El alcalde de Montalbán, condenado por acoso laboral a un técnico municipal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado la sentencia que confirma íntegramente el fallo del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba y declara probado el acoso laboral institucional y la vulneración de derechos fundamentales sufridos por un técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.

El organismo condena solidariamente al Ayuntamiento y a su alcalde, Miguel Ruz Salces, a cesar en toda conducta lesiva y a indemnizar al trabajador con 12.558,60 euros más intereses, al reconocer un acoso continuado y sistemático que atentó contra su dignidad profesional y personal.

La sentencia, que analiza hechos ocurridos entre 2019 y 2022, describe un patrón prolongado de hostigamiento mediante aislamiento profesional, descrédito público y trato desigual, configurando una conducta organizada desde la propia estructura municipal. El fallo, ejecutable de forma inmediata, obliga a restituir las condiciones laborales del empleado incluso en caso de recurso.

Persistencia del acoso y nuevas denuncias

Pese al pronunciamiento judicial, el acoso no ha cesado, según en una nota de la parte acusadora que ha recepcionado este periódico. El trabajador presentó en febrero de 2025 una nueva demanda -dirigida por el abogado Federico Medina Ramírez- por hechos posteriores a la condena, ampliada en junio ante la persistencia del hostigamiento.

Entre los nuevos actos denunciados figuran represalias directas, como un expediente disciplinario sin base real, impagos de retribuciones, obstáculos a su labor sindical y revictimización institucional. De confirmarse, estos hechos demostrarían una continuidad deliberada del acoso, en contra de los mandatos judiciales y constitucionales, lo que podría acarrear responsabilidad penal para el alcalde.

El caso se suma a un historial de resoluciones adversas contra el Ayuntamiento. En 2019, el TSJA ya declaró una conducta antisindical bajo el mismo regidor, y en 2020 la Inspección de Trabajo calificó la actuación municipal como infracción grave. También el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia y otros organismos han denunciado reiteradamente la falta de cooperación del consistorio.

La situación adquiere especial relevancia por la trayectoria del alcalde Miguel Ruz Salces, que ha ocupado cargos en la Diputación de Córdoba y preside el Ayuntamiento desde hace cuatro mandatos.