Piden por primera vez en Córdoba la prisión permanente revisable por el crimen de La Chica Carlota

Por primera vez desde la reforma del Código Penal, una acusación particular ha pedido la aplicación de la pena de prisión permanente revisable en la provincia de Córdoba. Los tres abogados que representan a la familia de la víctima del crimen de La Chica Carlota (los letrados Aurora Genovés, Carlos Arias y Rosa Catena) han redactado y enviado al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Posadas la calificación de los hechos solicitando la apertura de juicio oral contra Pedro Gómez (en prisión provisional por estos hechos) y contra el letrado madrileño Joaquín R. G. Para ambos se solicita la pena de la prisión permanente revisable y a ambos se le acusa del asesinato de Juan Carlos Rodríguez Borrego en el año 2017. El juez tiene que recibir aún los escritos de la Fiscalía y de la defensa, antes de enviar el caso a la Audiencia Provincial de Córdoba, donde se decidirá la sala que acoja un juicio con jurado popular.

Los abogados han solicitado la máxima pena posible en España a estos dos acusados por la gravedad de unos hechos que relatan en sus respectivos escritos de calificación. La víctima, según el escrito, fue asesinada y enterrada en el jardín de su casa de La Chica Carlota. El principal acusado, Pedro Gómez, que presuntamente se hacía pasar por un cura, fue detenido con la documentación y el vehículo de la víctima cuando, presuntamente, preparaba su huida de España. El abogado procesado habría intermediado entre la víctima y el principal acusado, ofreciendo sus servicios jurídicos y, presuntamente, en connivencia con el último.

El crimen de La Chica Carlota es uno de los casos más complejos de investigar y resolver, presuntamente, de los que ha desarrollado la Guardia Civil en Córdoba en los últimos años. La familia de la víctima, que sufría una grave enfermedad mental, denunció su desaparición y su cuerpo no fue hallado hasta meses después, enterrado en su propio jardín.

Fue durante el verano de 2018 cuando agentes de la Guardia Civil hallaron el cadáver de un hombre, Juan Carlos Rodríguez Borrego, que se encontraba desaparecido desde septiembre de 2017, en el huerto de su vivienda en La Chica Carlota. Tras meses de investigaciones, una minuciosa inspección logró localizar un lugar sospechoso. En el huerto había una pequeña zona en la que se notaba que la tierra estaba algo más alta. Los agentes excavaron y rápidamente vieron que algo había bajo tierra. Era un cadáver en avanzado estado de descomposición. La investigación apuntó a que se trataba de un hombre, de 45 años, propietario de la vivienda cuya desaparición fue denunciada por sus hermanos en septiembre del año anterior.

La instrucción del caso arrancó prácticamente entonces, hace más de tres años. Pedro Gómez fue detenido en Madrid con el vehículo del desaparecido, había usado sus tarjetas de crédito y sus documentos de identidad. En la casa donde fue hallado el cadáver también se hallaron un pico y una pala que se analizaron por si los restos de tierra que conservaban se corresponden con los del huerto donde se encontró el cuerpo. Este pico y esta pala se habría comprado en Ciudad Real.

Pedro Gómez ya entró en la cárcel acusado de haber robado a otras personas drogándolas previamente. De hecho, tiene numerosos antecedentes penales y en el momento de los hechos estaba en busca y captura para cumplir una condena. También, este hombre, que se hacía pasar por abogado del Arzobispado de Madrid, había estado nueve años como novicio del Valle de los Caídos. Allí robó un relicario, por lo que fue condenado. El principal móvil por el que presuntamente mató a su víctima en La Chica Carlota fue el robo, ya que está acusado de vaciarle las cuentas, robarle el coche y también la identidad.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron varias veces a La Chica Carlota para saber qué había pasado con el vecino desaparecido. Peinaron la casa en numerosas ocasiones pero hasta que no vieron algo sospechoso en el jardín no dieron con el cadáver de la víctima. Según la investigación, el asesino había cubierto el cuerpo de la víctima con tres colchas y almohadas, que impedía que los gases de la descomposición afloraran por el terreno, lo que hizo que los perros no descubrieran nada raro en la zona.

Los informes telefónicos

La investigación ha durado varios años más, en los que se han sucedido los informes. Los últimos en poder del juez son de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba. Así, por ejemplo, se han analizado todos los dispositivos informáticos de Juan Carlos Rodríguez Borrego. En estos dispositivos se ha hallado material que apuntaría a la presunta participación del abogado contratado por la víctima, Joaquín R. G., en el crimen. De hecho, supuestamente fue este abogado el que puso en contacto a la víctima con su verdugo.

Tanto el abogado como el hombre que está acusado del asesinato sostienen su inocencia. El abogado asegura que lo único que hizo fue poner en contacto a estas personas, mientras que el encarcelado se ha negado a declarar en todo momento. En conversaciones informales sostiene que la víctima se ha fugado a Colombia. La Guardia Civil piensa que precisamente ese era su plan: fugarse a Colombia una vez que hubiese limpiado las cuentas de la víctima.

La acusación pide para Pedro Gómez prisión permanente revisable por un presunto delito de “asesinato grave”, en el que incidiría especialmente la condición de la víctima, que sufría una grave enfermedad mental por la que percibía una pensión. Supuestamente, el importe de esa pensión y los ahorros de la víctima era lo que el presunto asesino quería seguir cobrando suplantando su identidad. Alternativamente, la acusación reclama contra él una pena de prisión de 25 años por el delito de asesinato.

Además, se le suman otras cuatro peticiones de pena más: cinco años de cárcel por un presunto delito de robo con violencia, tres años de cárcel por otro de tenencia ilícita de armas, tres años más por el de usurpación de estado civil y seis años de cárcel por otro continuado de estafa.

Por su parte, contra el abogado Joaquín R. G. pesa una reclamación de pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato grave con la alternativa de 25 años de cárcel. Además, se le reclaman cinco años más por un presunto delito de robo con violencia, otro de dos años por usurpación de estado civil y cinco años por otro de estafa.

Ahora, una vez que el juez tenga todos los informes y calificaciones remitirá el asunto a la Audiencia Provincial de Córdoba, que será la encargada de ponerle una fecha a este juicio.