Una tele, la Diputación y dos ayuntamientos, en el caso 'Edu'

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La Policía Nacional investiga, en la trama del fraude de los cursos de formación, un expediente de 2,3 millones de euros en el que también aparece la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos, la Fundación Zalima o la empresa Black Diamond | Los agentes hallan fraude en el 90% de los casos

Una televisión local ya cerrada, la Diputación, los ayuntamientos de Santaella y Encinas Reales, la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos, la Fundación Zalima o la empresa Black Diamond son algunas de las entidades que recibieron fondos para impartir cursos de formación a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que están siendo investigadas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en la conocida como operación Edu. En octubre, agentes de la Policía Nacional se trasladaron a Córdoba, a la comisaría de Campo Madre de Dios, para comenzar a analizar en detalle el expediente firmado por la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la concesión de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO). En total, se concedieron subvenciones para cursos de formación a un total de 34 entidades, entre empresas, personas físicas y hasta instituciones públicas.

Según ha podido saber este periódico, los agentes han hallado que en Córdoba, y a diferencia de otras provincias, entre las entidades beneficiarias de cursos de formación están la Diputación y dos ayuntamientos. Así, en la convocatoria investigada por la Policía la Diputación de Córdoba percibió unos 213.000 euros, el Ayuntamiento de Santaella 30.000 y el de Encinas Reales cerca de 33.000 euros. Otra institución pública dependiente del Ayuntamiento de Puente Genil (Sodepo) percibió fondos para impartir cursos de formación: cerca de 50.000 euros.

También destaca la cantidad que percibió la Fundación Zalima, también investigada, y que alcanza los 152.000 euros, la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos (son dos expedientes que suman 185.000 euros) o los más de 200.000 euros de la empresa Black Diamond.

En el expediente aparece también una televisión local que ya no emite: Vive 7 Televisión. En total, y para impartir cursos de formación, esta firma privada percibió algo más de 36.000 euros. También destaca la presencia de grandes sumas para personas físicas: Miguel Ángel Fernández Díaz percibió algo más de 200.000 euros y Rafael Ángel Quesada Hidalgo algo más de 100.000 euros.

Aparte, numerosas fueron las subvenciones también para la empresa montillana Menphis, con algo más de 100.000 euros y la Fundación de la Obra Social y Cultural Sopeña también algo más de 108.000 euros.

Los agentes comenzaron interrogando a los alumnos que recibieron estos cursos. En total, la Policía Nacional citó a 600 alumnos para que acudieran a testificar a la Comisaría de Campo Madre de Dios. Finalmente, fueron algo más de 500, según han confirmado fuentes policiales. Muchos o no recibieron la notificación o estaban fuera de la ciudad. No obstante, y del testimonio de los más de 500 alumnos interrogados, los agentes llegaron a la conclusión de que había habido fraude en al menos el 90% de los cursos que fueron subvencionados. Los agentes le preguntaron a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía.

En noviembre, los agentes citaron para declarar a los profesores que habían impartido estos cursos, para determinar si el testimonio de los alumnos coincidía con el suyo. Al igual que ocurrió en octubre, los profesores (unos 70) confirmaron la existencia de fraude en al menos el 90% de los cursos de formación que se impartieron en la provincia de Córdoba en 2011. Aunque la subvención se concedió en 2010 (los expedientes son de entonces), la autorización de la misma no llegó hasta 2011.

Después de las fiestas navideñas, los policías del caso Edu subirán el último escalón de esta segunda fase de la operación Edu: irán a por los empresarios y también buscarán a los responsables de la Delegación de Empleo que los autorizaron y firmaron. Está previsto que para entonces se produzcan detenciones, tal y como ocurrió en la primera fase de la operación Edu desarrollada en la provincia de Málaga.

El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy laborioso y se están encontrando con nuevas vías de investigación, fundamentalmente gracias a la colaboración ciudadana. Así, la UDEF está recibiendo una auténtica avalancha de denuncias sobre supuestos fraudes en distintos cursos de formación, no solo impartidos en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas.

Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta. En el caso de Córdoba, la investigación está siendo instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 8.

TRABAJANDO PESE AL AUTO DE ALAYA

Los agentes han seguido con su investigación, a pesar de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido al Ministerio del Interior que aparte a la Policía Nacional de un caso que considera que es exclusivamente de la Guardia Civil. El Ministerio ya ha contestado a la jueza que el caso que investiga la Policía es distinto al que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La respuesta a Alaya se se sostiene en dos pilares fundamentales: el primero, que su investigación ya está judicializada, es decir, que está siendo dirigida por otros ocho jueces de instrucción en otras tantas provincias de Andalucía, algo que ya conocía la juez. Y lo segundo, que el sistema de control interno del Ministerio del Interior para no ‘pisar’ investigaciones no alertó de que la Guardia Civil también investigaba al exconsejero Ángel Ojeda, al que detuvo la Policía este verano.

En concreto, el Ministerio asegura que el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que inició hace dos años la bautizada operación Edu ya se puso en contacto en su día con las altas instancias judiciales para ver qué administración de justicia era la competente para dirigir sus operaciones. Así, los policías se llegaron a sentar con la Fiscalía Anticorrupción, que determinó que lo mejor para la causa era trocearla en cada una de las ocho provincias de Andalucía. Así, se empezó por Málaga, que fue el lugar del que procedió la primera denuncia sobre el supuesto fraude en los cursos de formación. Desde Málaga, y al observar un proceso de defraudación de fondos públicos similar en toda Andalucía, los agentes extendieron la causa al resto de Andalucía. Anticorrupción no entendió procedente elevar la causa a la Audiencia Nacional.

Antes de hacerlo, el equipo de la UDEF entregó, tras previa consulta con la Fiscalía Anticorrupción, una copia de las diligencias que desarrollaba en cada uno de los ocho juzgados decanos de Andalucía. Estos juzgados, a su vez, designaron a los magistrados que por turno iban a dirigir las investigaciones. De hecho, ahora los policías siguen las instrucciones de los jueces, según argumentarán en su respuesta a la juez Alaya.

Pero hay más. Alaya defiende en su escrito que la Policía detuvo a Ángel Ojeda cuando la Unidad de Delincuencia Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya lo estaba investigando. Los agentes defienden que cuando comunicaron que estaban tras los pasos del exconsejero andaluz Ojeda al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO, el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales para que no se produzcan, precisamente, situaciones como la actual), en ningún momento se les comunicó que también lo estuviera haciendo la Guardia Civil.

Los agentes también defienden que su investigación no choca con la desarrollada hasta ahora por la Guardia Civil ya que la Policía está investigando de abajo a arriba y el instituto armado de arriba a abajo. Es decir, la Policía primero interroga a alumnos, posteriormente a profesores y finalmente exige responsabilidades a los encargados de conceder estos fondos públicos una vez que ha detectado que ha habido fraude. La Guardia Civil, de momento, centra sus pesquisas en este primer eslabon de la cadena.

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