El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta hacen frente común para rechazar la nueva Ley de Patrimonio del Gobierno

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han decidido hacer un frente común frente al anteproyecto de la Ley de Patrimonio recién aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Este viernes se han reunido en Capitulares el alcalde, José María Bellido, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, junto al portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, para dibujar una estrategia con la que evitar “cambiar lo que está funcionando razonablemente bien”, aseguró el regidor popular.

“Esta es una Ley invasiva de competencias económicas y quiere darle una vuelta al modelo de gestión de forma peligrosa”, expuso. Bellido sostuvo que la norma plantea que el “centro de decisión” sobre el patrimonio mundial protegido por la Unesco pase a “Madrid” al “Gobierno de Pedro Sánchez”. “Este es el Ayuntamiento de España con más declaraciones Patrimonio Mundial y nadie se ha dirigido a él para explicarle la nueva ley”, expresó Bellido.

Ante ello, el Consistorio va a presentar una batería de alegaciones al anteproyecto, que está actualmente en exposición pública. De la misma manera hará la Junta de Andalucía. El PP también prepara una ofensiva desde el Parlamento de Andalucía. “Córdoba se gobierna desde Córdoba y no desde Madrid”, dijo Bellido.

Para el alcalde, la nueva norma plantea muchas “dudas e incertidumbres”. La que más, dijo, afecta al caso histórico de Córdoba, protegido por la Unesco en una ampliación de la declaración de la Mezquita Catedral que se hizo en los años noventa. “¿Hay intención de que toda esa zona de la ciudad pase a estar gestionada por un patronato?”, se preguntó.

El alcalde insistió en que la gestión del patrimonio desde el Ayuntamiento en el casco histórico sigue un modelo “que lleva años funcionando y que funciona bien”, al tiempo que reclamó “autonomía para gestionar nuestra ciudad”.

“¿Hasta qué punto afectaría a los patios?”, se preguntó también. Bellido anunció que este proyecto de ley es “una bomba de relojería para ciudad como Córdoba” y avanzó que llevará el asunto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por su parte, la consejera sostuvo que la ley actual fue aprobada en 1985 y que desde entonces es gestionada por las comunidades autónomas. “Esperábamos una nueva ley adaptada a este siglo no una modificación de la anterior”, ha expresado. Al mismo tiempo ha dicho que “el gobierno de Sánchez lastra la gestión del patrimonio, condena a la ruina a las ciudades e invade competencias. El gobierno de Sánchez da la espalda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos ayuntamientos”, remató.