La Junta refuerza con 1,2 millones de euros los servicios sociales comunitarios en Córdoba

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado la distribución de un crédito de 1.219.668 euros para el refuerzo, durante 2022, de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en la provincia de Córdoba. Estos fondos, aprobados ya en Consejo de Gobierno, “nos permiten garantizar en el nuevo año el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales de Andalucía, especialmente en materia de dependencia, así como dar continuidad a las distintas medidas puestas en marcha, sobre todo después de que se hayan bloqueado unos presupuestos que contemplaban una inversión histórica para las políticas sociales en nuestra Comunidad”, ha resaltado el delegado territorial de Igualdad, Antonio López.

El importe total aprobado para reforzar la gestión de la dependencia en Andalucía es de 11 millones de euros, cantidad que, por primera vez desde 2012, se amplió el año pasado con un incremento de 710.070,10 euros (72.435 euros más en Córdoba). Así, se ha considerado fundamental mantener este importe en el ejercicio 2022 para lograr una atención más ágil a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía y consolidar de esta manera el giro en el modelo de atención a la dependencia impulsado desde la Consejería de Igualdad. “Un cambio que ha permitido alcanzar el mayor número de personas beneficiarias en la comunidad, más de 250.000, y elevar la cantidad de las prestaciones percibidas por encima de las 344.000”, ha señalado el delegado.

Los servicios sociales comunitarios son los recursos de proximidad más cercanos a la ciudadanía y, por tanto, constituyen la puerta entrada a las distintas prestaciones del sistema público orientadas a la población más vulnerable, como las ayudas económicas familiares, los equipos de tratamiento familiar, el servicio de ayuda a domicilio o la renta mínima de inserción social. “Estos son un elemento clave de la estructura de prevención y atención al más de millón de andaluces y andaluzas que sufren marginación, pobreza o exclusión social. De ahí, la necesidad de que cuenten con una correcta y adecuada financiación”, ha explicado López.

En este sentido, desde el comienzo de la legislatura en el año 2019, se ha destinado al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a la dependencia en la provincia de Córdoba 5,3 millones de euros (5.345.537,12), es decir, 756.605,12 euros más que lo destinado desde el año 2015 al 2018.

Este esfuerzo ha permitido que sean atendidas (datos a 31 de octubre) 26.860 personas en situación de dependencia en la provincia a través de servicios y prestaciones económicas. Durante el año 2021, además, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha adoptado numerosas medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia, alcanzado máximos históricos de personas beneficiarias y reduciendo la lista de espera de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación de especial vulnerabilidad.

Esta distribución de crédito se realizará entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de informar y orientar a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.

Para ello, el personal cuya contratación es financiada con cargo a este acuerdo contará con la titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.

Las entidades locales deberán destinar los fondos a la finalidad prevista, garantizando el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por otro lado, el acuerdo establece un seguimiento y control del importe financiado de forma concreta y transparente.

Compromiso por la sostenibilidad del sector

“El compromiso de la Consejería de Igualdad y Rocío Ruiz con la dependencia es innegable desde el inicio de la legislatura”, ha señalado el delegado territorial, quien ha recordado que además, con la llegada de la pandemia por el coronavirus y la crisis social y sanitaria provocada “se han puesto en marcha todas las medidas a nuestro alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia para garantizar la seguridad y la protección de las personas y manteniendo el empleo asociado en todo el sector”.

Estas medidas, ha desgranado, han estado dirigidas a garantizar la sostenibilidad del sector teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tanto personas trabajadoras como entidades prestadoras de servicios podían sufrir. Para ello, se ha aumentado las ayudas extraordinarias para centros de día y centros residenciales, así como a las entidades locales competentes en la prestación del servicio de ayuda a domicilio de cara a minimizar el impacto económico en el sector y en el empleo. En este sentido y tras años de congelación, se ha aprobado además una subida del 12,3% en el coste de la hora del servicio de ayuda a domicilio y del 2,6% en el precio de la plaza de atención a las personas con discapacidad.

Además, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando, a nivel nacional, la propuesta de la constitución de un Pacto de Estado con el objetivo de blindar la dependencia como el derecho subjetivo del que se trata. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Parlamento andaluz, de los sindicatos y del sector de la dependencia.