mí”, por lo que consideró que el Caso Infraestructuras se deriva de esa circunstancia.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido en sus conclusiones que el polémico contrato que no habría seguido ninguna norma fue “firmado por el acusado, que dice que no lo leyó. Él es un concejal de Infraestructuras con conocimientos mínimos de funcionamiento del Ayuntamiento debe saber que el órgano para aprobar este contrato es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento”, insistió.

Así, la Fiscalía sostuvo que el contrato firmado se solapa en 2022 y supera los 50.000 euros. Pero “curiosamente la factura que se emite todas ellas son de menos de 3.000 euros. Eso llama la atención y pone en guardia al órgano de Intervención. El señor Miguel Aguilar vino a decir que el contrato que firma el acusado claramente se hace sin todos los requisitos y bendiciones que son necesarios”. “Firmar este contrato le da una patada a la ley 9/2017 de contratos del sector público”, reiteró.

“A perro flaco todo son pulgas”

El abogado de Dorado tiró de refranero para defender a su cliente diciendo que a “perro flaco todo son pulgas”. “No es lo mismo ilegal que alegal”, insistió. “Nos encontramos con un contrato alegal desde el 2018 porque se prohibe la subcontratación”, sostuvo. El contrato lo ganó Segurimar que subcontrató a Eulen, la misma firma que posteriormente firma el contrato bajo sospecha con Dorado. “El propio Miguel Aguilar ha reconocido que no sabía quién era Eulen que era el que prestaba el servicio”, dijo.

“No creo en las casualidades. No puedo creer en ellas”, insistió, al referirse a la “honorabilidad” argumentada por la Asesoría Jurídica. “No toda la Asesoría estaba afectada por la honorabilidad”, expresó.

Así, dijo que cuando se hizo el informe jurídico en 2021 que derivó en la causa actual se sacaron dos conclusiones: que “esto era un tema administrativo” y que había que “dar traslado a la Fiscalía por si acaso”. “Pero esto era un tema administrativo puro y duro”, insistió. Además, se centró en las “discrepancias” entre los técnicos sobre si se trataba de un contrato mayor o menor. “Si hay discrepancias entre ellos, imagínese esta persona”, en referencia a su defendido, para el que pidió la libre absolución y sostuvo que los 14 años de inhabilitación que se le reclaman son excesivos.

Pieza derivada del 'Caso Infraestructuras'

El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como Caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación.

Ahora, Dorado se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. 

La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional la llamó operación Caronte. En la misma se detuvo al exconcejal de Ciudadanos David Dorado, a la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y a varios empresarios. Se imputó también a un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba. El conocido como caso Infraestructuras se centraba en investigar un presunto fraude en la adjudicación de obras de este departamento municipal. La Policía, incluso, apuntó a que se trataba de una trama perfectamente organizada con un funcionario en la cumbre en la que incluso se repartían dádivas o compensaciones. Corrupción (presunta), en una palabra sencilla.

No obstante, tras casi cuatro años de investigación judicial, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha acabado reduciendo en gran medida lo que aparentaba ser un gran fraude. El juez ha desimputado a gran parte de los sospechosos, entre ellos al exconcejal de Ciudadanos y a varios empresarios, y ha reducido de 42 a solo cuatro el número de expedientes en los que se aprecia indicio de delito. Incluso ha señalado que no hay “indicios” de que la trama pagase dádivas, remuneraciones o hiciese regalos a funcionarios o cargos públicos para obtener los contratos, o en contraprestación. Pero señala que a pesar del trabajo de la Policía este extremo no ha quedado acreditado.

De hecho, los sobrecostes presuntamente abonados de manera irregular son de apenas 30.000 euros, cuando se investigaba un plan valorado en medio millón (el famoso plan de choque de 2020 para impulsar una economía parada por la pandemia). Es más, hay un expediente en el que un perito judicial señala que el contrato es cuatro euros inferior al precio de mercado.

Rodríguez Lainz ha sorprendido con un auto en el que, no obstante, señala que todo depende de lo que ahora diga el Ministerio Fiscal y las diferentes acusaciones (el Ayuntamiento o el PSOE). Pero ya señala un camino: que el caso Infraestructuras no es un fraude sistémico en el corazón del Ayuntamiento. Sino más bien una mala praxis de un funcionario en concreto que decidió beneficiar a empresas dirigidas por amigos o familiares y que tuvo que contar con el beneplácito de la coordinadora de Infraestructuras a pesar de las advertencias del sistema de control interno del Ayuntamiento, que en este caso habría funcionado.

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. Tras una auditoría el caso acabó en la Fiscalía, que a su vez pidió a la Policía que lo investigase. Eso precipitó la operación Caronte, con una decena de detenidos, 42 contratos sospechosos y una investigación sobre presuntos regalos a la trama.

El juez ahora acota la instrucción, que sigue adelante. Pero solo sobre un presunto fraude de 30.000 euros, el concierto del funcionario con tres empresarios en concreto y el visto bueno de la excoordinadora de Infraestructuras.

Eso sí, el caso sigue vivo en otros juzgados. El propio Rodríguez Laínz lo troceó en otras siete partes más. Pero muchas ya han sido sobreseídas. Es el caso de un presunto intento de mordida de Dorado con el dueño de una agencia de publicidad, que recibió carpetazo. Otro archivo más por un aparcamiento en la plaza de Cuba. E incluso la denuncia que el propio Dorado presentó contra otro funcionario de Infraestructuras.

Pero aún quedan causas vivas. Tras la investigación policial, el juez señalaba que además de las irregularidades en los contratos del plan de Choque del año 2020 se había detectado una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras y otra sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama. También se investigan contratos relacionados con una serie de facturas emitidas en el ejercicio 2021, correspondientes a labores de pintura, albañilería, fontanería y jardinería del área de Infraestructuras. Parte de estas facturas se habrían correspondido con trabajos realizados directamente por operarios del Ayuntamiento de Córdoba, simplemente no se habrían realizado, o habrían trabajado en ellas empleados de otra (sociedad) mercantil.

