La delegada de Cultura critica que el Gobierno busque “crear problemas” con la nueva ley de patrimonio

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, y la delegada de Cultura del Gobierno Andaluz en la provincia, Cristina Casanueva, han comparecido este miércoles para informar de las alegaciones presentadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico Español.

Repullo ha hecho una valoración positiva de la veintena de alegaciones presentadas por la Junta, si bien ha criticado que se haya tenido que llegar a “una situación tan lamentable”, que a su juicio demuestra que “el Gobierno vuelve a ir contra los intereses de Andalucía”.

“Ahora ha ido a tocar el corazón de todos los andaluces, porque el patrimonio de Andalucía es de los andaluces, que gracias a su esfuerzo y a lo bien que se está haciendo se pone a disposición de todos los españoles y los visitantes”, ha dicho el delegado de la Junta, que cree que el Ministerio de Cultura no tiene “excusa para cambiar la forma de gestión del patrimonio andaluz” y este anteproyecto encubre su intención de “robar competencias a la comunidades”.

Por su parte, Cristina Casanueva ha lamentado que el Ministerio de Cultura haya optado por “crear problemas, en vez de solucionarlos”, y ha afeado que no haya querido buscar “puntos de encuentro que serían mucho más favorables”. A su juicio, el anteproyecto presentado ha sido “una decepción total”, así como una “oportunidad perdida” para “acabar con el abandono y la ruina de muchos inmuebles”.

Respecto a la invasión de competencias, la delegada ha criticado que el Gobierno “no es capaz de gestionar sus propias competencias y quieren ahora controlar desde Madrid las competencias de los andaluces”, al tiempo que recordaba que todos los reconocimientos de la Unesco con los que cuenta Córdoba han llegado después de la ley que se está reformando, lo que prueba que, en temas patrimoniales, “se esta haciendo bien”.

Las alegaciones de la Consejería de Cultura

El documento elaborado por el Gobierno andaluz contiene veinte alegaciones al anteproyecto de ley remitido por el Ministerio de Cultura y Deporte. Por tanto, la Consejería propone su retirada y la redacción de una nueva ley, que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo de las ciudades.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico entiende que se debería haber presentado una nueva ley, mucho más ambiciosa y que recogiese las diferentes problemáticas de la aplicación de la actual tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, sin invadir, como hace el anteproyecto presentado, las competencias de ambas administraciones para hacer posible preservar, conservar y vivir el patrimonio.

La regulación contenida en el anteproyecto de ley, considera la Junta, “además de no abordar estos extremos, crea nuevos problemas al querer arrogarse el carácter de ley básica, trasluciéndose una intención recentralizadora respecto a las atribuciones competenciales de las comunidades autónomas y también una limitación en la autonomía local de los ayuntamientos afectados”.

De este modo, la Junta afirma que “la norma invade claramente el ámbito competencial de las comunidades autónomas”. Asimismo, considera “innecesaria” la creación de una nueva figura de protección de Patrimonio Mundial, dotándola además de nuevos entes de organizativos -con evidentes costes económicos- que se superponen a otros ya existentes, en los que se blinda con mayorías y se garantiza la dirección y control.

Estas nuevas estructuras ponen en riesgo, entre otros, el actual modelo de éxito aplicado en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Además, mantiene la indefinición e inseguridad de conceptos jurídicos, aumenta la burocracia y desprotege algunos bienes, como el arte rupestre, al desaparecer del articulado de la ley.

Por otro lado, la modificación que plantea el Gobierno central de la Ley de 1985 se caracteriza por una visión obsoleta y no acorde con la realidad del patrimonio cultural en las demandas de la sociedad. No se aborda el papel que las nuevas tecnologías deben jugar en la actualidad y carece de una visión integradora de la conservación, promoción y valorización del patrimonio cultural con el fin de contribuir al desarrollo económico y social, educativo o turístico de la sociedad.

En definitiva, a juicio del Gobierno andaluz, la modificación propuesta no sólo no soluciona los problemas existentes, sino crea otros nuevos, da un paso atrás en el ámbito competencial ya que propone una clara reversión de competencias hacia el Estado resultando invasiva en la distribución competencial y, por ende, inconstitucional.

Asimismo, choca con el acuerdo alcanzado con el Estado respecto a la vigente redacción del artículo 33.3, nos lleva a mayores trámites burocráticos cuando la sociedad reclama una mayor simplificación administrativa, considerando que este exceso de intervención puede conllevar a la despoblación de los cascos históricos y ciudades patrimoniales.