Ustea denuncia ante Educación la existencia de 45 “unidades con ratios ilegales” en Córdoba

Ustea ha presentado este lunes en la Consejería de Educación y Deportes un escrito en el que “se recopila la información de más de 700 unidades de las ocho provincias andaluzas”, más de 45 de ellas en la provincia de Córdoba entre Enseñanzas Infantiles, Primaria, Secundaria y Bachillerato, según ha informado el sindicato en una nota.

Con ello, denuncia “el incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación y el resto de normativa en materia de ratios por parte de la administración educativa andaluza”. Además, el sindicato anuncia que se iniciará la vía judicial para denunciar esta situación, “que atenta contra el derecho a recibir una educación digna por parte del alumnado afectado”.

Así, explica que desde finales del curso pasado han estado trabajando en la detección de aquellas aulas en las que se superase el número máximo de alumnos permitido por la Ley de cara al curso 2019-2020, y añade que “a día de hoy ya se cuenta por centenares las aulas que desde el sindicato se han podido detectar”.

“Es importante remarcar que este número puede suponer, tan solo, un pequeño porcentaje del total, ya que se trata de lo que con los medios con los que se cuenta desde esta organización se ha constatado, mientras que los datos oficiales y globales no son publicados por la Consejería”, señala.

En este sentido, Ustea dice “haber corroborado” cómo desde la administración “se ha hecho un uso fraudulento del incremento del 10% de la ratio que refleja la norma, ya que esta deja bien claro que ese aumento de alumnado tan solo puede aplicarse en periodo extraordinario, por circunstancias sobrevenidas de incorporación tardía, y no dentro del periodo ordinario, tal y como se ha venido utilizando”.

Además, critica que desde el inicio de cuso han escuchado al consejero de Educación, Javier Imbroda, “afirmar en repetidas ocasiones que la ratio media ha descendido en Andalucía gracias a la voluntad política de su gobierno”. Pero, como ya se ha denunciado desde Ustea en varias ocasiones, “lo verdaderamente relevante no es la ratio media, sino la ratio más habitual y el número de aulas en las que se supera el número de alumnos permitido por la norma”.

“Si este gobierno tuviese una verdadera voluntad política en defensa de la educación pública cumpliría la normativa e incluso la mejoraría, disminuyendo la ratio máxima permitida”, manifiesta Ustea, que añade que, sin embargo, los datos “nos sitúan en otra realidad”.

Supresión de unidades

Apunta que en el presente curso “se han suprimido más de 400 unidades en los centros de Educación Infantil y Primaria, al tiempo que se han aprobado unas instrucciones que han aumentado las horas destinadas a las enseñanzas de religión y han dejado sin su puesto de trabajo a cientos de maestros interinas con años de experiencia”.

Según los cálculos de Ustea, el cumplimiento de la normativa sobre ratios “habría supuesto la creación de en torno a 66 unidades más por cada 100 de ellas en las que se ha superado la ratio de forma ilegal. Sin duda se habría propiciado una mayor estabilidad laboral de la plantilla docente, especialmente del personal interino”.

Asimismo, Ustea quiere pone de manifiesto que esta situación de “masificación” de las aulas ha motivado las protestas de padres, madres, alumnado y profesorado en distintos puntos de la geografía andaluza. En este sentido, quiere remarcar la movilización que están llevando a cabo las familias y el profesorado de varios centros rurales de la Alpujarra granadina, “con una huelga indefinida que suma ya varias semanas, reclamando el desdoble de las aulas y el cumplimiento de la normativa sobre ratios”.

“Es preciso elogiar la lucha de estas familias en defensa del territorio y recordarle al señor consejero que la España vaciada no se defiende inaugurando campañas electorales en pequeñas poblaciones rurales, como hace su formación política, sino dotando a estas comarcas de unos servicios públicos dignos y de calidad”, manifiesta.

Por todo ello, Ustea indica que se iniciará la vía judicial contra la administración educativa andaluza mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo, como una vía paralela a la movilización, “con el fin de revertir esta situación de flagrante injusticia que la educación pública andaluza y, en consecuencia, su alumnado vienen sufriendo”.

“Creemos que es fundamental poner en marcha todas las medidas necesarias que vayan encaminadas a imponer a la Consejería el cumplimiento de la Ley. Decimos basta a las mentiras del señor consejero sobre este asunto y exigimos que actúe de manera inmediata para solventar esta cuestión”, finaliza el sindicato.