El caso Dorado deja de ser el caso Dorado. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, firmó el pasado viernes un auto en el que acota la investigación del conocido como caso Infraestructuras, en el que se trata de aclarar un presunto fraude cometido en este área municipal del Ayuntamiento en el año 2020. El magistrado, en un extenso escrito, ha decidido sobreseer la acusación que pesaba sobre el exconcejal de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, David Dorado, al considerar que su papel en el presunto fraude investigado no fue decisivo para que se cometiera.

El juez reduce el número de investigados en una causa en la que sí que aprecia delitos, pero supuestamente cometidos por menos personas. De esta manera, mantiene procesada a la excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno (el único cargo político), y al principal investigado, un funcionario que actuaba como jefe de contratación de obras y de mantenimiento de edificios públicos. Junto a ellos aparecen otros tres empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de los contratos supuestamente arbitrarios e irregulares concedidos.

En el auto, al que ha accedido este periódico, el magistrado sostiene la desimputación de David Dorado en que “cómo la participación en los hechos del concejal delegado queda difuminada en cuanto a su posible decisión política de impulsar la ejecución de la obra de iluminación de la avenida de Libia”, el principal contrato por el que se precipitó la investigación después de una denuncia pública, primero, de la exconcejala de IU Amparo Pernichi. “Su única intervención en los dos expedientes es la de firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas; y no encontramos más indicios de su participación en los hechos que esa decisión manifestada de que se llevara a efecto la ejecución de dicha obra”, argumenta el magistrado.

“Sostener que pudiera haber existido un desinterés en el mismo sobre la forma en que se materializara en términos jurídicos tal decisión política, o una intención de que se llevara a efecto, incluso contra el mandato legal de prohibición de fraccionamiento, sería una hipótesis razonable; pero no cuenta de sustento indiciario alguno en el que fundamentar una imputación formal capaz de superar las exigencias de razonabilidad del juicio de imputación exigidas” en la ley “para el mantenimiento de la imputación en sede de fase intermedia del procedimiento abreviado”, concreta.

David Dorado llegó a ser detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba, junto a la excoordinadora de Infraestructuras, el funcionario investigado y varios empresarios más. La mayor parte de los empresarios también son ahora desimputados, al considerar que muchos no se vieron beneficiados ya que fueron meras comparsas que presentaban sus ofertas para optar a obras que finalmente eran adjudicadas a quien, supuestamente, el principal investigado acababa adjudicando.

Dorado, defendido por el abogado Carlos Arias, fue apartado por su partido político y durante el pasado mandato acabó formando parte del grupo de concejales no adscritos, donde siempre mantuvo en el Pleno su inocencia en los hechos de los que fue acusado. El sobreseimiento de su acusación queda ahora pendiente de la petición de las acusaciones personadas en la causa y también de lo que considere en su calificación el Ministerio Fiscal.

Mientras, el juez que firma el auto decide que sigan la instrucción y que se mantenga la investigación sobre las cinco personas que siguen procesadas: el funcionario, la excoordinadora y tres empresarios amigos del funcionario, que presuntamente se adjudicaron contratos sospechosos. El magistrado también aporta luz sobre muchos de los 42 contratos bajo sospecha y también acota la investigación, viendo fraude en algunos y descartándolo en otros.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El primer caso: una denuncia que ha derivado en seis investigaciones

No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso. Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El Juzgado encargado de la investigación fue Instrucción 4, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, el magistrado más conocido de Córdoba. Suya fue también la instrucción del caso Bretón, el crimen más mediático de la ciudad. Rodríguez Laínz es un juez con fama de meticuloso. El magistrado desgranó la denuncia, que se centraba exclusivamente en los contratos del llamado Plan de Choque 2020 y encargó la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías asumieron el trabajo e iniciaron una operación especial, que bautizaron con el aún misterioso nombre de Caronte (al parecer, en referencia al principal sospechoso, el funcionario jefe de Mantenimiento).

Rodríguez Laínz decidió dividir la causa en seis casos diferentes, al considerar que había indicios. De momento, ya han sido archivados dos, aunque otros cuatro siguen su curso en los diferentes tribunales, como el principal, en Instrucción 4, que ahora se acota.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha acordado prorrogar otros seis más la investigación de la causa inicial sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital, tras unos tres años de diligencias.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado 'Diario Córdoba', después de que el juez José Luis Rodríguez Lainz ha dictado un nuevo auto para continuar con el trabajo ante la necesidad de incluir otras pruebas periciales.

El caso se inició tras admitirse a trámite la denuncia de los grupos de IU y Podemos en el Consistorio por la Fiscalía en noviembre de 2021. En un primer momento, se apuntó a la presunta responsabilidad de un técnico municipal y de la entonces coordinadora general de Infraestructuras, pero en diciembre de 2022 el juez incorporó como investigados al exdelegado del área de Infraestructuras David Dorado por la supuesta comisión de un delito de cohecho y a diez empresarios por presunta cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.

Además, se amplió la investigación sobre el técnico municipal y la excoordinadora del área de Infraestructuras, que estaban ya investigados por prevaricación y falsedad documental. Después de la investigación policial, se intenta esclarecer también la supuesta comisión de los delitos de integración en grupo criminal, cohecho y malversación de caudales públicos.

Archivos

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha acordado archivar en septiembre la causa por la supuesta comisión de delito de cohecho en grado de tentativa por el exconcejal de Infraestructuras David Dorado y la excoordinadora del área, dentro de las diligencias del caso Infraestructuras.

Según confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez dictó un auto en el que acuerda el archivo de esta pieza separada del caso, considerando que los hechos no son constitutivos de infracción penal, en cuanto al destino de fondos europeos.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 8 ya dictó en mayo otro auto acordando el sobreseimiento de la causa contra la excoordinadora de la Delegación de Infraestructuras y un jefe de área por la supuesta comisión de un delito de cohecho en la gestión de contratos menores de obra en una de las piezas del caso Infraestructuras.

