La jueza del caso del Guardia Civil lamenta la presunta corrupción de quienes deben ser “los primeros custodios”

La jueza del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba, Aránzazu Calles, responsable de la investigación contra el Guardia Civil de Córdoba acusado de amañar contratos de obra, ha lamentado en un escrito este caso por la presunta corrupción cometida por los que deben ser “los primeros custodios” para evitarla.

La magistrada justifica los arrestos que ella misma ha ordenado (un sargento de la Guardia Civil y seis empresarios) en que “nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores” de la legalidad. De hecho, insiste en que “en el momento actual, la reacción social frente a este fenómeno” estaría “a la altura de la relevancia de esta lacra, respecto de la necesidad de que los gestores públicos gocen de la confianza y del respeto de los ciudadanos”.

El agente estaría acusado de ser el autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, que son los tres más graves de los que se le puede acusar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La jueza, por tanto, concluye que al ordenar el arresto y el registro de su domicilio, además de su despacho en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, no considera que se esté produciendo una injerencia en la intimidad de este sargento. Al contrario, señala que el objetivo de la causa es que se proteja a la “administración pública” y hacer un “buen uso de los caudales públicos, buscando una neutralidad en la adjudicación de los contratos” y “evitando la asignación de los mismos a determinadas empresas o personas jurídicas”.

Apartado de sus funciones

Entretanto, desde la Comandancia de la Guardia Civil han acordado apartar de sus funciones al agente arrestado, a la vez que están a la espera de que la autoridad judicial comunique la situación en que queda el agente para analizar las medidas a tomar.

En concreto, el investigado es un sargento que se ocupaba de labores de mantenimiento y, en este ámbito, asumía cuestiones relacionadas con las contrataciones que se efectuaban para actuar en instalaciones de la Benemérita. Ha sido detenido por agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil.