La Diputación destina 800.000 euros a la rehabilitación de castillos y patrimonio de la provincia

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, pone en marcha la Convocatoria de Subvenciones para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia, propuesta que contará con un presupuesto total de 800.000 euros.

Serán dos las líneas de actuación incluidas en la Convocatoria, siendo la primera de ellas la dirigida a la conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles de interés histórico-artístico, y la segunda, centrada en la conservación, restauración y rehabilitación de castillos.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha afirmado que “el objetivo de esta convocatoria de ayudas no es otro que el de proteger y preservar el patrimonio de nuestros pueblos, fundamental para el desarrollo de un sector estratégico para el crecimiento de la provincia como es el turístico”.

Fuentes ha recordado que la provincia de Córdoba es la segunda de Andalucía en número de castillos y ha recalcado “el valor de la recuperación del patrimonio con el turismo para generar empleo y riqueza en los municipios de nuestra provincia”.

El máximo representante de la institución provincial ha insistido en que “una de las prioridades del equipo de gobierno es la puesta en valor y difusión de los recursos de los que disponemos en nuestro territorio para hacerlo más atractivo a nivel turístico para el potencial visitante y conservar joyas del patrimonio que tenemos en la provincia, como pasa en muchas localidades que cuentan con castillos emblemáticos”.

En cuanto a los beneficiarios de las ayudas, podrán solicitarlas ayuntamientos y entidades locales de la provincia con población inferior a 50.000 habitantes. En este caso, los bienes deberán ser de propiedad municipal o bien estar en cesión de uso o depósito por un periodo superior a los 50 años.

Del mismo modo, podrán beneficiarse aquellas personas jurídicas privadas que sean propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en municipios menores de 50.000 habitantes. Así, el inmueble deberá estar disponible para visitas públicas por un periodo superior a los 100 días anuales y ofrecer un mínimo de dos horas diarias de visitas.