El juez, en su auto, exponía que los contratos en cuestión han sido realizados por los investigados “con la competencia necesaria para ello y de forma ajustada a derecho”.

En este sentido, de las pruebas practicadas no se desprenden “indicios racionales de criminalidad de la existencia de dádivas, prebendas, ofrecimientos, promesas o provecho alguno por parte de los empresarios adjudicatarios de las obras a los investigados”.

Igualmente, el Juzgado de Instrucción número 2 acordó en abril el sobreseimiento provisional y archivo de la segunda causa sobre presuntas irregularidades en contratos de la citada Delegación con la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, tras la auditoría que inició el caso en 2021, encargada por el entonces edil del área David Dorado.

Según se detalla en el auto, Dorado denunció “una serie de irregularidades en licitaciones de obras relativas a sustitución de luminarias de alumbrado público de Córdoba y remodelación de nuevas calles que incorporan alumbrado y cuadros de mando”.

El conocimiento de “estas irregularidades derivó de las quejas y comunicaciones de empresas licitadoras no adjudicatarias de los contratos que aducían un presunto 'complot' en los términos de redacción de los proyectos que han hecho inviable, desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias estas obras”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha archivado una de las seis causas del caso Infraestructuras que se están investigando en distintos organismos judiciales de la ciudad de Córdoba. En concreto, se trata de una causa abierta en la que se investigaba un supuesto intento de cobrar una mordida por parte del exconcejal de Infraestructuras David Dorado.

Tras la investigación policial, el juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, señalaba que además de las irregularidades en los contratos del plan de Choque del año 2020 se había detectado una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras, una segunda línea relacionada con el supuesto intento de David Dorado de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba. Esta investigación se centraba en una presunta grabación en la que se aludía a un intento de cobrar una comisión por un contrato publicitario.

La jueza considera que tras la práctica de diligencias, que han consistido en varias testificales y en la que se ha escuchado al empresario, se ha determinado que no hay hechos considerados “constitutivos de infracción penal”, por lo que decide sobreseer la causa.

En esta pieza separada constaba como investigado el propio David Dorado, junto a la excoordinadora general de Infraestructuras en el Ayuntamiento, María Luisa Bueno. Contra la resolución se puede interponer recurso de reforma o apelación.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El primer caso: una denuncia que ha derivado en seis investigaciones

No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso. Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El Juzgado encargado de la investigación fue Instrucción 4, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, el magistrado más conocido de Córdoba. Suya fue también la instrucción del caso Bretón, el crimen más mediático de la ciudad. Rodríguez Laínz es un juez con fama de meticuloso. El magistrado desgranó la denuncia, que se centraba exclusivamente en los contratos del llamado Plan de Choque 2020 y encargó la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías asumieron el trabajo e iniciaron una operación especial, que bautizaron con el aún misterioso nombre de Caronte (al parecer, en referencia al principal sospechoso, el funcionario jefe de Mantenimiento).

Rodríguez Laínz decidió dividir la causa en seis casos diferentes, al considerar que había indicios. De momento, ya han sido archivados dos, aunque otros cuatro siguen su curso en los diferentes tribunales, como el principal, en Instrucción 4.

El Tribunal de Cuentas ha dado un paso en la investigación abierta para dirimir la responsabilidad contable en las facturas pagadas en cuatro contratos municipales relacionados con el Caso Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, después de que el PSOE presentara una denuncia ante este organismo por supuestas irregularidades que podrían derivar en perjuicio de los fondos públicos municipales.

Sobre la responsabilidad contable del pago de las facturas asociadas a dichos contratos, el Tribunal de Cuentas quiere conocer ahora la información que pueda ser facilitada por los responsables municipales en las fechas en que se ejecutaron -año 2021- y llevará a cabo un trámite de audiencia para escuchar lo que tengan que aportar.

Así, según el escrito de la Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas -al que ha tenido acceso este periódico-, conforme al funcionamiento de este tribunal y tras los escritos del Ministerio Fiscal, cita al exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento, Salvador Fuentes, y al exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, así como al funcionario responsable de los contratos.

El Tribunal de Cuentas les requiere para que comparezcan, por sí mismos o mediante sus representantes. Asimismo, también cita al representante legal del Ayuntamiento de Córdoba, para “la práctica de la Liquidación Provisional que tendrá lugar el 26 de junio de 2024”, en la sede del citado organismo en Madrid.

Este trámite dentro del procedimiento del Tribunal de Cuentas llega después de que el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, presentara una denuncia ante este organismo para conocer si había habido perjuicio a las arcas municipales por los pagos a empresas encausadas en el denominado Caso Infraestructuras.

Según ha podido conocer este periódico, la petición de información a Salvador Fuentes responde al cargo que ostentaba en el Ayuntamiento, como máximo responsable de Hacienda que firmaba las facturas después de que estas hubieran tenido la fiscalización de los órganos de control del Consistorio.

De hecho, el Tribunal de Cuentas ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, entre otros extremos, información de la persona responsable del Ayuntamiento para reconocer la obligación y ordenar el pago de determinadas facturas en el año 2021 relacionadas con el llamado Caso Infraestructuras. En virtud de la normativa aplicable -Ley de Haciendas Locales y normativa Municipal- era Salvador Fuentes, como teniente de alcalde de Hacienda, la persona designada por parte del Ayuntamiento para reconocer la obligación y ordenar el pago de todas las facturas municipales, también de aquellas cuya información reclama el Tribunal de Cuentas ahora.

Las facturas cuya información requiere el Tribunal de Cuentas se encuentran incluidas en relaciones de obligaciones formadas por el Órgano de Gestión Económico financiera y fiscalizadas por la Intervención General y órdenes de pago conformes al Plan de Disposición de Fondos y fiscalizadas por la Intervención General. Y, en consecuencia aprobadas, como legalmente es preceptivo, por decreto del entonces teniente de alcalde de Hacienda.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha ordenado el sobreseimiento y archivo del segundo caso Infraestructuras que se investigaba por una denuncia del exconcejal responsable de dicha área, David Dorado, contra el jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Córdoba. Dorado está investigado en el primer caso Infraestructuras. Este segundo caso investigaba si hubo fraude, o no, en la contratación de un sistema de luminarias en la ciudad desde los años 2010 hasta prácticamente 2022.

