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La jueza del segundo caso Infraestructuras cita como testigo al funcionario imputado en el primero

David Dorado, el concejal denunciante de este segundo caso Infraestructuras

Alfonso Alba

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La jueza titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Loreña Cañete, encargada de la investigación del conocido como segundo caso Infraestructuras, el que investiga un presunto fraude en los contratos del alumbrado público en el Ayuntamiento de Córdoba desde 2010 y hasta la actualidad, ha citado como testigo al funcionario imputado y que fue detenido en el primer caso Infraestructuras, el antiguo jefe de Mantenimiento de edificios municipales y de colegios públicos en el Consistorio.

El caso Infraestructuras tiene dos derivadas. La primera parte de la denuncia de IU y Podemos sobre los contratos que se firmaron con cargo al plan de Choque del 2020 y un presunto fraccionamiento. De esta denuncia ha partido una investigación que derivó en la detención de este funcionario, de la excoordinadora general de Infraestructuras y del concejal y exdelegado del área David Dorado. Junto a ellos se ha arrestado ya a un total de 13 empresarios. Pero hay una segunda derivada que parte, precisamente, de la denuncia de David Dorado. Siendo concejal de Infraestructuras encargó una auditoría sobre el funcionamiento del área de Alumbrado Público que llevó a la Fiscalía. El Ministerio Fiscal abrió diligencias tras observar indicios de delito y denunció los hechos.

Estas diligencias son las que han recaído en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba. La jueza mantiene como investigado al que fuera jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento de Córdoba. Junto a él, ocho empresarios o trabajadores de empresas con las que ha contratado su departamento entre 2010 y 2020, y dos empresas. La jueza, por tanto, mantiene viva la causa. Tanto, que acaba de firmar una providencia por la que cita al funcionario que fue detenido en el primer caso a declarar como testigo en este segundo asunto. El funcionario ha sido llamado a declarar el próximo 13 de abril. Aparte, también se ha citado a otro testigo más, para el 21 de abril.

Los hechos denunciados e investigados parten de la denuncia del exconcejal de Infraestructuras y actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado. Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

Luminarias y telemandos

En su escrito la Fiscalía de Córdoba incide en dos materiales concretos: las luminarias y los telemandos de gestión eléctrica. Una ciudad como Córdoba tiene miles de luminarias y más de un centenar de telemandos. Estos telemandos son precisamente los que se encargan de vigilar que las luces se encienden cuando deben y que el sistema funciona de manera correcta.

En el caso de las luminarias, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido las luces de miles de farolas de la ciudad por otras más eficientes. El fiscal cita varios contratos en concreto que se hacían por lotes y que estaban valorados, cada uno, en más de 500.000 euros. En los contratos, en el pliego, se solicitaba un modelo de luminaria llamado Simon que solo vendía en Córdoba un comercial en concreto. El modelo no estaba ni en la web ni en los catálogos de las empresas. Según el fiscal, cuando las empresas llamaban para pedir precio se sorprendían al ver que costaba un 40% más que la media del resto de modelos, según el escrito. Esto provocaba que muchas empresas desistiesen.

Estos mismos modelos se introducían en pliegos para la reforma de calles donde también había que sustituir el alumbrado público, según señala la Fiscalía en su escrito, que enumera varias decenas de contratos que corresponden a los tres últimos mandatos municipales.

En el caso de los telemandos, desde 2012 hasta 2020 se han sustituido un centenar. El sistema en este caso es similar al de las luminarias, aunque con un matiz tecnológico que hacía imposible que se pudiese adquirir otro modelo. En este caso, el modelo que se ha venido solicitando en todos los pliegos es el llamado Grial, que también fabrica en exclusiva una empresa de Córdoba. El telemando funciona con un software concreto. Parte es libre pero otra parte está patentado por la compañía. Es decir, ese modelo no lo puede producir otra compañía que no sea la cordobesa que se encuentra bajo investigación.

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