Seis meses de prisión para un veterinario por falsificar documentos en la venta de medicamentos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena contra un veterinario habilitado para la distribución de medicamentos veterinarios al desestimar el recurso de apelación presentado por su defensa. El tribunal ratifica así la sentencia dictada en marzo por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que le impuso seis meses de prisión y 1.620 euros de multa por un delito de falsedad en documento oficial.

Según la resolución, el procesado utilizó de forma ilícita la firma de un farmacéutico con quien había colaborado entre 2014 y 2015, para confeccionar cuatro declaraciones responsables con fechas de 2018. Estas firmas fueron obtenidas de documentos originales del profesional y reproducidas por medios técnicos. El objetivo del acusado, señala la sentencia, era aparentar el cumplimiento de los controles administrativos obligatorios en la comercialización de medicamentos veterinarios.

La documentación falsificada fue presentada a la inspectora de la Junta de Andalucía durante una inspección realizada en 2019 en el establecimiento del acusado, ubicado en Priego de Córdoba. El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba lo consideró autor responsable de un delito de falsedad documental, imponiéndole, además de la pena de prisión, una multa de 1.620 euros.

En su recurso ante la Audiencia, la defensa del acusado alegó que actuaba únicamente como empleado de la empresa y que no existía un negocio independiente de venta de medicamentos. Además, sostuvo que el veterinario no obtuvo beneficio propio, que carecía de medios técnicos para realizar la falsificación y que el procedimiento sancionador debía dirigirse contra la mercantil, no contra su patrocinado.

La Audiencia Provincial ha descartado estos argumentos y ha concluido que el acusado era el único titular del registro sanitario y, por tanto, responsable de aportar la documentación a la inspección. El tribunal ha recordado, por último, que las declaraciones falsas fueron entregadas directamente a la inspectora en presencia del acusado y que existían pruebas sólidas de que la firma del farmacéutico había sido reproducida sin su consentimiento.