El auto del juez, fechado este 26 de abril, ordenando el archivo de la causa del segundo caso Infraestructuras no es firme y contra él cabe interponer recurso. En su escrito, señala que “sin despreciar la existencia de irregularidades que, no sabemos si son debidas a la dinámica propia de la contratación administrativa, al escaso rigor en los procedimientos seguidos (por las prisas, por desconocimientos - Letrado Asesoría Jurídica Municipal, dixit), no creemos que éstas sean suficientes para concluir que haya existido trato de favor, que se haya limitado la libre concurrencia en la contratación, que se hayan abonado facturas indebidas o consumado contrataciones directas ilícitas, más allá de la relevancia meramente administrativa que pueda atribuirse a las mismas; todo lo cual nos lleva a decretar el sobreseimiento provisional de la causa”.

La investigación de este segundo caso Infraestructuras fue abierta por el juzgado tras una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, presentada el pasado 13 de julio de 2022, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y los demás que pudieran determinarse, a raíz de la denuncia inicial presentada el 14 de julio de 2021 por David Dorado, cuando aún ostentaba la condición de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y responsable del área de Infraestructuras. 

Dorado denunció en ese momento una serie de presuntas irregularidades en licitaciones de obras relativas a sustitución de luminarias de alumbrado público de Córdoba y remodelación de nuevas calles que incorporaban alumbrado y cuadros de mando. Advertía de la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que dio pie a la apertura de las diligencias judiciales, estos testigos detallaban reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022.

Ahora, el auto del juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba desgrana la investigación llevada a cabo sobre esos contratos denunciados y no ve delitos en ello, por lo que ha ordenado el archivo de la causa.

El juez que instruye el segundo caso Infraestructuras en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba ha confirmado desestimado las declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal Miguel Ángel Torrico, como pretendía David Dorado, el exedil de Infraestructuras durante el pasado mandato, y que denunció los hechos que investiga el juzgado.

En un auto facilitado a los medios, el juez entiende que la declaración de ambos, en calidad de firmantes de dos expedientes sometidos a investigación, no procede. Concretamente, el auto destaca “la inutilidad de la prueba pretendida al no tener visos razonables de que su práctica pueda arrojar luz sobre el tema”.

“Es sabido que la intervención de dichos testigos es de todo punto formal y exigida por los mecanismos administrativos sobre la materia, cuando lo relevante en todo caso sería la información que puedan facilitar los órganos que ejercen la fiscalización de la contratación pública”, señala.

La petición

El exconcejal David Dorado, que fue arrestado en diciembre de 2022 en el primer caso Infraestructuras y que denunció un segundo caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, envió hace un año un escrito solicitando que declaren como testigos el alcalde, José María Bellido, y el concejal del PP Miguel Ángel Torrico. 

Dorado solicitaba su testificar por haber firmado Bellido y Torrico dos contratos sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales del equipo del exalcalde José Antonio Nieto, y que supusieron los trabajos de una de las empresas que están siendo investigadas por el juez en este segundo caso. El juez ya desestimó su testimonio en septiembre de 2023, pero Dorado lo recurrió y, ahora, de nuevo, se ha vuelto a desestimar.

En cualquier caso, el alcalde de Córdoba dijo que si el juez estimaba que tenía que ir a declarar como testigo, lo haría “encantado”, porque no tiene “ningún problema” y lo llevará “con orgullo”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha ordenado prorrogar durante seis meses más la instrucción del denominado segundo caso Infraestructuras, que investiga contratos de este área municipal del Ayuntamiento de Córdoba. En concreto, este segundo caso Infraestructuras se centra en si hubo fraude en la contratación de un sistema de luminarias en la ciudad desde los años 2010 hasta prácticamente 2022.

El exconcejal David Dorado, que fue detenido en el primer caso Infraestructuras, encargó una auditoría interna para conocer el método de contratación en el área de Alumbrado Público cuando él era el concejal responsable. Esa auditoría llevó a la Fiscalía Provincial a pedir una investigación judicial, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, que lleva ya año y medio practicando diligencias, aunque sin hallar indicios según el juez.

Precisamente, en un auto emitido el 10 de enero -al que ha tenido acceso Cordópolis-, el juez expone que “al día de la fecha todavía están pendientes de práctica diversas diligencias, básicamenete, las declaraciones que vienen señaladas. Como ya se dijera en anterior resolución, las partes saben de la complejidad del presente procedimiento, que está conllevando la exigencia de múltiples declaraciones y otro tipo de diligencias”.

Además, el juez expone que “incluso está pendiente de resolución ante la Audiencia Provincial (en realidad, aun no se ha elevado la correspondiente pieza separada) un recurso de apelación del que -caso de estimación- resultaría la necesidad de practicar diligencias de instrucción que han sido expresamente denegadas. De estas diligencias podría resultar la pertinencia de practicar otras derivadas; de ahí la pertinencia de decretar una segunda prórroga de la instrucción penal por el plazo máximo, sin perjuicio de dar por concluida la instrucción si no fuera necesario agotarlo”. 

Por ello, el juez dispone que se prorrogue la instrucción de la causa por plazo de seis meses hasta el próximo 21 de julio de 2024, a fin de estar a la espera de que se practiquen las diligencias de instrucción que vienen ya acordadas, en su caso, las que pueda acordar la Audiencia Provincial y las derivadas de las anteriores, según reza el auto.

El titular de la instrucción toma esta decisión después de emitir una providencia el 12 de diciembre pasado trasladada al Ministerio Fiscal y partes personadas para que se pronunciaran sobre la pertinencia de una segunda prórroga de la instrucción.

