Archivan la investigación sobre siete contratos en Aucorsa

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias que investigaban una posible prevaricación administrativa en la gestión de varios contratos menores adjudicados por la empresa municipal Autobuses de Córdoba S.A.U. (Aucorsa) durante el ejercicio 2023. La investigación tuvo su origen en un procedimiento de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre contratos menores adjudicados por empresas municipales de ciudades de más de 300.000 habitantes.

A raíz de este procedimiento, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció indicios de una posible comisión de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en relación con determinados contratos tramitados por Aucorsa. Tras recibir las actuaciones, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba incoó diligencias de investigación, que fueron remitidas al Juzgado de guardia y posteriormente turnadas a Instrucción número 4. La causa investigaba la concertación de siete tipos de contratos menores de servicios y suministros correspondientes al año 2023, cuyas cuantías globales fueron: repuestos: 682.333,83 €; combustible: 586.672,93 €; asesoramiento jurídico: 17.991,39 €; neumáticos: 53.309,80 €; electricidad: 56.461,79 €; y leasing autobuses: 348.484,80 €.

La posible calificación inicial de delito de prevaricación administrativa se basaba en el incumplimiento de los límites económicos establecidos para los contratos menores en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (15.000 euros para suministros y servicios). Se sospechaba del posible fraccionamiento de contratos para eludir los requisitos de publicidad y los trámites procedimentales correspondientes, tal como admite la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, el auto del juzgado subraya que no cualquier contravención de las normas sobre la modalidad contractual constituye un delito de prevaricación. Citando jurisprudencia, recalca que este delito sanciona “supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario”, y no la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad.

Tras analizar la documentación aportada por Aucorsa, incluyendo un informe que justificaba la tramitación de los contratos como menores, el juzgado concluye que, si bien existen “incontestables irregularidades administrativas” al superar en la mayoría de los casos el límite de la contratación menor, no se acredita la existencia de una infracción criminal. El auto considera que existían “motivos razonables para no dar el salto directo hacia la contratación ordinaria”, principalmente la necesidad de adaptar la estructura de la empresa pública a la nueva ley y evitar interrupciones en servicios esenciales como el suministro eléctrico, de repuestos, lubricantes, combustible y la defensa jurídica. En cuanto al asesoramiento jurídico, el auto señala que los servicios de representación y defensa legal están excluidos de los límites económicos de la contratación menor. Respecto a otros contratos, como el de suministro eléctrico, se destaca que la elección se basó en criterios técnicos y económicos, buscando los precios más baratos tras un informe técnico, lo que desvanece cualquier intento de relacionar la contratación menor con el deseo de eludir la competencia o favorecer a un contratista concreto. Similarmente, en el suministro de lubricante, se justificó la adjudicación directa por la necesidad perentoria mientras se tramitaba el procedimiento ordinario. En los casos de neumáticos y repuestos, se evidenció una “clara intención de adaptación a la ley”, buscando soluciones provisionales mientras se ultimaban los expedientes de contratación ordinaria. El auto subraya que no se aprecia “el más mínimo indicio de selección arbitraria de contratistas” y que las prestaciones obtenidas “aparentan haber supuesto un ahorro para las cuentas de la empresa municipal”.

En una rueda de prensa posterior, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, confirmó el archivo de las diligencias previas, señalando que “se ha cumplido lo que dijimos que tenía que cumplirse eh de la forma más limpia”. Afirmó que el Ayuntamiento proporcionó una “documentación bastante eh generosa” con explicaciones que fueron consideradas “suficientes” por el juez, quien tomó “punto por punto” las justificaciones ofrecidas. El representante municipal restó importancia al asunto, manteniendo la postura de que cada parte estaba realizando su trabajo.