Los autónomos temen quedarse sin ayudas directas y solicitan prorrogar el plazo para solicitarlas

A finales del segundo trimestre de 2021 había en España unos 3.340.000 profesionales inscritos en el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pero la realidad es que de ese total, poco más de dos millones son autónomos personas físicas.

El resto pertenecen a otras categorías pertenecientes al régimen laboral por cuenta propia, como familiar colaborador, socio de sociedad, miembro de un órgano en una administración societaria, familiar de socio, religioso o colegio profesional.

Este colectivo, el de los trabajadores autónomos, es uno de los más afectados por la crisis derivada del coronavirus, como bien explicó en Economipedia Lorenzo Amor, el presidente de ATA, una de las asociaciones de autónomos más importantes de estos trabajadores en todo el país.

El pasado 31 de marzo el Gobierno de la nación aprobó un decreto que contemplaba ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus, pero muchas de esas ayudas siguen estancadas.

7.000 millones en ayudas directas, ¿cuántas llegarán?

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advirtió en el mes de julio que tras tres más de tres meses de la entrada en vigor del decreto de ayudas directas, solo se habían solicitado el 40% del total, una cifra inferior a los 3.000 millones de euros. Y en agosto la situación no ha variado ostensiblemente.

Eduardo Abad, presidente de esta asociación, señala que Castilla La Mancha, Canarias, Baleares y Madrid son las comunidades autónomas donde más se han agilizado estas ayudas, pero en el resto de territorios de España el avance está siendo mucho más lento.

Desde UPTA han hecho llegar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, introducir algunos cambios para acceder más cómodamente a las ayudas. Uno de ellos es que solo se tenga en cuenta la caída de la facturación por la pandemia, sin necesidad de superar ese 30% descrito hasta la fecha.

Una segunda propuesta es poder utilizar esas ayudas para dedicarlas a pagar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. A día de hoy, empresas y autónomos que quieran acogerse a estas ayudas han de tener facturas pendientes con un proveedor, y es precisamente este requisito lo que está paralizando los fondos.

Lorenzo Amor, muy crítico con las ayudas

El presidente de ATA mantiene su tensa relación con el Gobierno. A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha estado ejerciendo una importante labor en este año y medio, con acuerdos muy sonados y un consenso general entre patronales de empresarios y sindicatos, Lorenzo Amor cree que no es una buena imagen para España abrir una línea de 7.000 millones de ayuda y no llegar a entregar ni la mitad.

El propio Lorenzo Amor añade dos posibles soluciones para agilizar estas ayudas: ampliar la duración de las mismas desde final de año hasta el 31 de marzo de 2022 y eliminar el apartado de pérdidas en el año 2019. La tercera medida sería ampliar también hasta finales de marzo el tiempo para pagar facturas pendientes. Una última propuesta es permitir a los autónomos con deudas en Hacienda contraídas en el periodo de alarma acogerse a las ayudas.

¿Cuál es la posición del Gobierno ante esta situación?

Calviño, interpelada por empresarios y asociaciones de autónomos, insiste en que el objetivo de su ministerio y por ende de todo el Gobierno, es conseguir que las ayudas lleguen y se repartan a las empresas más necesitadas.

En cualquier caso, esos intentos para agilizar las ayudas dependen en gran medida de las autonomías, pues algunas de ellas están haciendo interpretaciones como dedicar las ayudas a cubrir pérdidas contables generadas por la pandemia. Así lo han hecho Canarias, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, otro de los proyectos en los que trabaja el Gobierno es una reforma fiscal para adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Algunas asociaciones como IHE (Inspectores de Hacienda del Estado) proponen sancionar con multas a aquellas empresas que falseen los requisitos para acceder a una convocatoria de ayudas.

Estas multas deben ir más allá de sanciones económicas. La IHE pide excluir de esas ayudas a las empresas que mientan en sus cuentas. Esta asociación lleva años detectando muchos negocios que manipulan sus cuentas para acceder a las ayudas.