Ante ello, se presentaron escritos por el Ministerio Fiscal y por las representaciones del propio David Dorado y un funcionario acusado en el caso Infraestructuras para pedir la prórroga de la instrucción penal de este segundo caso. Mientras, se pronunciaron contrarios a dicha prórroga los representantes del Ayuntamiento de Córdoba y empresarios señalados en la causa.

La Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido este viernes la declaración ante el juez, como investigados, de la antigua cúpula del área de Infraestructuras del Ayuntamiento, por el caso abierto en el que se han detectado presuntos contratos amañados.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, han prestado declaración el exconcejal David Dorado, que estaba al frente del área de Infraestructuras cuando estalló el caso, la entonces coordinadora general del área, María Luisa Bueno, y el funcionario responsable de los contratos investigados. Asimismo, han declarado en esta jornada tres de la veintena de empresarios que fueron detenidos en su día por la Policía Nacional y encausados por los hechos que se investigan. Se les investiga por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y grupo criminal.

Tanto David Dorado como María Luisa Bueno se han ratificado ante el juez en su primera declaración, en defensa de su inocencia. El exconcejal ha contestado a preguntas de su abogado y a las del juez, que también ha añadido cuestiones relativas al atestado de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, cuando en diciembre de 2022 fue detenido y puesto en libertad con cargos. Dorado asegura que su situación de investigado responde a darle las garantías procesales necesarias en el caso.

La declaración ante el juez de cada uno de los tres integrantes de la anterior cúpula del área de Infraestructuras municipal ha durado alrededor de media hora.

Investigación y detenciones 

Dorado ha respondido a las preguntas del magistrado tras ser detenido en el mes de diciembre de 2022 en el llamado Caso Infraestructuras, una investigación policial sobre una presunta trama de amaños de contratos públicos en el Ayuntamiento de Córdoba. Ante los agentes se acogió a su derecho a no declarar. 

En este caso, la UDEF ha arrestado en este tiempo, además de a los excaergos que han prestado declaración este viernes, a más de una veintena de empresarios, a los que se les imputa los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.

El Caso Infraestructuras saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

Fiscalía halló indicios de delitos

No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.

Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, ha vuelto a rechazar por segunda vez la investigación propuesta por el exconcejal David Dorado en el llamado como segundo caso Infraestructuras, una investigación que de momento ha naufragado.

Dorado, que fue detenido en el primer caso Infraestructuras, encargó una auditoría interna para conocer el método de contratación en el área de Alumbrado Público, cuando él era el concejal responsable. Esa auditoría llevó a la Fiscalía Provincial a pedir una investigación judicial, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, que lleva ya casi un año y medio practicando diligencias. No obstante, y hasta el momento, el magistrado señala que no se han hallado indicios de delitos.

David Dorado ha pedido por dos veces que se amplíen las diligencias de investigación. En un inicio, reclamó incluso que se citara como testigo al actual alcalde, José María Bellido, por su responsabilidad en el año 2012 como concejal de Hacienda y miembro de la mesa de contratación municipal. Ahora, ha planteado ampliar la investigación a concejales de anteriores corporaciones, junto a otras iniciativas.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez rechaza la propuesta de dorado por cuatro razones. La primera es que “no se indica en ningún momento la razón de pertinencia de las mismas”, la segunda que “no se justifica” que se deriven de las iniciadas, la tercera que “exceden manifiestamente de los hechos que han sido objeto de denuncia por parte del Ministerio Fiscal” y la cuarta que “su complejidad puede provocar una dilación no deseable de la causa”.

El magistrado, claramente enfadado, escribe en mayúscula que debe recordar “una vez más” que “los hechos denunciados” tienen que ver con limitaciones a la libre concurrencia en las contrataciones del Ayuntamiento en el área de alumbrado. En este caso, insiste en que “no ha aparecido ni un solo indicio que informe de que ha tenido lugar una limitación de la libre concurrencia o el favorecimiento de determinadas empresas”. El juez sostuvo en un auto del pasado 7 de septiembre que el redactor de la auditoría se desdijo en su declaración y que con ello decayó prácticamente toda la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha considerado que una de las denuncias que dio pie al inicio de su investigación sobre el llamado segundo caso Infraestructuras ha resultado “un fiasco”. La denuncia fue interpuesta por el exconcejal de Ciudadanos David Dorado, investigado en el primer caso Infraestructuras, contra el jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento. En la causa están en situación de investigadas ocho personas más (todos empresarios o trabajadores) y dos empresas. Este segundo caso investiga si hubo fraude, o no, en la contratación de un sistema de luminarias en la ciudad desde los años 2010 hasta prácticamente 2022.

El juez escribe estas palabras en un auto fechado el pasado 7 de septiembre en el que rechaza de nuevo un recurso de David Dorado, en el que entre otras demandas, reclamaba que se citara a declarar como testigo al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por un contrato del año 2012 cuando era concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba. Junto a él, Dorado reclamaba la testifical del concejal Miguel Ángel Torrico, de la interventora o del jefe de la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento.

El magistrado vuelve a rechazar el recurso, a petición también del Ministerio Fiscal, con el argumento de que estas personas se limitaron a firmar unos contratos y que “no se nos ilustra porqué o cómo los testimonios que se han rechazado puedan arrojar luz a la causa”. Así, dice que “ninguno de los testigos propuestos está siendo investigado en la causa, ni ha aflorado conocimiento alguno que sugiera la bondad e que deban serlo”, escribe el juez.

Aparte, rechaza que se investigue un expediente del año pasado, firmado en abril, y denunciado por Dorado. “No vamos a investigar todo lo que a las partes le convenga si no guarda relación con el objeto de la denuncia” inicial, plantea el juez. “Y es que, ya lo vamos a ir apuntando, conscientes de que con ello ya estamos exteriorizando un parecer”, avanza el juez, que pone en negrita y subraya estas frases en su auto. “Al día de la fecha, a juicio de este instructor, no ha aparecido ni un solo indicio que informe de que ha tenido lugar una limitación de la libre concurrencia o el favorecimiento de determinadas empresas”.

