Cuatro años de cárcel para dos empresarios de Villanueva de Córdoba por un fraude de 50 millones en hidrocarburos

Catorce años después del inicio de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra una compleja organización criminal dedicada al fraude masivo del IVA en el sector de los hidrocarburos. El fallo, fechado el pasado 22 de diciembre de 2025, condena a 14 personas y absuelve a otras cinco, y sitúa en la cúspide de la trama a dos empresarios naturales de Villanueva de Córdoba, a quienes considera los auténticos cerebros del entramado.

Según la resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, ambos dirigieron entre 2010 y 2012 un sistema de defraudación que causó un perjuicio a la Hacienda Pública de 49.823.979 euros. La tardanza del procedimiento, iniciado en 2011, ha sido determinante en la cuantía de las penas. Así, el tribunal ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que ha reducido de forma significativa las condenas de prisión.

La sentencia pone fin a un macrocausa judicial que se ha saldado con 14 condenas por distintos delitos -falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, principalmente- y cinco absoluciones al no quedar acreditada la participación consciente de algunos acusados. En la cúspide de la organización se sitúan los dos empresarios de Villanueva de Córdoba, condenados por falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. En el caso de uno de ellos, la Audiencia Nacional aprecia además un delito de falsedad en documento oficial. Las penas impuestas ascienden a cuatro años y ocho meses de prisión para este y a cuatro años y cinco meses, para el segundo empresario.

Junto a ellos, la resolución condena a otras dos personas por falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo; a dos más por falsedad documental y delitos fiscales; y a un último procesado por falsedad en documento mercantil. Por delitos de blanqueo de capitales han sido condenadas otras cinco personas. En el caso de una de ellas, que es natural de Córdoba capital, la sentencia le ha impuesto tres meses de prisión y una multa de 400.000 euros por su papel al frente de la mercantil de una de las mercantiles utilizada para simular operaciones de compraventa de oro con las que se trató de dar apariencia legal al dinero defraudado.

Asimismo, el tribunal ha condenado como cómplices de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública a un primo de uno de los empresarios de Villanueva de Córdoba y a una mujer por su colaboración directa con los principales responsables de la trama. A los 14 condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la de confesión, por lo que las condenas de prisión han oscilado entre los tres meses y los años de cárcel. Frente a estas condenas, la Audiencia Nacional ha absuelto libremente a cinco personas.

En el caso de los empresarios de Villanueva de Córdoba, ambos deberán afrontar multas que superan los 70 millones de euros cada uno, además de responder solidariamente por la devolución a la Hacienda Pública de los 49,8 millones de euros defraudados. El resto de condenados son de diferentes puntos de España, como Ciudad Real, Badajoz, Valencia, Barcelona y Orense, y del extranjero, como Chile, Italia y Bélgica.

Jefes en la sombra y uso de alias

Aunque la estructura empresarial se sostenía formalmente sobre testaferros, la Audiencia Nacional concluye que los dos empresarios de Villanueva de Córdoba dirigieron de manera efectiva todas las operaciones defraudatorias. Para evitar cualquier vinculación directa, ninguno firmaba documentos oficiales ni figuraba como responsable de las sociedades, y ambos utilizaron alias incluso dentro de las propias empresas. Uno de ellos se hacía llamar “Benigno”, presentándose como director financiero, mientras que el segundo operaba bajo el nombre de “Sabino”, supuesto responsable de logística. Desde esa posición, impartían instrucciones directas al personal administrativo y comercial, con pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

La organización operó a través de dos sociedades instrumentales. Las empresas adquirían combustible en depósitos fiscales, donde la compra está exenta de IVA, y lo vendían posteriormente aplicando el impuesto. Sin embargo, el IVA cobrado nunca se ingresaba en Hacienda. Para justificar el impago, se utilizaban facturas falsas emitidas por sociedades fantasma que simulaban la prestación de servicios inexistentes, lo que permitía deducir gastos irreales. Este sistema les permitió vender el combustible por debajo del precio de coste, alterando el mercado y eliminando a la competencia legal.

El dinero obtenido mediante el fraude financió tanto gastos personales como operaciones de blanqueo. Parte de los fondos fue desviada a cuentas bancarias en Suiza y otra se empleó en la adquisición de vehículos de alta gama ocultos tras sociedades pantalla. Entre los bienes intervenidos figuran un Porsche Cayenne, un Porsche Panamera y varios Mercedes. La investigación dejó también escenas llamativas, como el hallazgo de 42.000 euros en efectivo escondidos en un paragüero en el domicilio del primo de Jose Luis, o la localización de un carné de conducir belga falsificado, con la fotografía de uno de los empresarios de Villanueva de Córdoba dentro de su vehículo.