Piden a la Fiscalía de Córdoba que investigue penalmente la actitud de Hitachi respecto a su plantilla

Sumar ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que actúe de oficio e investigue penalmente la actitud de la dirección de Hitachi Energy en Córdoba ante lo que considera una “vulneración grave y continuada” de los derechos de su plantilla, con la que mantiene desde hace meses un conflicto sindical derivado de la firma del nuevo convenio sectorial.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, tras mantener un encuentro con miembros del comité de empresa y con el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez. Tras la reunión, Santiago ha indicado que la multinacional “bordea claramente la legalidad penal” y reclamó una investigación inmediata para comprobar un posible incumplimiento del artículo 315 del Código Penal, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

“No se puede seguir esperando mientras se dilata desde la justicia una situación de vulneración de derechos sociales tan evidente”, afirmó, insistiendo en que la Fiscalía debe actuar sin esperar a que el conflicto siga alargándose en los juzgados de lo social. A su juicio, “Hitachi se ha equivocado de siglo”, y la empresa “se comporta como si viviéramos en una época en la que no existían los derechos de los trabajadores”.

El diputado de Sumar ha calificado de “especialmente chocante” esta actitud en una compañía que obtiene “beneficios abultados y suficientes precisamente gracias al trabajo de sus empleados”, y que, además, ha recibido subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y se ha beneficiado de exenciones fiscales del Ayuntamiento de Córdoba.

“Y, aun así, no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales”, ha lamentado Santiago, recordando que los trabajadores únicamente reclaman “un convenio colectivo justo, sin doble escala salarial”, que garantice que los empleados más jóvenes puedan disfrutar de los derechos conquistados por las generaciones anteriores.

Frente a estas reivindicaciones, denunció que la empresa ha impuesto hasta 78 sanciones en una unidad productiva de poco más de 200 trabajadores, dentro de una plantilla total de unos 480 empleados que trabajan a turnos. “Hitachi bordea claramente la legalidad penal de este país”, ha afirmado el portavoz de IU en el Congreso, quien ha recordado que las suspensiones de empleo y sueldo de 120 días son una medida que “no está contemplada en la legislación laboral vigente”.

Caja de resistencia y movilizaciones

Durante la comparecencia ante los medios, el presidente del comité de empresa, Álvaro Leiva, ha explicado que los trabajadores llevan meses manteniendo reuniones con dirigentes políticos e instituciones “buscando mantener la lucha y una salida negociada al conflicto”, aunque lamentó que “la empresa sigue completamente alejada del diálogo”. En el ámbito judicial, recordó que se propusieron cuatro reuniones en sede judicial, de las que finalmente se celebraron tres, sin que se haya producido ningún avance sustancial.

Leiva ha denunciado que Hitachi mantiene activas 66 sanciones disciplinarias —la mayoría de 60 días— y subrayó que la última propuesta presentada por la empresa “no incluye la retirada de las sanciones”, algo que consideran inasumible. Asimismo, aclaró que estas propuestas “no afectan en absoluto al curso judicial del conflicto”, que sigue abierto. A esta situación se suma, según indicó, la ausencia de un calendario laboral y de un plan de igualdad en la planta cordobesa.

El comité de empresa anunció también la reactivación de las movilizaciones, suspendidas temporalmente tras la tragedia ocurrida en Adamuz. El calendario inicial preveía una primera jornada de protestas el miércoles 4 de febrero, a la que seguirán nuevas acciones que se irán anunciando.

Además, los trabajadores han abierto una caja de solidaridad para apoyar a las personas sancionadas, algunas de las cuales han sufrido suspensiones de empleo y sueldo de larga duración, lo que está provocando graves dificultades económicas en numerosas familias. Santiago, de hecho, ha animado la ciudadanía cordobesa a apoyar la caja de resistencia de los trabajadores afectados, ya que hay ocho de ellos que no podrán cobrar su nómina hasta el mes de mayo.

Contra el Comité de Empresa

En la misma línea, Agustín Jiménez señaló que CCOO ha dado a la empresa “todas las oportunidades posibles” para cerrar el conflicto, con hasta 70 mediaciones realizadas sin éxito. El sindicato ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de lo Social y recuerda que el convenio estatal del metal fija en 60 días la sanción máxima permitida. Sin embargo, seis de los ocho miembros de la comisión negociadora han sido sancionados con esa duración máxima, lo que, a juicio de CCOO, evidencia una estrategia de represalia.

“Son prácticas destinadas a cargarse al Comité de Empresa, que ha sostenido un buen convenio colectivo durante años y que ahora la dirección quiere romper para abaratar costes de producción”, denunció Jiménez. Añadió que, si la empresa persiste en su negativa a negociar, el sindicato está a la espera de que actúe la Fiscalía y no descarta emprender acciones penales por delitos contra los trabajadores.

El responsable sindical denunció además un clima de intimidación dentro de la fábrica, con la presencia de más de 40 vigilantes de seguridad, así como la existencia de numerosas denuncias en los juzgados de lo social, entre ellas contra un acuerdo firmado por UGT que, según CCOO, vulnera el derecho fundamental a la huelga, y que firmaron de forma unilateral con la empresa a finales de diciembre.

Álvaro Leiva, visible emocionado, ha querido subrayar que los trabajadores “no quieren echar por tierra una fábrica que ha dado de comer a cientos de familias durante más de cien años de historia en Córdoba”. Sin embargo, acusó a la empresa de “jugar al desgaste”, prolongando el conflicto en el tiempo. “Aguantamos gracias al apoyo de nuestras familias y a la unión que mantenemos entre compañeros, reuniéndonos varios días a la semana. Esa unidad es la clave y es el consejo que damos a otras plantillas en conflicto”, concluyó.