De hecho, el juez agrega que “la denuncia formulada por el señor Dorado en lo concerniente a las luminarias” y que se basó en un informe “redactado” a petición del propio exconcejal por un técnico “ha resultado un auténtico fiasco”. “Basta con recordar que el autor del mencionado informe ha declarado en vía judicial, descidiéndose del mismo en tal alarde de sinceridad que permite ir sospechando” que el documento fue aportado “consciente de su contenido falsario”. En la segunda investigación, del mismo caso, “todo indica que se trató de una mejora técnica, sin que a la fecha se haya aportado dato alguno cierto de ilegalidad”, reitera el juez.

En el auto, el juez también permite que se persone en la causa el funcionario detenido e investigado en la primera investigación, que fue jefe de mantenimiento de edificios municipales en el Ayuntamiento. Aunque el magistrado deja la puerta abierta a archivar este caso en próximas fechas.

La denuncia

David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, ha decidido prorrogar otros seis meses más la investigación sobre el llamado segundo caso Infraestructuras, el que denunció el exconcejal David Dorado y por el que está imputado un funcionario, el jefe del servicio de Alumbrado Público en el Ayuntamiento. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más. 

El magistrado entiende que se tienen que seguir practicando diligencias de instrucción, antes de decidir si hay indicios de delito o no, si la causa finalmente se archiva o llega a sala para su reparto y posterior juicio. El juez ha dado un plazo a los abogados de las diferentes partes personadas, incluido el Ayuntamiento, para que pidan nuevas diligencias de instrucción, si lo entienden oportuno.

Es el caso de la defensa de David Dorado. El exconcejal reclama que el Ayuntamiento aporte abundante documentación para aclarar la supuesta trama por él denunciada. También reclama que se investigue si ha habido incremento patrimonial entre los bienes del funcionario denunciado y que se pidan más facturas a las empresas investigadas. Aparte, Dorado reclama que declare en calidad de testigo el secretario del Pleno del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, para que explique el procedimiento que siguió durante la instrucción de un expediente interno sobre esta denuncia.

La denuncia

En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha ampliado su petición de facturas y movimientos bancarios del grupo de Ciudadanos, sobre dietas de dicho grupo. Ha reiterado su petición a Intervención municipal para que se le haga llegar esta documentación, que se refiere a una comida de 22 de agosto hecha por el portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno. Reclama las facturas y movimientos bancarios entre esa fecha y hasta final de 2022.

Dorado hizo en el Pleno de abril una petición de información sobre las cuentas de dicho grupo cuando este denunció el reparto de dietas en el grupo municipal con una conversación de Whatsapp de los concejales naranjas. Dorado pidió las facturas y los movimientos bancarios correspondientes a una comida que denunciaba y, sobre ello, el grupo de Ciudadanos ha resuelto que no le dará dichas cuentas, argumentando entre otras razones que el propio Dorado era responsable de las mismas en las fechas que reclama.

En el pasado Pleno de abril, Dorado dio a conocer una conversación de Whatsapp de los concejales de Cs, con la que denunció el presunto uso irregular de dietas municipales. La conversación que denunció pertenece al chat del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, de agosto de 2022, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”. A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. También contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Y finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

Este jueves en el turno de ruegos del Pleno, David Dorado ha reiterado su petición y ampliado las fechas de a documentación solicitada. Sobre su responsabilidad en las cuentas bancarias en la fecha de la comida citada, señala que tenía “firma mancomunada con Isabel Albás -la anterior portavoz de Cs-”. “No firmé nada en esa época”, semanas antes de abandonar e grupo de Cs. Y sobre el uso de las dietas, ha asegurado que “esa fue una de las causas de mi marcha”.

Por ello, tras pedir amparo al Secretario de Pleno para hacerse con la documentación pedida y después de que este derivara a Intervención la petición, Dorado ha reclamado que esta instancia le haga llegar las cuentas.

Asimismo, ha dicho que “si lo que propuso Torrejimeno se ha materializado” y se comprueba en la documentación, “lo llevaré a Fiscalía”.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba ha dado contestación a la petición de información sobre las cuentas de dicho grupo hecha en el Pleno por el concejal no adscrito y exedil de Cs, David Dorado, cuando este denunció el reparto de dietas en el grupo municipal con una conversación de Whatsapp de los concejales naranjas. Dorado pidió las facturas y los movimientos bancarios correspondientes a una comida que denunciaba y, sobre ello, el grupo de Ciudadanos ha resuelto que no le dará dichas cuentas, argumentando entre otras razones que el propio Dorado era responsable de las mismas en las fechas que reclama.

En el pasado Pleno de abril, Dorado dio a conocer una conversación de Whatsapp de los concejales de Cs, con la que denunció el presunto uso irregular de dietas municipales. La conversación que denunció pertenece al chat del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, de agosto de 2022, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”. A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. También contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Y finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

En el Pleno de abril, David Dorado solicitó formalmente que se le remitieran las facturas y los movimientos bancarios entre el 22 de agosto y el 30 de septiembre de 2022, que pudieran corresponder a la comida referida en la conversación de los concejales de Ciudadanos. Ahora, el grupo municipal naranja ha remitido un escrito en el que señala que “entendemos que corresponde al Pleno y únicamente a éste solicitar la aportación de los documentos a que se refiere la petición efectuada, tal y como refrenda el artículo 17.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Córdoba”.

Sobre las facturas y cuentas del grupo de Cs, responden que “la contabilidad y facturas del Grupo Municipal Ciudadanos Córdoba correspondiente al ejercicio 2022 fueron remitidas a la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba con fecha 17 de enero de 2023 para su informe previo a su fiscalización por el Pleno con el resultado de informe provisional favorable el 31 de enero de 2023, por lo que entendemos que están ya en poder de Intervención y no del Grupo Municipal”.

Dorado, responsable de la cuenta de Cs hasta primeros de septiembre de 2022

Por último, con relación a la solicitud formulada de aportar los detalles de todos los movimientos bancarios de la cuenta del Grupo Municipal Ciudadanos Córdoba desde el 22 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2022, manifiestan que “llama poderosamente la atención que Don David Dorado Ráez, quien ha tenido la firma autorizada de esa cuenta desde el inicio del mandato de 2019 hasta la primera semana de septiembre de 2022, y, por tanto ha autorizado todos los cargos y abonos del Grupo Municipal, sea quien solicite detalles de la cuenta de fechas en las que él mismo era el responsable”.

No obstante, consideran que “la cuenta bancaria es privada del propio Grupo Municipal y, por ende, no tiene el grupo obligación alguna de facilitar esa información”, aunque “ya fue incorporada y remitida junto a la cuenta justificativa del propio grupo correspondiente al ejercicio 2022 a Intervención General” del Ayuntamiento, “por lo que es éste órgano municipal quien debe pronunciarse a tal efecto”, finaliza el escrito firmado por el actual portavoz naranja, Manuel Torrejimeno.

El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha ordenado citar como testigo en el conocido como caso Infraestructuras al jefe de la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de la ciudad. El magistrado atiende así los escritos presentados por dos de los procesados en la investigación, sobre un presunto fraude en los contratos del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento entre 2020 y 2022, un funcionario jefe del departamento de Mantenimiento de Edificios municipales y el concejal David Dorado.

Además del jefe del servicio de Asesoría Jurídica, el juez atiende otra petición, y escuchará el testimonio de la interventora municipal de fondos del Ayuntamiento. El objetivo de estas testificales será aclarar el control interno que había sobre los contratos investigados, según los escritos de defensa de los dos procesados en esta causa, según consta en el auto firmado por el juez y al que ha tenido acceso este periódico.

Estos escritos son una continuación a las diligencias de investigación que se siguen en el juzgado cordobés. El juez ya ha tomado declaración a gran parte de los investigados y sigue recibiendo escritos de las partes. El magistrado atiende también la petición de citar como testigos a los policías que arrestaron a todos los implicados y que siguen adelante con la investigación.

Por otra parte, el magistrado ha iniciado oficios para reclamar a las empresas implicadas facturas y presupuestos de las obras presuntamente ejecutadas. En algunos casos, como la instalación de equipos de climatización en colegios, se sostiene que se pagó de más por equipos que en realidad eran más baratos. En otros como en la avenida de Libia, que no se hicieron las obras pagadas. También se reclama a las que suministraron equipos EPIs si anteriormente los habían suministrado al Ayuntamiento.

El juez también le pone tareas al Ayuntamiento. Así, le reclama un informe para determinar si en la ejecución de contratos menores, como los que se investigan, se admite la posibilidad de subcontratar a otras empresas. También, si constan comunicaciones con empresas de que van a subcontratar contratos.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha ordenado el archivo de una de las causas que investigaba en el conocido como caso Infraestructuras. En concreto, las diligencias sobreseídas se refieren a la investigación de una obra en el aparcamiento de la plaza de Cuba. El parking es privado y las diligencias policiales sospechaban que la obra se había encargado con fondos públicos para resolver un problema privado.

Finalmente, las diligencias judiciales han concluido en la ausencia de delito alguno. Al contrario, han certificado que las obras se encargaron para solventar un problema de filtraciones de agua procedente de la propia plaza, es decir, en un espacio público, hacia el aparcamiento privado.

Para el sobreseimiento de la investigación ha sido clave la declaración del exdirector general de Infraestructuras (previo a la llegada de María Luisa Bueno) y de un informe de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Según consta en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el director general se ha desdicho de su declaración original y ahora en sede judicial ha asegurado que el encargo de la obra no fue un capricho de David Dorado cuando era concejal de Infraestructuras, sino el cumplimiento de una moción del Pleno para resolver un problema en la plaza de Cuba con las filtraciones de agua cada vez que llovía.

Eso sí, dos informes de Infraestructuras consideraron la propuesta como “desfavorable”. “El testigo explica que, aparte de no recibir ningún tipo de presión o insistencia relevante ni del concejal referido ni de ninguna otra persona, emite informe desfavorable a la vista de previo informe técnico desfavorable”, detalla el juez en los hechos probados. “Posteriormente cesa en el cargo; siendo entonces cuando tiene noticia de la existencia de un segundo informe, en este caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que se da un sentido favorable a la obra, acreditando el carácter público del suelo desde el que procederían las filtraciones al subsuelo”, concluye Rodríguez Lainz.

Con este testimonio, el magistrado ordena el sobreseimiento provisional de las diligencias de investigación, y su archivo. “No aparenta existir infracción alguna en cuanto respecta al inicio de un expediente administrativo destinado a dar cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno”, describe el juez. “Se inician los trámites y se encuentra un obstáculo tras el lógico informe jurídico desfavorable derivado de la existencia de un informe técnico igualmente desfavorable. Que el concejal que asume la dirección del área se interese simplemente por la tramitación del expediente no representa en modo alguno apariencia de la existencia de una concreta infracción criminal”, concreta.

“Incluso independientemente del carácter público del suelo y de las razones que pudieran estar detrás de las filtraciones (en el informe técnico se hablaba de posible insuficiente impermeabilización en la ejecución dela obra del aparcamiento), la propia existencia de un conflicto jurídico del que pudiera derivarse una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración podría justificar la propia decisión municipal de llevar a efecto la obra, en cumplimiento de la referida moción, como forma de evitar precisamente ese conflicto”, concluye el magistrado antes de dar carpetazo a la causa.

Dorado fue detenido en diciembre del año pasado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Esta era una de las seis investigaciones que se cernían sobre la causa original y la primera que se archiva. Aún quedan pendientes de diligencias cinco más, referidas a una presunta contratación irregular en el área de Infraestructuras entre los años 2020 y 2022.

David Dorado señala que el archivo no le ha pillado por sorpresa y reitera su inocencia

“No me ha pillado por sorpresa el archivo de esta causa puesto que no he cometido ningún delito, ni en esta ni en ninguna otra”, ha asegurado el concejal David Dorado en declaraciones a este periódico. “La única persona que ha testificado en esta causa es la misma que declaró en mi contra ante la Policía: el anterior Director General de Infraestructuras que fue cesado por mí por incompetente meses antes de la realización de los contratos menores”, ha agregado.

“Resulta sorprendente que la UDEF, en el transcurso de su investigación y con la colaboración estrecha del Jefe de Asesoría Jurídica Municipal –Miguel Aguilar Jiménez- (tal y como manifestó el propio alcalde), le haya tomado declaración a un señor, despechado por su cese, que ya no trabajaba ni en la Delegación de Infraestructuras ni en el Ayuntamiento de Córdoba cuando se realizaron los contratos menores que se estaban investigando”, ha detallado.

“También es de destacar que, estando en licitación la obra de la Plaza de Cuba y con el Visto Bueno de la Asesoría Jurídica Municipal, ésta última haya propuesto a la Junta de Gobierno Local la personación del Ayuntamiento en esa causa a sabiendas de la existencia de un informe favorable de la Gerencia de Urbanismo desde hace años”, ha expresado.

“Todo esto contrasta con la negativa del alcalde a que el Ayuntamiento se persone en la causa de los presuntos amaños en las licitaciones de sustitución de luminarias y cuadros de mando que fueron denunciados por mí y en la que hay 8 empresarios investigados y el funcionario Jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Córdoba. Ocho meses después de iniciar la investigación, el juez de instrucción nº 2 ha tenido que hacer el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento para que éste se persone como parte perjudicada”, ha concluido.

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha pedido amparo al secretario del Pleno para conocer las facturas y movimientos bancarios que se deriven de las dietas del grupo de Ciudadanos (Cs) que denunció. En el pasado Pleno de abril, Dorado dio a conocer una conversación de Whatsapp de los concejales de Cs, con la que denunció el presunto irregular de dietas municipales.

En un escrito en el que pide amparo al secretario del Pleno, recuerda la conversación que denunció del chat del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”.

A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. También contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Y finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

En su escrito al secretario del Pleno, David Dorado le solicita que “emprenda las acciones que considere oportunas con el objeto de, en pro del cumplimiento de la Ley, me sea facilitada de manera inmediata la documentación”.

Dorado recuerda que en el Pleno ya soicitó dicha información y que “el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos respondió que la primera factura desde el 22 de agosto de 2.022 que había abonado el Grupo estaba fechada el 31 de agosto de 2.022 y que no tenía ningún problema para hacerme entrega de la documentación solicitada, en base a esta respuesta, se da por confirmada la toma de conocimiento del requerimiento de la siguiente documentación: a) Detalle de todos los movimientos bancarios de la cuenta del Grupo Municipal Ciudadanos entre los días 22 de agosto y 30 de septiembre de 2.022. b) Factura citada por Manuel Torrejimeno fechada el día 31 de agosto de 2.022”.

Al haber sido estimada su solicitud “in voce” en el pleno por el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, “a la vista de no haber recibido documento ni respuesta alguna desde la finalización del pleno, habiendo transcurrido más de 5 días hábiles desde el ruego en el Pleno Ordinario del pasado 20 de abril de 2.023, y para garantizar mi derecho a ejercer el control y fiscalización necesarios sobre el Gobierno Municipal de Córdoba”, solicita al secretario del Pleno su actuación.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, considera “impertinentes” las “diligencias” propuesta por el concejal David Dorado para que declaren como testigos el alcalde, José María Bellido, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico. Dorado reclamaba su testimonio por ser los firmantes de dos contratos del año 2013 que investiga el juzgado en el marco del conocido como segundo caso Infraestructuras, que alude a un supuesto amaño de expedientes en el servicio de alumbrado público.

El juez señala que “baste señalar que la simple existencia de la contratación directa, sin previa oferta pública, no extraña ilegalidad alguna. Por ello entendemos que no tiene sentido ni utilidad alguna -de hecho, nada se justifica en el escrito de solicitud- traer a la causa el testimonio de quiénes, en nombre de la entidad pública, en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba, firmaron los contratos que se citan en el mencionado escrito, personas éstas que -no puede ser de otro modo-, como firmantes de los mismos, no van a aportar dato alguno que ilustre de la ilegalidad de la contratación”.

David Dorado se refiere a dos contratos que firmaron Bellido y Torrico sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales del equipo del exalcalde José Antonio Nieto. Los dos expedientes se firmaron con una de las empresas que están siendo investigadas por el juez en este segundo caso.

Además, el concejal también reclamó una investigación sobre un contrato reciente, el del suministro eléctrico de la Feria de Córdoba, que ha sido dirigido por el funcionario investigado en esta causa. El contrato se adjudicó el mes pasado. El juez también rechaza la petición de Dorado, ya que considera que el funcionario “puede seguir desarrollando sus funciones en el Ayuntamiento de Córdoba pese a la apertura de un expediente disciplinario. Es algo que resulta absolutamente irrelevante para nuestra investigación y completamente ajeno al objeto de estas diligencias previas”.

El magistrado, en el auto, firmado este mismo lunes, también acepta la personación del Ayuntamiento de Córdoba en la causa. A la vez, rechaza la del funcionario investigado en el primer caso Infraestructuras, que había solicitado estar presente en esta causa al considerarse víctima de lo que se investiga. El juez lo rechaza, considerando que a lo que alude son a presiones y amenazas de los investigados, y en absoluto a nada de lo que se referencia en las diligencias.

Este caso proviene de la denuncia que en su día presentó el concejal David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras contra el funcionario jefe del servicio de Alumbrado Público. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más. 

La instrucción va a coincidir en el tiempo con la del primer caso Infraestructuras, por la que fue detenido el propio David Dorado, además de su excoordinadora general, otro funcionario (el jefe de Colegios y Mantenimiento de edificios municipales) y una decena de empresarios. David Dorado está llamado a declarar como investigado ante el juez de Instrucción número cuatro el 17 de mayo, un día antes. Es decir, el caso seguirá vivo en plena campaña electoral.

En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.